Por: Bache3000

En la mañana de este miércoles, en la Sala 2 del Poder Judicial de Bariloche, se desarrolló una audiencia marcada por la tensión y el dolor. La familia de Ricardo Herrera, comerciante asesinado de una cuchillada en el barrio Arrayanes, se presentó en masa para oponerse a las salidas transitorias solicitadas por Mauricio Nicolás Báez, el hombre condenado a nueve años de prisión por ese crimen. Pero la jornada derivó en un planteo de mayor alcance: la Fiscalía pidió la nulidad de la audiencia y la recusación del juez por una presunta irregularidad procesal.

Cristian Herrera, hermano de la víctima, fue el primero en hablar ante los medios durante el cuarto intermedio. Describió a Báez como alguien que "nunca trabajó, siempre fue un delincuente", y recordó que el asesino fabricó él mismo la daga de 28 centímetros con la que mató a su hermano. "La autopsia dio que por un centímetro y medio no lo traspasó", dijo con la voz quebrada. Cuestionó la condena de nueve años impuesta tras un juicio por jurado, argumentando que debería haber sido de doce o más, y denunció que cuando se leyó el veredicto, a la familia no se le permitió estar presente en la sala y fueron desconectados durante la transmisión por Zoom.

Camila Herrera, hija mayor de Ricardo, habló en nombre de sus hermanos. "Vino un delincuente y lo mató y nos destruyó la vida", dijo. Remarcó que la familia no tiene garantías de seguridad si Báez obtiene las salidas transitorias, especialmente porque el hermano del condenado continúa hostigándolos por redes sociales. "Yo sigo esperando a mi papá y sé que no va a volver", afirmó. "Ellos pueden ir a visitar a Báez al penal. Nosotros tenemos que ir a visitar a mi papá al cementerio."

La madre de la víctima también tomó la palabra: "Me mataron a mi hijo, dejó cuatro hijos solos. ¿Y ahora la justicia le quiere dar la libertad? ¿Y nosotros qué?" El padre, visiblemente afectado, pidió disculpas por no poder contener las lágrimas y resumió en pocas palabras lo que siente toda la familia: "Nos arruinó la vida para siempre".

La audiencia, sin embargo, dio un giro procesal cuando la fiscal Betiana Cendón y el abogado Marcos Sosa Lukman plantearon la recusación del juez Álvarez Mellinger y solicitaron la nulidad de las actuaciones. El detonante fue la declaración de Victoria Valle, trabajadora social e integrante del Consejo Correccional, quien declaró por Zoom con la presencia visible de todos los demás miembros del cuerpo, presuntamente violando el principio de privacidad de los testimonios. La Fiscalía señaló además que el juez no tomó juramento a la testigo antes de su declaración, obligación que recae sobre quien conduce la audiencia, y que no puede achacarse como preclusión a ninguna de las partes.

Cendón también cuestionó la parcialidad del magistrado al señalar que, durante la misma audiencia, el juez aceptó como válida la manifestación del abogado defensor sobre un acta correccional, pero cuando la Fiscalía planteó el mismo elemento, dijo no tener constancia de dicho documento. Más tarde, admitió tenerlo en sus manos. "Nos encontramos con una cuestión que adolece de arbitrariedad, que adolece de nulidad", sostuvo la fiscal jefe.

El abogado de la familia Herrera, Ernesto Saavedra, acompañó el planteo e indicó que la nulidad está directamente vinculada a que el juez contaba con el acta al momento de tomar decisiones, lo que torna inválidas las resoluciones adoptadas en ese marco.

Al cierre de esta nota, se decidió pasar a un nuevo cuarto intemedio.

 

 

 

 

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