Por: Bache3000

La Legislatura de Río Negro aprobó una reforma a la Ley Provincial de Ejecución Penal que restringe de manera significativa el acceso a salidas transitorias y otros beneficios penitenciarios para los condenados por los delitos más graves. La norma alcanza a autores de homicidios simples y agravados, abusos sexuales, robos agravados, homicidios en ocasión de robo, torturas seguidas de muerte y secuestros extorsivos con resultado de muerte.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, con Pica como miembro informante. El legislador explicó que la reforma busca adecuar la normativa provincial a las modificaciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal —en referencia a la Ley Nº 27.375— y reforzar la protección de la sociedad frente a delitos de alto impacto. Recordó además que recientes fallos de la Cámara Federal de Casación Penal ratificaron la constitucionalidad de limitar beneficios penitenciarios según la gravedad del delito.

El texto incorpora un capítulo de "Excepciones a los beneficios acordados en el período de prueba", donde se enumeran los delitos alcanzados y se fijan los criterios que deberán evaluar los jueces de ejecución al resolver sobre eventuales beneficios. Quedan limitadas las salidas transitorias, la prisión discontinua, la semidetención, la libertad asistida y otros mecanismos de liberación anticipada. La norma también crea un régimen preparatorio para la liberación, con programas individuales específicos que garanticen la progresividad del tratamiento y favorezcan la reinserción social.

Durante el debate, Santiago Ibarrolaza valoró que la reforma aporta mayor seguridad jurídica y criterios claros para la concesión de beneficios. Desde Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé acompañó el proyecto pero reclamó profundizar la discusión sobre el sistema penitenciario provincial, advirtiendo sobre la necesidad de invertir en infraestructura carcelaria, mejorar las condiciones laborales del personal y fortalecer los equipos técnicos. Ofelia Stupenengo, en tanto, sostuvo que la iniciativa responde a un reclamo legítimo de las víctimas y que la pena debe orientarse tanto a la reinserción como a la protección de la comunidad.

El cierre estuvo a cargo del presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quien destacó las inversiones provinciales en seguridad. Informó que actualmente hay 1.404 personas alojadas en establecimientos penales y 174 detenidos en comisarías, y mencionó las obras de ampliación de infraestructura penitenciaria en marcha. También resaltó la inversión de más de 12 millones de dólares en la modernización del sistema de emergencias 911, con nuevas herramientas de videovigilancia, monitoreo e inteligencia artificial.