Por: Bache3000

Este viernes 19 de junio se llevará adelante una nueva Audiencia Pública Obligatoria para tratar la revisión de la tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). En la previa, la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche salió a marcar la cancha y emitió una recomendación dirigida al Departamento Ejecutivo Municipal para garantizar algo que debería estar asegurado de antemano, el pleno ejercicio de los derechos de participación ciudadana, acceso a la información pública y libertad de expresión.

La intervención del organismo no es un gesto protocolar. Llega después de las observaciones que la propia Defensoría del Pueblo había realizado durante la audiencia anterior, donde detectó falencias en el cumplimiento de requisitos normativos —en especial de la Ordenanza 1744-CM-07— y en las condiciones necesarias para asegurar una participación plena y efectiva de los vecinos. Dicho de otro modo, la última vez las cosas no se hicieron como correspondía, y la Defensoría se vio obligada a recordarle al municipio cuáles son las reglas.

Por eso, en esta oportunidad recomendó adoptar medidas concretas para que la nueva audiencia se desarrolle en condiciones de igualdad y transparencia. Entre ellas, la correcta implementación de los formularios de inscripción presenciales y digitales, la publicación previa de la nómina y el orden de expositores, la posibilidad de presentar observaciones por medios virtuales y la transmisión en vivo a través de los canales oficiales. También pidió que el orden de las exposiciones respete estrictamente el criterio cronológico de inscripción, sin distinciones entre quienes se registren de forma presencial o digital.

"La participación ciudadana no puede ser una formalidad. Debe garantizarse en condiciones que permitan a todas las personas ejercer efectivamente su derecho a expresarse y acceder a la información pública", señalaron desde la Defensoría del Pueblo. La recomendación completa fue remitida al Ejecutivo Municipal.

Sube el boleto, nada mejora

El trasfondo de la audiencia es un nuevo pedido de incremento de la empresa prestataria del servicio, la sanjuanina Mi Bus (Amancay SRL), que reclama una suba del orden del 14% que busca justificarse en la inflación, el costo de los combustibles y la recomposición salarial de sus trabajadores. De aprobarse, el boleto de las secciones I, II y III pasaría de los $2.045,71 actuales a $2.332. Lo que no aparece en el pedido es una sola línea sobre mejoras en la calidad del servicio.

El reclamo de la empresa llega, además, en la víspera de una nueva temporada de invierno, cuando el Transporte Urbano de Pasajeros vuelve a quedar al límite. Año tras año varias líneas colapsan, en especial las que cubren los corredores turísticos, con unidades repletas, frecuencias que no alcanzan y vecinos que se quedan en la parada. El esquema se repite con una previsibilidad exasperante: sube el boleto, pero el servicio no mejora.

La convocatoria oficial se concretó a través de la Resolución Nº 00001863-I-2026, mediante la cual el intendente Walter Cortés llamó a la audiencia pública obligatoria. El paso administrativo se sustenta en los artículos 130 y 164 de la Carta Orgánica Municipal, que garantizan el derecho a la participación ciudadana y establecen que cualquier modificación en los regímenes tarifarios de servicios públicos debe contar con una instancia previa de audiencia.

El encuentro será el viernes 19 de junio a las 18:00 en la Sala de Prensa de la Municipalidad, en el Centro Cívico. 

Mientras tanto, el futuro del servicio sigue siendo una incógnita que el municipio no se apura en despejar. El contrato de concesión de Mi Bus vence el 1° de enero de 2027 y a la firma le quedan menos de seis meses en la ciudad, sin que hasta el momento haya un llamado a nueva licitación ni información sobre una eventual prórroga. Un detalle no menor para una ciudad que, mientras paga cada vez más caro el boleto, todavía no sabe quién la va a transportar el año que viene.