Por: Bache3000

Lo que Bache3000 viene contando desde fines de mayo acaba de salir de la boca del propio intendente. Walter Cortés habló del vertedero, del expediente trabado en el Concejo, y de la operación inmobiliaria que se monta a metros del basural. No nombró el sustantivo, pero lo describió con precisión: una cooperativa que vende terrenos que no puede vender.

"La avivada constante", dijo Cortés. "La avivada del tipo que tiene los terrenos enfrente, que dice que los vende, que tiene posibilidad de venderlo, pero ni siquiera pasó por la municipalidad, ni siquiera le hemos dado la cuestión catastral para que se pueda hacer, porque no se puede, porque está al lado del vertedero, porque eso emana olor y todo un montón de cosas." Y después fue al nombre: "Pero la avivada, ¿sí?, de la cooperativa Ebenezer, que vende sin tener la autorización municipal."

El intendente confirmó que el municipio va a judicializar el asunto. "Nosotros vamos a hacer una denuncia penal, primero a la cooperativa y después aquellos que quieran interceder, porque tiene que tener una aprobación y no se puede aprobar un loteo donde está cerca un vertedero." Cerró con la pregunta que ordena toda esta historia: "¿Cómo crían los hijos? ¿Y las enfermedades de los pibes, que no le importa? Está mal."

No le falta razón al intendente, y los papeles se la dan. Las parcelas 9 y 14 del loteo Las Morenas, en Pampa Alta, son 31,94 hectáreas que la Cooperativa Ebenezer y la SAS de Garcés compraron para llevar a sus asociados a "ver los terrenos donde vamos a vivir". El problema es que esos terrenos no son para vivir. En el Plan Especial de Estructuración Urbana Las Morenas esa tierra figura como zona BUN, Buffer Norte. Una zona de amortiguación, de las que existen para separar la ciudad del basural, no para meter familias adentro.

La planilla de subdivisión de ese plan es clara: la zona BUN admite 12 habitantes por hectárea, el número más bajo de toda la tabla. Mientras otras zonas del mismo predio permiten 200, 300, hasta 500 habitantes por hectárea, el Buffer Norte admite apenas un puñado. No por error de los técnicos, sino exactamente al revés: porque sabían lo que tenían al lado. Y todavía hay una condición más dura: ese suelo no puede habitarse hasta que el vertedero sea trasladado, remediado, y un estudio ambiental certifique que ahí se puede vivir. Diez años, como mínimo, desde la aprobación del plan. Eso, si todo sale bien. Lo que todavía no pasó.

 

 

 

 

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Quinientas familias compraron, en cuotas, un pedazo de tierra donde oficialmente no pueden vivir. La cooperativa, en lugar de mostrar los papeles que la habilitan a vender, y que se puede construir, sacó solicitadas pagas en medios locales para decirles a sus asociados que "es todo mentira". Nunca exhibió la autorización municipal que reclamaba el intendente. Porque, según el municipio, esa autorización no existe.

Hay una salida posible que la propia Cooperativa y la SAS de Garcés pueden tomar, y no tiene que ver con seguir vendiendo lo invendible. La familia Li —que les vendió, bajo el asesoramiento de Fernando Boudourian— posee tierra dentro de las 145 hectáreas del predio que sí serían habitables, que no están pegadas al vertedero. El reclamo, si lo hay, debería ir hacia ahí: hacia los metros donde sí se puede vivir, no hacia los metros que los propios estudios técnicos prohíben.

El intendente lo dijo el domingo, casi como al pasar, en un día que él mismo describió como uno "para no hacerse mala sangre". Pero lo dijo: denuncia penal, primero a la cooperativa, después a quienes intercedan. Lo que empezó como una investigación de Bache3000 terminó, semanas después, en boca del jefe del municipio.

Falta saber una sola cosa: cuándo entran los papeles, y qué van a contestar quienes vendieron un barrio donde, por escrito, nadie debería vivir.