Por: Bache3000

La Justicia Federal de Bariloche formalizó una ampliación de la imputación contra Facundo Jones Huala, a quien la fiscalía acusa de haber integrado la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) desde noviembre de 2011 hasta la actualidad. Durante una audiencia judicial que se extendió por más de dos horas, el Ministerio Público incorporó nuevos elementos a la investigación y precisó el alcance temporal de la presunta actuación del dirigente mapuche, que permanece detenido con prisión preventiva en el penal de Rawson desde junio de 2025.

La acusación incluye supuestos hechos de sabotaje, ataques incendiarios, amenazas y acciones intimidatorias ocurridas en Río Negro, Neuquén y Chubut. Según la fiscalía, la organización habría actuado con el objetivo de "imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población", mediante acciones destinadas a generar conmoción social y alterar la vida cotidiana de las comunidades afectadas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que la RAM tendría una estructura de tipo militar y que existirían vínculos con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de Chile. La fiscalía argumentó que las acciones atribuidas a la organización buscaban generar temor y ejercer presión mediante hechos violentos, incluso contra integrantes de comunidades mapuches que no compartían esa postura política.

Uno de los elementos incorporados a la acusación fue la presentación del libro "Entre Rejas Antipoesía Incendiaria", evento que —según la fiscalía— habría incluido expresiones compatibles con apología del delito. La defensa de Jones Huala cuestionó duramente este señalamiento, denunciando que se pretende criminalizar actividades culturales y expresiones literarias en el marco de una causa judicial.

La Gremial de Abogados y Abogadas, que patrocina al dirigente mapuche, calificó la audiencia como un ejercicio destinado a "afinar el lápiz" para la estrategia acusatoria. En un comunicado difundido tras la audiencia, la defensa sostuvo que escuchar a la fiscal acusar a Facundo de terrorista "basada en el vídeo de presentación de su libro y a una serie de consideraciones netamente políticas" revela la verdadera naturaleza de la persecución.

Denuncia de persecución política y coordinación internacional

Desde la defensa y sectores que acompañan a Jones Huala denunciaron una persecución política sistemática y cuestionaron que se utilicen expresiones ideológicas y actividades públicas como parte de la acusación judicial. La Gremial de Abogados señaló que los jueces y fiscales actúan "en equipo junto a sus pares chilenos y a las agencias de inteligencia extranjera" como un muro de protección para intereses económicos en la región.

"Ver cómo los jueces y fiscales constituyen una maquinaria de perseguir a los luchadores que resisten el saqueo imperialista", expresó la defensa en su comunicado, denunciando que se pretende construir una acusación de "jefe de una asociación terrorista" sobre la base de consideraciones políticas que la propia fiscalía niega que lo sean.

La investigación fue declarada compleja por la Justicia Federal, lo que habilita a que pueda extenderse por dos años más. Esta decisión implica que el plazo para completar la instrucción de la causa se extiende significativamente, mientras Jones Huala permanece detenido sin condena firme.

El dirigente mapuche realiza actualmente una huelga de hambre en reclamo de un traslado a una unidad penitenciaria más cercana a su entorno familiar. Rawson, donde permanece alojado, se encuentra a más de 600 kilómetros de Bariloche, lo que dificulta el contacto con sus referentes comunitarios y su círculo de apoyo.

La causa judicial contra Jones Huala se enmarca en un contexto más amplio de conflictividad territorial en la Patagonia, donde reclamos históricos de comunidades mapuches se han entrelazado con disputas sobre tierras, recursos naturales y megaproyectos de inversión en la región. La acusación de "terrorismo" ha sido históricamente rechazada por organizaciones de derechos humanos, que sostienen que se criminaliza la protesta social y la reivindicación de derechos indígenas.

La audiencia de ampliación de imputación deja en evidencia las posiciones irreconciliables entre la fiscalía —que sostiene la existencia de una organización criminal con métodos violentos— y la defensa —que denuncia un montaje judicial con motivaciones políticas—. La resolución de esta causa, que se extenderá por dos años más, marcará un precedente sobre los límites entre la persecución penal legítima y la criminalización de la disidencia política en el marco de conflictos territoriales.

La próxima etapa procesal implicará el desarrollo de la instrucción ampliada, donde ambas partes presentarán pruebas y testimonios para sostener sus posiciones.