Por: Bache3000
La Justicia resolvió este martes la situación procesal de Franco Ali González, imputado como coautor del asalto ocurrido el pasado 17 de mayo en el domicilio del conocido empresario barilochense Elías Miguel.
El juez Juan Pablo Laurence dispuso cuatro meses de prisión preventiva, lo que extiende la investigación hasta el 21 de septiembre. A pedido de su defensor, el abogado Ezequiel Palavecino, González permanecerá alojado en la Comisaría N° 36 por razones de seguridad, hasta que pueda ser trasladado a un establecimiento del Servicio Penitenciario.
Según la imputación sostenida por los fiscales Martín Lozada; Facundo D'apice, y María José Jalil, el sábado 17 de mayo, entre las 20 y las 22 horas, González y al menos otro cómplice violentaron el alambrado perimetral de la propiedad e ingresaron por el sector del lavadero. En el interior se encontraba Susana Vidal, a quien le preguntaron por el paradero de "el viejo", en referencia a Elías Miguel.

El llamado al 911 se realizó de inmediato y el personal policial llegó en aproximadamente dos minutos. Se produjo un enfrentamiento entre Miguel y uno de los delincuentes. Cinco cámaras de seguridad registraron el episodio, aunque la defensa cuestionó la validez de dos de ellas, argumentando que su difusión pública constituye el llamado "fruto del árbol envenenado" —doctrina jurídica que invalida prueba obtenida o divulgada de manera irregular.
Entre los elementos que sostienen la acusación figura una constancia médica: González fue atendido con una lesión en el ojo derecho. Ingresó al sistema como "Leonardo González" y fue atendido por una oftalmóloga. Elías Miguel, por su parte, fue derivado al Sanatorio San Carlos. El arma que portaba Miguel al momento del enfrentamiento era de calibre 22. Además, se estableció que un automóvil vinculado al hecho había sido robado el 2 de abril. González también registraba un pedido de captura activo en la provincia de Chubut al momento de su detención.
La audiencia se extendió más de lo previsto ante la postura de la defensa, que rechazó todas las imputaciones. Palavecino cuestionó en particular la incorporación de las cámaras filtradas como prueba válida. Por la querella intervienen los abogados Martín Govetto y Soto. El caso sigue su curso con González preventivamente detenido y la investigación abierta por los próximos cuatro meses.