Por: Bache3000

La empresa GM Desarrollos promociona en su página web siete nuevos proyectos que sumarían 364 unidades habitacionales en la ciudad, presentados como una excelente alternativa de inversión. Pero detrás de ese anuncio crece un malestar que ya alcanza a numerosos compradores que se declaran damnificados y vulnerados en sus derechos como consumidores, a raíz de lo que describen como una práctica empresarial sostenida: no cumplir con los contratos en lo que respecta a los plazos de finalización de obra y posterior entrega de las unidades.

El esquema bajo el cual operan estos emprendimientos es el del fideicomiso. Según la propia información que difunde la firma, GM Desarrollos funciona como fiduciario, encargado de administrar el fideicomiso para que, una vez concluido el proyecto, se entregue al fiduciante el departamento en el plazo establecido. La empresa subraya que la característica fundamental de este tipo de contrato es la confianza que el fiduciante deposita en el fiduciario, y que sus bases se asientan en el establecimiento del fideicomitente, el fiduciario que acepta el cargo, y el objeto, fin y plazo del fideicomiso. Es precisamente ese plazo el que, denuncian los compradores, se incumple desde hace años.

Los afectados describen un mismo patrón: años de demora, falta de respuesta a los pedidos y reclamos, y un escenario de alta incertidumbre. El perjuicio recae sobre dos grupos principales. Por un lado, quienes buscan y necesitan acceder a una vivienda propia en la ciudad. Por el otro, quienes apostaron a una renta turística e invirtieron en el mercado inmobiliario local. En ambos casos, sostienen, las respuestas no llegan. Pasa un año del plazo de entrega comprometido, pasan dos, y todavía hay beneficiarios esperando.

El reclamo apunta también a la aparente contradicción del sistema: mientras se acumulan los incumplimientos, la empresa obtiene la aprobación de nuevos proyectos. Los damnificados advierten que esos edificios avanzan a costa de cientos de beneficiarios que quedan sometidos a las demoras en la entrega y a las complicaciones económicas y personales que esto implica.

La posibilidad de financiación que ofrecen estos desarrollos es valorada por los compradores, pero señalan que las reglas no están claras para todas las partes. Por eso plantean que la denuncia pública y el reclamo legal pueden aportar herramientas para frenar la aparición de nuevos perjudicados en la ciudad. Su mensaje es directo: esta situación no debe continuar.