Por: Bache3000

La exintendenta de Bariloche María Eugenia "Maru" Martini, absuelta desde el 30 de marzo, volvió a sentarse en una audiencia judicial. Esta vez fue para escuchar cómo el fiscal jefe Martín Lozada intentó convencer a un tribunal de impugnación de que ese fallo fue un error. La audiencia, celebrada de manera virtual en el Despacho N° 1, puso en escena un choque sin filtros entre la fiscalía y los defensores de Martini y del exinspector municipal Alfredo Milano por la causa Techo Digno.

Lozada fue al frente. Cuestionó la sentencia absolutoria punto por punto y sostuvo que los jueces "fragmentaron el análisis y valoraron de modo insuficiente la prueba indiciaria". Para la fiscalía, el Tribunal de Juicio incurrió en una contradicción: prometió una valoración integral y conjunta de las pruebas, pero en la práctica hizo exactamente lo contrario. "Pese a haber concatenado aproximadamente 30 indicios de modo preciso y concordante, los juzgadores no profundizaron sobre su aptitud para inferir la culpabilidad de Martini y de Milano", afirmó el fiscal.

El eje de la impugnación giró en torno a las mediciones de avance de obra del Plan Techo Digno —825 viviendas construidas en el sur de Bariloche con fondos nacionales— y las certificaciones que autorizaron los pagos. Lozada insistió en que el perito ingeniero Bade explicó "con claridad y suficiencia técnica" los cálculos que sustentaban la acusación, y que el tribunal descartó ese trabajo "sobre la base de consideraciones ajenas a cualquier estudio técnico que pudiera ponerlo en crisis". La queja fue directa: "Las defensas no trajeron ni un solo testigo capaz de dar cuenta de los presuntos errores del ingeniero Bade, y aun así los juzgadores siguieron su propia intuición".

Lozada también fue al hueso respecto del rol de Martini: "Resultaría francamente ridículo que en una municipalidad en crisis económica los funcionarios subalternos decidieran solos el destino de multimillonarias sumas de dinero. Martini firmó los convenios, Martini sabía el alcance de las obligaciones, Martini firmó las resoluciones de pago".

La defensa respondió sin filtro: "No es un agravio, es un mero descontento"

La respuesta de los abogados fue contundente. Luciano Perdriel, defensor de Milano, marcó el tono desde el inicio: "El Ministerio Público Fiscal se limita a no compartir las valoraciones del Tribunal. Esas expresiones no se corresponden con un agravio concreto, sino con un mero descontento, una mera discrepancia subjetiva con la solución adoptada".

Perdriel fue especialmente duro con el argumento central de la acusación —la autoridad técnica del perito Bade— y reveló información que, según la defensa, la fiscalía omitió deliberadamente ante el tribunal: "Bade nunca tuvo acceso a los pliegos completos de cada licitación. No conocía si estaba prevista la certificación del acopio de materiales. No contó con los libros de las obras. No pudo determinar cuál fue la metodología utilizada por el municipio".

Y agregó un dato que consideró clave: el informe de Bade fue confeccionado con posterioridad a febrero de 2024, cuando las viviendas ya no estaban en construcción sino finalizadas y adjudicadas a sus ocupantes. "Ingresó a la causa por la ventana, lo que demuestra el grado de improvisación con el que se procedió", disparó.

Sobre la teoría indiciaria que propone la fiscalía, Perdriel no se guardó nada: "No voy a cometer la soberbia de contradecir a Roxin, pero si Roxin fuera juez de juicio en la Provincia de Río Negro, estaría en el Consejo de la Magistratura a los 20 días con ese criterio valorativo".

Sebastián Arrondo, abogado de Martini, cerró con igual firmeza: "Veo un gran disconformismo, y es lógico que así sea con el resultado. Pero no veo un fallo visiblemente injusto, no veo un fallo a todas luces improcedente que merezca la realización de un nuevo juicio".

Sobre los indicios que el fiscal dijo que no fueron contemplados, Arrondo los enumeró uno por uno y los desmenuzó sin contemplaciones: "Los famosos indicios son cuatro: lo que dice el contrato, la magnitud de la obra, las expectativas sociales y que Martini es licenciada en Trabajo Social. Ninguno de ellos hace al reproche penal que se pretende endilgar. Acá el fiscal supone. Y no se puede llegar a una sentencia condenatoria con una suposición, porque es inconstitucional".

Martini usó la última palabra que le dio el tribunal para ser breve y directa: "Solamente ratificar todo lo dicho por mi abogado". Milano eligió el silencio: "No voy a hacer ninguna aclaración".

El tribunal informó que, dado que la causa es declarada compleja y se aproxima la feria judicial de julio, la resolución sobre la impugnación se conocerá después de ese receso.