Por: Bache3000

La comunidad mapuche Huenchupan, asentada en la confluencia de los ríos Manso y Villegas, en el paraje El Manso, atraviesa uno de los momentos más graves de un conflicto que lleva años. En las últimas horas, integrantes de la lof se comunicaron con Bache3000 para relatar lo que describieron como un ataque coordinado contra su territorio y sus viviendas, ocurrido el viernes 5 de junio al mediodía.

Según el testimonio que recibió este medio, un grupo de personas irrumpió en el quincho comunitario ubicado a orillas del río Villegas, frente a la pasarela vecinal. "Le destrozaron completamente todo, le tiraron todo afuera, se metieron dentro del quincho, le rompieron puertas, le rompieron todo lo que encontraron adentro", relataron desde la comunidad. Una mujer mayor de la lof tuvo que ser asistida para escapar del lugar, mientras que otro integrante "tuvo que cruzar el río, tirarse al río, para salvar su vida".

El episodio incluyó un acto de crueldad que la familia describió con angustia: el perro de la comunidad, que estaba atado con cadena, fue apaleado por los agresores. Hasta la noche del viernes, el animal no había regresado. "No sabemos si lo tienen atado, no sabemos si lo soltaron o lo mataron a palos", contaron.

Durante todo ese día, los niños de la comunidad —entre ellos dos bebés— permanecieron encerrados dentro de las casas. La familia aseguró que llamó a la policía "entre cuatro y cinco veces" sin obtener respuesta, y que finalmente tuvo que pagar un Uber para trasladarse hasta el puesto de Gendarmería, ubicado a menos de dos kilómetros, para radicar la denuncia.

Un policía con prohibición de acercamiento, en el centro de las denuncias

El principal señalado en todas las presentaciones es Andrés Abel Sobarzo, efectivo de la Policía de Río Negro que, según la documentación a la que accedió Bache3000, ocupa desde hace aproximadamente dos años una vivienda que perteneció a Ismael Huenchupan, padre fallecido de la lonko de la comunidad, Mercedes Amelia Huenchupan.

Sobre Sobarzo y su pareja, Sandra Cifuentes, pesa una medida cautelar dictada el 29 de mayo de 2026 por el Juez de Paz de El Manso, en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer. La resolución —expediente EM-00006-JP-2026— establece la prohibición de acercamiento a la vivienda de la denunciante, la prohibición de todo contacto telefónico o por redes sociales, y la advertencia de multa, arresto y trabajos comunitarios ante cualquier incumplimiento. Las medidas fueron elevadas al Juzgado de Familia N° 11 de El Bolsón para su homologación.

Apenas ocho días después de dictada esa cautelar se produjo el ataque del 6 de junio. Ese mismo día, a las 15:45, la comunidad amplió su denuncia ante la Sección "Puente Villegas" de Gendarmería Nacional (Escuadrón 35 El Bolsón). En esa presentación se señala que el grupo agresor filmó y amenazó de muerte a los integrantes de la lof, que uno de los atacantes cortó los alambres del cerco perimetral y amenazó con matar a un hijo de la lonko, y se identifica a varias personas del entorno familiar de Sobarzo como partícipes del hecho.

No es la primera denuncia en este mes que transcurre: el 1° de junio Mercedes Huenchupan había denunciado ante la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de Gendarmería en Bariloche la ocupación sin autorización de la vivienda de su padre, y el 4 de junio amplió esa presentación ante el Destacamento 142 de El Manso. Allí relató un episodio de abril de 2025, cuando —según consta en el acta— Sobarzo salió de la vivienda portando lo que ella creyó era un arma de fuego de gran tamaño y les gritó: "Los voy a cagar matando".

Ese hecho dio origen a la causa penal principal que tramita la Fiscalía Descentralizada de El Bolsón, a cargo de la fiscal Nieves Papa Tello, caratulada "Sobarzo Abel Andrés s/ Amenazas agravadas por el uso de arma de fuego" (legajo MPF-EB-00211-2025). En febrero de este año, la lonko sumó además una denuncia por presunta usurpación de terrenos de la comunidad, tras la cual la fiscal dispuso comisionar personal al lugar y realizar relevamiento fotográfico.

Años de hostigamiento documentado y un reclamo que llegó al gobernador

La documentación histórica del conflicto, a la que accedió este medio, dibuja un patrón que se extiende al menos desde 2023: denuncias por intrusiones reiteradas al predio familiar, animales ajenos encerrados deliberadamente dentro del territorio comunitario, una conexión ilegal a la red de agua potable de la comunidad denunciada en 2024, y hasta el hallazgo de plantines de marihuana junto al estacionamiento de los Piletones del Manso, denunciado por la propia lonko ante Gendarmería en septiembre de 2024.

Una de esas presentaciones, la del caballo encerrado en el predio del quincho en septiembre de 2025, fue desestimada por la Fiscalía de El Bolsón al considerar que los hechos eran "atípicos" y se enmarcaban en "un conflicto vecinal y familiar" dentro de la comunidad, dado que el predio no cuenta con título de propiedad formal. Ese argumento toca el nervio del problema de fondo: la falta de regularización dominial de un territorio ancestral ubicado en una de las zonas más codiciadas de la Patagonia andina, sobre el corredor de la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón, donde el valor turístico e inmobiliario de la tierra no deja de crecer.

A la disputa territorial se suma un frente institucional. Mercedes Huenchupan presentó ante el gobernador Alberto Weretilneck una solicitud de avocación administrativa contra el presidente del CODECI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas), José Antonio Morales, a quien acusa de haber dictado un acto administrativo que dispuso el cese de su carácter de lonko sin su participación, en violación —sostiene— de la Constitución Nacional y del Convenio 169 de la OIT. Denuncia además que se le negó sistemáticamente la vista del expediente de personería jurídica de la lof, iniciado en 2003. La presentación fue recibida en el Centro Administrativo Provincial de Bariloche el 13 de mayo y pedía la suspensión preventiva de Morales mientras se lo investiga por sumario administrativo.

Mientras los expedientes se acumulan en fiscalías, juzgados y oficinas de gobierno, la comunidad dice sentirse sola. "Hemos intentado por todos los medios que esta situación se termine, pero se agravaron más las cosas. Necesitamos que alguien nos vea, que alguien haga visible esta situación", expresaron a Bache3000 desde el territorio, donde aseguran que ni la exposición mediática ni las cautelares judiciales lograron, hasta ahora, frenar la violencia.