Por: Bache3000

Los números de la encuesta son claros: ante la pregunta de si están a favor de un desarrollo inmobiliario en el Cerro Catedral en tierras municipales, el 73% de los 862 consultados respondió "no, de ninguna manera". El 15% se expresó a favor, el 10% dijo no tener información suficiente para opinar y el 2% prefirió no contestar.

El debate que refleja esa encuesta lleva años instalado en Bariloche. Catedral Alta Patagonia S.A., la empresa concesionaria del centro de esquí más grande de Sudamérica, impulsa un Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental que contempla la construcción de un hotel de lujo con acceso directo a las pistas, barrios residenciales y turísticos en distintos sectores de la montaña, todo sobre una superficie de aproximadamente 70 hectáreas entre la base y las laderas del cerro. Desde la empresa y desde sectores del gobierno municipal y provincial, el proyecto se presenta como una oportunidad para modernizar la infraestructura, atraer inversión privada y competir con otros destinos de esquí internacionales.

Quienes se oponen al plan cuestionan precisamente ese argumento y trazan una distinción que consideran central: la modernización del cerro como centro de esquí —renovación de medios de elevación, mejora de pistas, infraestructura de servicios— es una obligación que la empresa ya tiene como concesionaria y no requiere ningún desarrollo inmobiliario. Para los críticos, presentar ambas cosas como parte de un mismo paquete mezcla deliberadamente dos debates que son independientes, y el riesgo es que el legítimo reclamo de mejoras en el cerro termine siendo usado como justificación para aprobar la construcción de hoteles y barrios en tierras públicas.

Sobre la cuestión de fondo, los opositores señalan que las tierras donde CAPSA pretende construir son de dominio público municipal y que la Carta Orgánica de Bariloche las define como patrimonio inalienable de los vecinos. Para los críticos, la concesión que le permite a la empresa operar el cerro es temporaria y no habilita la venta o transferencia del suelo. Los promotores del proyecto, en tanto, argumentan que la operación puede articularse mediante mecanismos legales que preserven la titularidad pública mientras se permite el desarrollo privado, y que el municipio podría recibir a cambio terrenos de la empresa para destinarlos a vivienda social.

Desde el plano técnico, estudios del SEGEMAR citados por sectores opositores señalan condiciones de inestabilidad geológica en parte de la zona proyectada. Impulsores del plan responden que esos estudios son previos al proyecto definitivo y que los trabajos de ingeniería contemplarán las condiciones del terreno. El impacto ambiental, la presión sobre recursos hídricos y la relación del desarrollo con la hotelería céntrica existente también forman parte del debate.

Si el proyecto llega al Concejo Deliberante, necesita ocho de los once votos posibles para convertirse en ordenanza, una mayoría calificada que hasta ahora ningún sector tiene asegurada. En ese marco legislativo abierto, los resultados de esta encuesta ingresan al debate como un dato que los distintos actores políticos ya comenzaron a leer según sus propias posiciones.