Por: Bache3000

La política municipal barilochense rara vez ofrece giros tan veloces como el que se produjo esta semana en torno a la Carta Orgánica. En menos de dos días, una ordenanza pasó de vetada a promulgada, y el mismo intendente que la había frenado terminó siendo quien le dio vida oficial. Para entender el volteretazo hay que seguir la secuencia casi hora a hora.

El Concejo Municipal había aprobado la Ordenanza N° 3594-CM-26 con un objetivo que, al menos en la superficie, difícilmente podía generar rispideces: crear una comisión especial para iniciar el proceso de estudio, concientización y participación ciudadana de cara a la futura reforma de la Carta Orgánica Municipal. Un espacio de diálogo, nada más. O eso parecía.

El jueves, el intendente Walter Cortés firmó la Resolución N° 00001838-I-2026 y vetó la norma en forma total. El Ejecutivo no se limitó a un solo argumento: acumuló objeciones jurídicas, administrativas y operativas que, sumadas, pintaban a la ordenanza como un texto con más entusiasmo que solidez técnica.

El primer problema estaba en el artículo 1°: la norma no establecía mecanismos concretos ni reglas mínimas de funcionamiento para el espacio participativo que proponía crear. Una comisión sin procedimientos claros es, en la práctica, una promesa sin andamiaje.

El segundo cuestionamiento apuntó al artículo 2° y a la composición de esa comisión. La integrarían la totalidad de los concejales junto a apenas dos representantes del Departamento Ejecutivo. Para el intendente, esa arquitectura generaba una "desproporción manifiesta" en la representación institucional y dejaba al Ejecutivo en un rol marginal dentro de un proceso que involucra a ambos poderes del municipio.

A eso se sumó otro flanco débil: la participación de organizaciones de la sociedad civil quedaba librada al criterio discrecional de la propia comisión, sin criterios objetivos ni parámetros predefinidos que garantizaran pluralidad y representación de los distintos sectores de la comunidad. Quién entra y quién queda afuera, lo decidían los mismos que conducían el proceso.

Por último, el artículo 8° comprometía una partida presupuestaria para financiar el funcionamiento de la comisión en un año en que la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2026 todavía no fue aprobada. Crear obligaciones de gasto sin previsión financiera cierta, sostuvo el Ejecutivo, afecta los principios de razonabilidad y equilibrio presupuestario. Con ese argumento final, el veto quedó cerrado y el expediente fue devuelto al Concejo.

El veto duró menos que el café que se tomaron para revertirlo

Lo que nadie esperaba era la velocidad de lo que vino después. La decisión de vetar en forma total —y no parcial— generó malestar casi de inmediato dentro del propio oficialismo del PUL. El veto completo a una norma orientada a la participación ciudadana era una señal política difícil de sostener, y las voces críticas no tardaron en hacerse sentir puertas adentro.

En ese contexto, bloques del Concejo Municipal tomaron la iniciativa y fueron a hablar directamente con el intendente. Las conversaciones apuntaron a destrabar una situación que, en pocas horas, había pasado de ser un trámite administrativo a convertirse en un problema político. La negociación rindió sus frutos.

Este viernes 29 de mayo, Cortés firmó la Resolución N° 00001869-I-2026: dejó sin efecto su propia resolución de veto y promulgó la Ordenanza N° 3594-CM-26, aquella misma que había rechazado menos de 24 horas antes. El fundamento explícito fue no dilatar ni obstaculizar el trabajo del Concejo en lo que la propia resolución llama "el importante hito de modificación de la Carta Orgánica actual", garantizando la debida participación ciudadana. La resolución será refrendada por la Secretaría de Producción y Empleo.

Las objeciones jurídicas, administrativas y operativas del jueves no desaparecieron por arte de magia. Simplemente dejaron de pesar más que el costo político de seguir frenando el proceso. En política, a veces, el veto más corto de la historia es el propio.