Por: Bache3000

En una audiencia realizada este miércoles en forma virtual, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga del plazo de investigación y la continuidad de la medida cautelar que pesa sobre el acusado Luciano Gabriel Castillo. Ambos planteos fueron admitidos por el Juez de Garantías.

El hecho sacudió a los vecinos de los barrios del Alto de Bariloche. Según lo que trascendió en la audiencia, aquella madrugada Luciano Castillo viajaba en un Peugeot 408 blanco junto a su hermano Demis y otras dos personas. Desde ese vehículo partieron los disparos que le costaron la vida a Diego Antonio Cid en el asentamiento Manzana 257. La calificación legal provisoria es homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Tras el ataque, Castillo y sus acompañantes huyeron hacia Cipolletti. La difusión de su condición de prófugos aceleró el desenlace: una semana después se entregaron a la policía, junto con el Peugeot involucrado y el arma utilizada en el hecho, de la que Castillo era portador legal.

Al fundamentar el pedido de extensión, la fiscal Sofía Ocampo y el fiscal jefe Martín Lozada explicaron que aún restan incorporar y analizar diversas medidas probatorias. Entre ellas mencionaron la extracción forense de seis teléfonos celulares secuestrados, pericias balísticas, análisis de ADN, estudios sobre armas y otros elementos secuestrados, además de informes técnicos vinculados a rastros de disparo.

Ocampo señaló que parte de estas diligencias dependen de organismos especializados externos al Ministerio Público Fiscal, cuyos plazos exceden las posibilidades de gestión directa de la fiscalía. Además, indicó que los resultados pendientes podrían derivar en una reformulación de cargos o en decisiones procesales respecto de otras personas identificadas e involucradas en el legajo.

En relación con la medida cautelar, Lozada sostuvo que continúan vigentes los riesgos procesales que justificaron originalmente su imposición: peligro de fuga —por la gravedad del hecho, la expectativa de pena efectiva y la conducta del imputado tras el episodio— y riesgo de entorpecimiento de la investigación y afectación de futuros testimonios. La querella adhirió en todos sus términos a los planteos de la fiscalía.

En este sentido, la defensa no formuló objeciones a la prórroga de la investigación, aunque sí se opuso a la continuidad de la prisión preventiva. Argumentó que recientes resultados periciales incorporados al legajo podrían incidir en la reconstrucción de los hechos y eventualmente modificar la calificación legal. En ese marco, solicitó el cese de la detención y, de manera subsidiaria, su reemplazo por una medida de menor intensidad con monitoreo electrónico. El imputado se abstuvo de declarar.

La resolución judicial

Tras escuchar a las partes, el Juez de Garantías resolvió extender la etapa de investigación penal preparatoria hasta el 19 de octubre de 2026, al considerar que las diligencias pendientes pueden ser determinantes para el desarrollo del caso.

Respecto de la situación cautelar, el magistrado entendió que permanecen vigentes tanto el riesgo de fuga como el de entorpecimiento, por lo que dispuso la continuidad de la prisión preventiva hasta la audiencia de control de acusación. Además, ordenó el traslado de Castillo desde la dependencia policial donde se aloja hacia una unidad del Servicio Penitenciario Provincial más cercana a su lugar de residencia.