Por: Bache3000

En la base del Cerro Catedral se está jugando una pulseada desigual, y esta semana quedó a la vista una de las maniobras más fuertes: CAPSA, la concesionaria del cerro, está negociando directamente con los comerciantes del complejo Plaza Amancay por encima de la empresa que tiene el contrato para explotarlo. Y lo hace mientras la Justicia todavía no definió quién tiene razón.

Para entender la gravedad hay que mirar la cadena. El complejo Plaza Amancay —los locales, la confitería, las boleterías, el sector de alquiler— lo construyó hace veinte años Catedral Ski Rental, una empresa mucho más chica que CAPSA, local, con su propia inversión y bajo un contrato firmado en 2004. Desde entonces, esa empresa explota el complejo y subalquila los locales. Los comerciantes, por lo tanto, son inquilinos de Catedral Ski Rental, no de CAPSA. Esa es la relación, y es la que está escrita.

Es también la relación que la propia Justicia reconoció como vigente. A fines de diciembre de 2025, un juez dictó una medida cautelar admitiendo que, al menos hasta septiembre de 2026, el contrato de Catedral Ski Rental seguía en pie y la empresa tenía derecho a operar el complejo. En próximas notas, hablaremos de esto.

Pese a todo eso, en marzo de 2026 CAPSA fue local por local. A los inquilinos del complejo les llegó una carta documento de la concesionaria con un mensaje en tres tiempos, y los tres apuntaban a lo mismo. Les avisaba que el contrato con Catedral Ski Rental estaba, según CAPSA, rescindido y sin valor. Les ordenaba dejar de pagarle a esa empresa: nada de cánones, nada de pagos. Y los citaba a presentarse en un plazo de cinco días hábiles en las oficinas de la concesionaria, para arreglar la temporada de invierno 2026 directamente con ella.

El cierre de las cartas marcaba el tono: quien siguiera ocupando su local sin un nuevo acuerdo con CAPSA "carecerá de título habilitante" y quedará expuesto a acciones legales, incluida la restitución del inmueble. Traducido al idioma de cualquiera: pasate de bando o te saco.

Lo grave no es solo el tono. Es el mecanismo. CAPSA está desconociendo el contrato que la separa de los comerciantes y se sienta a negociar con ellos como si la empresa que construyó el complejo no existiera. Negociar por encima del intermediario legítimo, aunque ese intermediario tenga papeles firmados, vigentes y reconocidos por un juez. Y el momento elegido no es casual. Las cartas salieron mientras la causa de fondo sigue abierta, sin sentencia. La concesionaria, en lugar de esperar a que la Justicia resuelva, fue directo a buscar a los eslabones más débiles de la cadena: los comerciantes, que son los que menos espalda tienen para resistir una pelea legal contra la empresa más poderosa del cerro, justo a semanas de que arranque la temporada que les da de comer todo el año.

Un estilo que en el cerro ya conocen

La forma en que CAPSA está tratando a los comerciantes no es nueva para quienes viven y trabajan en el Catedral. Es la misma que, según vienen señalando residentes y vecinos del área, la concesionaria aplica desde hace tiempo en su relación con la comunidad: imponer condiciones desde la posición del más fuerte, decidir sin consultar y no escuchar a la otra parte. Un modo de pararse frente a quienes dependen del cerro que muchos describen con una sola palabra: maltrato.

Esa lógica —la del que ocupa el lugar dominante y avanza sin dar lugar al diálogo— es la que ahora reaparece con los inquilinos de Plaza Amancay. Primero fueron los reclamos de los residentes que sintieron que sus planteos caían en saco roto. Hoy son los comerciantes los que reciben cartas con plazos perentorios y la advertencia del desalojo, sin una instancia real de conversación. Cambia el destinatario; el método se repite.

Hay un punto que de comprobarse agregaría una capa todavía más pesada a esta historia: la denuncia de que la presión sobre los comerciantes no es solo legal, sino económica. En un cerro donde los pases de esquí los vende CAPSA, y donde sin pases no hay esquiadores, sin esquiadores no hay clientes y sin clientes ningún local sobrevive, la pregunta se cae de madura: ¿qué pasa con el comerciante que no acepta los términos de la concesionaria?

Catedral Ski Rental sostiene que todo esto forma parte de una misma estrategia: crear "hechos consumados". Es decir, apoderarse en la práctica del complejo que todavía se discute en los tribunales, aprovechando la posición dominante de CAPSA dentro del cerro. La lógica sería simple y eficaz: si los comerciantes dejan de pagarle a Catedral Ski Rental y firman con CAPSA, cuando llegue la sentencia ya no va a quedar nada que devolver. El complejo va a estar, de hecho, operado y cobrado por la concesionaria. Y el juez va a resolver sobre una realidad que ya cambió. Una victoria judicial que llegaría, otra vez, tarde.

Pero hay algo todavía más de fondo, que excede a este conflicto puntual: lo que está en juego es el modelo mismo del Cerro Catedral. La pregunta es si la montaña va a ser manejada en su totalidad por un solo actor —CAPSA, que controla los medios de elevación, los pases y, si avanza esta jugada, también los espacios comerciales— o si va a haber lugar para jugadores intermedios: empresas, comerciantes y emprendedores que inviertan, construyan y compartan la actividad del cerro. No es un detalle menor. Es la diferencia entre un cerro concentrado en una sola mano y un cerro con una trama de actores diversos. Y esa definición no afecta solo a las empresas en pugna, sino a todo el que quiera, alguna vez, abrir un local, montar un servicio o apostar al desarrollo del Catedral.

Por eso esto excede a dos empresas. Lo que está en juego es la seguridad jurídica de cualquiera que tenga un local o un puesto de trabajo en el Catedral: saber con quién tiene un contrato, y si ese contrato vale algo cuando enfrente está el que maneja la montaña.

Este medio buscó la versión de CAPSA sobre el envío de las cartas y la negociación directa con los inquilinos. Hasta ahora solo hay silencio.

Detrás de la pelea de las empresas hay una sola pregunta que importa: ¿de quién tiene que ser la montaña? ¿y cuál debe ser la relación del Cerro con el resto de la ciudad?

Y lo más importante: ¿quién debe definir la política de Estado? ¿El Cerro o el Municipio?