Por: Bache3000

Consultado por Bache3000, Costa Brutten relativizó el alcance de la resolución y aclaró que todavía no recibió la notificación oficial. "En principio no tenemos hasta el momento ninguna notificación de este fallo, por supuesto nos hemos enterado a través de los medios de prensa", señaló el concejal.

El edil defendió el fondo de su planteo y lo enmarcó en una cuestión de seguridad. "Se trata justamente del pedido de que la actividad se realice en las condiciones de seguridad y con los elementos técnicos que corresponde, porque se exige el carnet profesional al trabajador del volante, que no tenga antecedentes penales y lo acredite y por supuesto todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad del automotor, porque se trata de un transporte de personas que tiene que hacerse en condiciones no sólo de seguridad sino también de capacidad técnica", remarcó.

Costa Brutten confirmó que llevará el caso a una instancia superior y anticipó que responsabilizará a la Justicia y al Municipio por las consecuencias de lo que definió como una "zona liberada". "Vamos a notificarnos y por supuesto generar la apelación que corresponde y desde ya que vamos a ser responsable al juez y al intendente por esta zona liberada que han llevado adelante por cualquier circunstancia grave que le ocurra a los transportados y cualquier situación por supuesto que genere responsabilidad al municipio", advirtió.

Por último, el concejal sostuvo que continuará con su reclamo. "Vamos a ampliar esa responsabilidad, imagínense es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con las condiciones en que prestamos los servicios turísticos en esta ciudad, así que vamos a continuar el reclamo y las exigencias porque lo que planteamos es lo que corresponde, lo que es justo y por supuesto los que liberan o los que generan esta zona liberada deberán hacerse responsables", cerró.

Qué dijo el fallo judicial

El fuero contencioso administrativo de Bariloche rechazó una demanda que pretendía declarar inconstitucional la regulación municipal de las plataformas digitales de transporte, Uber entre ellas, y dejó en pie el esquema impulsado por el Ejecutivo local. El juez no resolvió la cuestión de fondo, sino que determinó que el concejal que promovió la acción carecía de legitimación para cuestionar judicialmente esas normas, al no acreditar una afectación personal, directa y concreta derivada de su aplicación.

El planteo se apoyaba en una discusión sensible para la ciudad: quién tiene la potestad de fijar las reglas de un servicio que modificó el mercado del transporte urbano y que mantiene en tensión a plataformas digitales, taxistas, remiseros, transportistas turísticos, usuarios y autoridades municipales.