Por: Bache3000

La Legislatura de Río Negro sancionó esta mañana como ley una herramienta de protección social que llega en un momento crítico para miles de hogares: queda suspendida hasta el 31 de diciembre de 2027 la posibilidad de cortar los servicios públicos domiciliarios de gas, luz y agua a los sectores más vulnerables de la provincia.

La medida, aprobada por unanimidad, garantiza la continuidad de servicios que hoy resultan imposibles de reemplazar. Alcanza a jubilados, pensionados, familias con ingresos por debajo de la canasta básica, personas en situación de vulnerabilidad económica y hogares que tienen a cargo a personas con discapacidad. En todos esos casos, ninguna empresa prestataria podrá interrumpir el suministro por falta de pago durante el período que cubre la norma.

El dato no es menor en el actual contexto. Desde el 31 de diciembre de 2025, cuando venció la prórroga anterior, numerosos usuarios habían quedado en una zona gris de desprotección, expuestos a perder el acceso a servicios que son, literalmente, condición para vivir. La nueva ley cierra ese vacío y restablece una red de contención que el ajuste económico de los últimos meses había vuelto cada vez más urgente.

En tiempos donde la tarifa de un servicio puede definir si una familia come, calienta su casa o accede a agua potable, la decisión legislativa apunta a un principio básico: el Estado provincial asume que el acceso a la energía y al agua no es un privilegio sujeto a la capacidad de pago, sino un derecho que debe sostenerse incluso —y sobre todo— cuando los bolsillos no alcanzan.

El proyecto pertenece a la legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, quien destacó el carácter humano de la iniciativa. "Es una ley profundamente humana, que pone en el centro la dignidad de las personas. Nadie puede vivir sin agua, sin luz o sin gas", señaló tras la votación, y subrayó que en el difícil contexto que atraviesan miles de familias rionegrinas el Estado tiene la obligación de proteger los derechos básicos.

Detrás de la sanción también hubo trabajo territorial y militancia social; organizaciones sociales y de derechos humanos empujaron su tratamiento, entre ellas la Asamblea de Jubilados y Jubiladas de Bariloche y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que durante meses reclamaron activamente esta protección.

Con su aprobación, Río Negro vuelve a contar con un escudo legal para que el frío del invierno patagónico, el corte de un medidor o una factura impagable no terminen empujando a los más vulnerables fuera de condiciones mínimas de vida.a de condiciones mínimas de vida.