Por: Bache3000

La audiencia pública empezó puntual, cosa rara en Bariloche, y terminó ocho horas después con la misma pregunta con la que había empezado: ¿de quién es el cerro? El gimnasio municipal estaba lleno pero no repleto, con ese clima de velorio anticipado que tienen las discusiones importantes cuando todos saben que la decisión tal vez se tome en otro lado. Había policías en cada puerta, no muchos, los necesarios para que nadie olvidara lo que pasó en 2018 o en el Gimnasio 5, cuando todo terminó a las piñas y con la imagen horrible de la violencia política que después dio la vuelta al país. Esta vez no. Esta vez todo el mundo se portó bien, como si hubieran firmado un pacto secreto de no convertir a Bariloche en tendencia por las razones equivocadas.

Helga Salvatelli, de CAPSA, subió al estrado con un discurso armado y un video con música épica que mostraba las inversiones en la montaña: medios de elevación nuevos, sistema de nieve artificial, cables soterrados, cincuenta millones de dólares entre 2020 y 2024. "CAPSA cumplió con la montaña", dijo, y era cierto, pero después vino la parte incómoda: "La base hoy no es un lugar que invite a quedarse. Cada día que pasa sin un plan director es una oportunidad que Bariloche pierde". El argumento era simple: ustedes nos dieron la concesión, nosotros invertimos arriba, ahora necesitamos reglas para invertir abajo. Montaña y base van de la mano, dijo. "No se trata de dar carta blanca al concesionario, sino de establecer parámetros y reglas claras para nuevas inversiones".

Eric Guzmán, secretario de Turismo municipal, fue más directo. Guzmán tiene setenta años, trabajó cuarenta inviernos en Catedral y se fue desencantado hace diez porque veía que el mundo avanzaba y el cerro no. Ahora volvió, pero desde la función pública, y su mensaje fue casi una confesión: "La competencia es fuerte, la competencia no duerme. No nos podemos quedar con la vanidad de creer que esto es más grande o es mejor". Habló del Hotel Llao Llao, de cuando en los años treinta los hoteleros fueron a la Presidencia de la Nación a quejarse porque el Estado iba a construir un hotel faraónico y había que cortar cinco mil árboles. "Gracias a Dios, el Hotel Llao Llao se hizo. Hoy es un ícono", dijo, y el paralelismo quedó flotando en el aire como una promesa o una amenaza, según quién escuchara.

Después vinieron los que tienen sus trabajos en el cerro. David Rodríguez, de AADIDES, la asociación de instructores de esquí, dijo que dependían de la prosperidad de la concesión y que confiaban en las reglas y los controles. "Nosotros dependemos de la prosperidad de la concesión. Vivimos los efectos negativos de un negocio en emergencia, ruinoso, en problemas. El desarrollo es necesario y es necesario que se apegue a las reglas y a los controles. En eso confiamos".

Alberto Arabarco, secretario gremial de Comercio, pidió que la mano de obra fuera local, que se cumpliera la ley de discapacidad, que se terminara con los comerciantes golondrinas que se van sin pagar liquidaciones. "El mundo se cambia haciendo, produciendo, accionando", dijo, y pidió responsabilidad social empresaria, que las ganancias se reinviertan en Bariloche, que haya controles estrictos. "No queremos empresarios o comerciantes que vengan, se la lleven toda y no dejen nada para Bariloche".

María Sol Calanda, secretaria de Turismo de la provincia, habló de empleos, de competitividad, de que el turismo internacional exige estándares internacionales. "Bariloche ocupa un lugar central como destino internacional de nieve y de montaña. El Cerro Catedral recibe entre catorce mil y dieciséis mil esquiadores por día y genera más de tres mil empleos directos e indirectos".

Agustín Domingo, exministro de Economía y exdiputado nacional, y actual empleado estatal, llamó al proyecto "una oportunidad histórica" y advirtió que Bariloche no puede quedarse rezagado mientras Chile invierte en Valle Nevado y Chapelco pone telecabinas nuevas. "La falta de parámetros urbanísticos ha sido una deuda histórica del Estado. Durante décadas, el Estado no definió qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y eso ha hecho que los sucesivos concesionarios no puedan realizar las inversiones necesarias".

Y después sí, después vinieron los empleados de CAPSA. Muchos empleados de CAPSA. Subían al estrado, decían dos o tres frases sueltas, a veces inconexas, siempre con la misma idea: queremos trabajar, necesitamos que esto siga, apoyamos el desarrollo. Era evidente que habían sido enviados a hablar, que alguien les había dicho que era importante acumular voces a favor del proyecto, y había algo triste en eso, algo incómodo de señalar porque todos sabíamos que esos trabajadores habían pasado un invierno durísimo, sin nieve, con la incertidumbre del laburo colgando de un hilo, y ahora estaban ahí, cumpliendo con el guion, tratando de salvar lo que tenían. Nadie les reprochó nada, pero el clima se puso denso, como cuando alguien te pide un favor que no querés hacer pero tampoco podés negarte.

Del otro lado, las voces en contra no acumularon, golpearon. Leandro Costa Brutten, concejal, fue el primero en romper el tono cordial: "Un saqueo y un negociado. Eso es lo que estamos evaluando hoy en esta audiencia pública". Llevaba los números anotados, las hectáreas, los porcentajes, la operación económica que según él era ruinosa para Bariloche: setenta hectáreas a cambio del 8% de lo que CAPSA obtenga en la venta, mientras la empresa se queda con el 92%. "Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes le va a dar sus propiedades a la empresa CAPSA para que se quede con el 92%? Entréguele el auto a CAPSA, que le van a dar una moto de baja cilindrada". El auditorio se partió entre aplausos y silencio incómodo.

Silvia Huber, geóloga, subió con una carpeta llena de documentos del SEGEMAR, el Servicio Geológico Minero Argentino, que clasifica la zona 8 —el faldeo del Cerro Catedral— como de riesgo geológico muy alto por fenómenos de remoción en masa. "Desestimar el riesgo geológico de Cerro Catedral desde un escritorio municipal es de una irresponsabilidad civil y penal alarmante", dijo. Explicó que la construcción de una ciudad satélite de trece mil personas alteraría la estabilidad del suelo, que el desmonte, la deforestación y la saturación hídrica eliminan el anclaje natural y generan planos de deslizamiento. "Los procesos de remoción en masa no son eventos hipotéticos, son fenómenos físicos desencadenados por la gravedad y potenciados por la acción humana". Nadie le rebatió los datos. Nadie podía.

Julio Posse, agrimensor de ochenta y dos años, cincuenta viviendo en Bariloche, fue categórico: la mensura de 2011 que debía escriturar las tierras a nombre del municipio nunca se concretó porque está mal hecha. "Es trucha, es una vergüenza", dijo, y contó que en 2018 envió cartas documento al director de Catastro y al director de Tierras de la provincia. El de Catastro, que lo conocía de años, le contestó: "Julio, disculpame, no te puedo contestar. Acá hay decisiones políticas". Posse advirtió que puede haber una diferencia de cien o ciento cincuenta hectáreas entre lo que dice la mensura y la realidad. "No hay título porque es trucha la mensura, lo saben ellos. Hay que descubrir la trampa del título de propiedad".

Ana Wieman, vecina, de Árbol de Pie, dijo que participar en la audiencia no significaba convalidar el proceso ilegítimo que terminaría en la urbanización del cerro. "El cerro es inalienable. No se puede ni se debe construir. Es así de simple". Recordó que el punto 8 del plan, el que hablaba de la contraprestación económica, desapareció del documento. "No me queda claro quiénes serán los audaces que desarrollen, construyan y habiten tierra que no les pertenece", dijo, y advirtió sobre maniobras de presión que esperaba no afectaran el buen juicio de los concejales.

Lihué Barriggi, instructor de esquí y abogado, hizo números: "Snowmas tiene cuatro mil metros de altura y sus hoteles ski in-out están a dos mil doscientos, dos mil cuatrocientos metros. Nubes, lo más alto del Cerro Catedral, ni siquiera llega a esa altura. ¿Cómo vamos a tener ski in-ski out si no tenemos nieve? A mil doscientos metros, si agregamos un hotel seis estrellas, son setecientas estufas nuevas, trescientas cincuenta chimeneas, todo eso es calefacción que mata la nieve". También cuestionó el precio: "Dinahupi tiene el metro cuadrado a setenta, ochenta dólares y nosotros vamos a vender a diez dólares el metro cuadrado". Y cerró con una pregunta que quedó sin respuesta: "¿Dónde creen que va a ir toda la plata? El domicilio de CAPSA está en Capital. Todo se va a ir para el negocio de los Trappa a Capital, a Nueva York o donde sea que vivan".

Mauro Cesetti, geógrafo, vecino de Villa Los Coihues, trajo el concepto de extractivismo urbano: "Dar los parámetros automáticamente aumenta el valor inmobiliario de esa tierra y no está claro la parte que Bariloche va a obtener de eso". Comparó el proyecto con Iraipú en Iguazú, donde el master plan creó un enclave turístico de lujo internacionalizado que dejó a Puerto Iguazú como un páramo. "Esto no solo ya pasa, sino que ya está estudiado", dijo, y citó investigaciones del CONICET que analizaron cómo ese modelo falló a la hora de la integración de la comunidad urbana.

Cuando esta crónica se terminó de escribir, todavía seguían pasando oradores. La audiencia siguió durante horas, con decenas de vecinos que no pudieron ser abarcados en este texto, cada uno con su argumento, su miedo, su esperanza o su bronca. Pero la idea ya estaba clara: los que creen que el desarrollo es progreso y los que creen que el desarrollo es otra palabra para la entrega. Los policías seguían en las puertas, los empleados de CAPSA se fueron en grupo, los concejales se sacaron fotos con vecinos que querían asegurarse de que habían entendido bien. Nadie se pegó, nadie gritó demasiado, nadie rompió nada. Pero tampoco se arregló nada.

El cerro sigue ahí, blanco en invierno, verde en verano, siempre igual y siempre distinto, esperando que los barilochenses decidan de una vez de quién es y para qué.