Por: Bache3000

La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría la ley que reglamenta el uso del agua en las represas hidroeléctricas del Comahue. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo de Alberto Weretilneck, obtuvo 40 votos a favor y 4 en contra en general, aunque el artículo primero —el más discutido— pasó con un margen más ajustado: 30 a 14.

La norma otorga la concesión del recurso hídrico provincial a las sociedades operadoras de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, y fija una retribución equivalente al 1% de lo facturado por las ventas al Mercado Eléctrico Mayorista. Se trata de la mitad de un canon total del 2% acordado sobre las cuencas de los ríos Limay, Negro y Neuquén, que se reparte en partes iguales entre Río Negro y Neuquén. La Secretaría de Estado de Ambiente y Energía será la autoridad de control, y el Departamento Provincial de Aguas administrará los fondos.

El debate, sin embargo, partió la Legislatura en dos.

Desde el oficialismo, la legisladora informante Lorena Yensen (JSRN) defendió la iniciativa como "un proyecto de estricta justicia histórica y federal" y sostuvo que consolida el dominio provincial sobre los recursos consagrado en la reforma constitucional de 1994. Según detalló, el nuevo esquema permite cobrar regalías sobre el valor real de la energía y podría cuadruplicar los ingresos provinciales hasta los 40 millones de dólares anuales. Destacó además la posibilidad inédita de cobrar el canon en especie, lo que habilitaría a la empresa provincial EDHIPSA a comercializar energía física en el mercado. El presidente del bloque oficialista, Facundo López (JSRN), remarcó que es la "primera vez en la historia que los rionegrinos vamos a tener un canon por el uso del agua" y aclaró que la provincia no legisla sobre las concesiones hidroeléctricas —de carácter nacional— sino exclusivamente sobre la retribución por el uso del recurso. Desde el DPA, su superintendente general Néstor Pérez explicó que el proyecto "busca ordenar y dar coherencia al marco legal vigente", ya que el reconocimiento económico ya estaba incorporado en los contratos de concesión renovados.

El acompañamiento se amplió más allá del bloque de gobierno. Lorena Matzen (UCR) celebró que la regulación permite "poner a la provincia de Río Negro a discutir este tema porque hasta acá éramos solamente espectadores". Javier Acevedo (CC ARI) lo definió como "un avance concreto en defensa de los recursos que posee la provincia", y Gabriela Picotti votó a favor en general aunque propuso ampliar el artículo primero para incluir la comercialización de energía no regulada.

Las objeciones más duras llegaron desde Vamos con Todos. Magdalena Odarda rechazó de plano el articulado y lo calificó como "un proyecto de ley a destiempo", al señalar que el gobierno nacional ya había reprivatizado las represas meses antes y sin participación real de las provincias dueñas del recurso. "El agua no es un negocio, el agua es un derecho humano", sostuvo, y advirtió que el modelo priva a los rionegrinos de recuperar la tarifa Comahue, que permitiría abaratar hasta un 30% la factura de luz. Recordó además el caso de Pilquiniyeu del Limay, la comunidad relocalizada para construir Piedra del Águila —que aporta cerca del 15% de la energía del país— y que todavía no tiene servicio eléctrico regular: depende de paneles solares y de un generador que de noche funciona día por medio. "Paradójicamente, quienes le dan luz a millones de argentinos siguen sin tener garantizado el servicio", denunció, antes de cerrar con la frase que resumió su postura: "El agua es de nosotros, las represas son ajenas".

Su compañero de bloque Luciano Delgado Sempé apuntó al corazón técnico del proyecto. Recordó que la legislación previa permitía exigir un canon de hasta el 5% y lamentó la postura provincial ante la Nación: "parece que siempre vivimos de rodillas". Su objeción central fue que el artículo primero limita la base de cálculo a las ventas al Mercado Eléctrico Mayorista y deja afuera los futuros contratos bilaterales de la libre comercialización, lo que abre la puerta a que una concentración monopólica del negocio evada el pago. José Luis Berros (Vamos con Todos) pidió incorporar "el 20% para los municipios" y evitar un uso sin parámetros fijos.

Desde el peronismo, Leandro García (PJ-NE) avaló el reclamo federal pero observó la redacción final, al exigir que el texto se ajuste para "garantizar que Río Negro cobre sobre toda la comercialización". Daniel Belloso (PJ-NE) respaldó esos cuestionamientos y dio lectura a las preocupaciones de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén y los consorcios de regantes de Fernández Oro, que advirtieron que la redacción podría dejar afuera numerosos conceptos comerciales actuales y futuros.

Con la sanción, el oficialismo se anota una conquista que define como histórica y la oposición, una oportunidad a medio cumplir: el principio del cobro quedó establecido, pero la discusión sobre cuánto y sobre qué se cobra seguirá abierta.