Por: Bache3000

Una mujer de Bariloche que desde hacía años intentaba acceder a un tratamiento de fertilización asistida logró que la Justicia ordenara su cobertura integral por parte del sistema de salud provincial. La resolución llegó tras un conflicto con el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), que había autorizado la práctica pero bajo condiciones que, en los hechos, terminaban restringiendo el acceso real a la prestación.

El nudo del caso fue ese: la obra social aprobó el procedimiento indicado por la médica tratante, pero con un esquema de cobertura parcial que obligaba a la afiliada a hacerse cargo de una parte del costo total. La mujer rechazó esa condición desde el primer momento. Su argumento fue claro. El acceso a una técnica médica de alta complejidad no podía quedar atado a su situación económica ni a trámites administrativos que, en la práctica, bloqueaban la prestación.

Sin acuerdo en la instancia administrativa, el caso derivó en una acción de amparo. Allí se expuso la urgencia; no solo por la indicación médica, sino por el peso del factor tiempo en los tratamientos de fertilidad, donde los plazos biológicos son determinantes para las chances de éxito. Durante el proceso se sumaron informes médicos que advertían una disminución de la capacidad reproductiva, lo que reforzó la necesidad de una intervención rápida. La jueza valoró especialmente ese punto, ya que la demora podía traducirse en una pérdida concreta de posibilidades.

Un proyecto de familia monoparental en el centro de la discusión

El expediente también incorporó el contexto personal de la amparista, que impulsaba un proyecto de familia monoparental. Ese aspecto fue clave al interpretar el alcance del derecho a la salud reproductiva y su relación con la igualdad de acceso a las técnicas de reproducción médicamente asistida, sin distinciones por estado civil ni por la configuración familiar de cada persona.

El fallo encuadró el caso dentro de la Ley 26.862, una normativa de orden público que regula el acceso integral a las técnicas de reproducción asistida en todo el país. La sentencia recordó que esa ley abarca tanto prácticas de baja como de alta complejidad y que obliga a cubrirlas dentro del sistema de salud, sin restricciones discriminatorias.

La discusión también alcanzó a la normativa provincial aplicada por el Ipross, que fijaba límites de cobertura en determinados supuestos. La magistrada consideró que ese esquema no podía prevalecer sobre la legislación nacional, porque introducía condicionamientos que afectaban el acceso pleno a una prestación garantizada por ley. En la misma línea analizó el mecanismo de excepción interno del organismo, que había sido rechazado en sede administrativa porque no se acreditaba una vulnerabilidad económica suficiente: para la jueza, ese criterio no podía funcionar como una barrera frente a un tratamiento de salud reconocido por la ley.

Finalmente, el fallo ordenó al Ipross garantizar la cobertura integral del tratamiento indicado por la médica, dejar sin efecto las condiciones que habían limitado el acceso y cumplir la sentencia en un plazo determinado, bajo apercibimiento de sanciones en caso de incumplimiento.