Por: Bache3000 // producción Martín Pargade

El gerente de la empresa, Juan Pablo Follonier, confirmó que el aumento requerido es del 14%. De aprobarse, el valor del boleto ascendería a $2.333,30, mientras que para los residentes de la ciudad la tarifa con descuento sería de $1.749,97. Durante su exposición, Follonier explicó que la tarifa solicitada surge de la aplicación de una fórmula polinómica que contempla distintas variables, entre ellas el costo por pasajero y por kilómetro recorrido. Detalló que el salario básico del trabajador tiene un aumento del 12,8% —pasando de $1.370.000 a $1.545.000 más los adicionales por zona y presentismo— y que el rubro viáticos sube un 46,8%, lo que eleva el viático diario de $13.000 a $19.000. Según el gerente, el costo total anual para la prestación del servicio se incrementa en unos 2.600 millones de pesos. Además, sostuvo que la empresa busca incrementar la cantidad de usuarios mediante mejoras en la prestación del servicio.

La apertura estuvo a cargo de la Secretaría Legal y Técnica del municipio, Yanina Sánchez, que repasó el marco normativo de la convocatoria: los artículos 128, 130 y 164 de la Carta Orgánica y la Ordenanza 1744, que establecen que todo régimen tarifario de un servicio público debe ser aprobado con la convocatoria previa a una audiencia pública.

En total había cuatro personas inscriptas para exponer, aunque la primera no se presentó. De esta manera, hicieron uso de la palabra el concejal Leonardo Costa Brutten, el abogado Lihue Bariggi Amara y un representante del espacio político Patria Grande - Argentina Humana.

Costa Brutten fue uno de los más críticos. En un gesto simbólico, se presentó con un "certificado de maltrato" para la empresa Mi Bus y planteó que no se puede autorizar un aumento mientras exista una situación de incumplimiento contractual. "El que incumple no puede requerir la modificación del contrato y mucho menos el aumento de la tarifa", sostuvo. El concejal hizo hincapié en que las quejas alcanzan a todas las líneas —aclarando que no apuntaba contra los choferes, cuyo trabajo calificó de excepcional— y describió la falta de unidades, la ausencia de matafuegos, las roturas de chasis y los problemas de limpieza. Recordó, además, que quienes viajan en la línea 20 a la mañana temprano lo hacen con las dos puertas abiertas, con temperaturas de tres grados bajo cero. Cuestionó que la empresa reciba subsidios por casi 300 millones de pesos mensuales y aun así no rinda cuentas, y le pidió directamente al intendente que no autorice el aumento solicitado.

Bariggi Amara, abogado y vecino del kilómetro 12, centró su intervención en dos ejes: la desorganización de la convocatoria y la falta de cambios en el servicio a lo largo de los años. Relató que intentó inscribirse varias veces por internet sin éxito y que la información disponible fue escasa. Usuario de la línea 20 desde los ocho años, señaló que el sistema sigue casi igual que dos décadas atrás, con las mismas rutas y frecuencias, y describió cómo ese mismo día varios trabajadores quedaron en la parada porque las unidades iban completas. También cuestionó el carácter no vinculante de las audiencias y lo vinculó con la baja participación ciudadana, recordando los casos del vertedero y de Catedral, donde —según planteó— las voces de los vecinos no fueron escuchadas.

El representante de Patria Grande - Argentina Humana expresó el rechazo del espacio al aumento y reclamó que el impacto del incremento de costos no recaiga sobre los residentes y las familias barilochenses. Señaló que el costo del boleto actual es altísimo comparado con el de otras ciudades del país y que los salarios no aumentan al mismo ritmo que la tarifa.

A esos oradores se sumó un vecino que pidió la palabra pese a no haberse inscripto previamente. Se presentó como Ariel Iván Molina y reclamó que no se aplique un nuevo incremento, al señalar que la ciudad atraviesa una crisis económica y que los colectivos "se encuentran en pésimas condiciones". Relató su experiencia como usuario de las líneas que van a los barrios altos, mencionó la falta de rampas para personas con discapacidad y pidió que, en caso de avanzar con el aumento, se garanticen más unidades, más recorridos y mejores condiciones en los barrios nuevos.

Tras las exposiciones, asistentes consultaron a Yanina Sánchez, de la Secretaría Legal y Técnica del municipio, si el aumento se concretará pese a los cuestionamientos. Sánchez respondió que la decisión será tomada por el intendente una vez finalizada la instancia de participación y luego de escuchar las distintas posiciones planteadas. Asimismo, informó que el municipio trabaja en el pliego de licitación para el servicio de transporte urbano, teniendo en cuenta que el contrato vigente con Amancay SRL finalizará dentro de seis meses.

Finalizada la audiencia, la concejala Roxana Ferreyra, miembro de la Comisión de Seguimiento de Transporte, hizo su balance. Cuestionó la baja participación —apenas cuatro inscriptos, de los cuales uno era el concejal Costa Brutten— y atribuyó ese desinterés al sabor amargo que dejan estas instancias en los vecinos. Remarcó que para quienes pagan con tarjeta de débito, ante la falta de plásticos SUBE, la tarifa residente no se aplica y terminan abonando el boleto completo. También apuntó contra el monopolio del transporte urbano, que quedó en manos de una sola empresa tras la salida de la competencia, y anticipó que le pedirá al intendente que —tal como solicitó el congelamiento del pase de esquí a CAPSA— le reclame a Amancay congelar el precio del transporte y no permitir el aumento. La respuesta definitiva, según se informó, se conocería el próximo 29 de junio.