Por: Fernando del Campo - Magíster en Políticas Públicas y Gobierno (UNRN)

La Carta Orgánica vigente fue concebida para una ciudad bastante distinta a la actual. Cuando entró en vigencia, Bariloche todavía conservaba rasgos propios de una ciudad mediana, con una estructura territorial menos compleja, menor presión demográfica y desafíos institucionales más acotados. Hoy la realidad es diferente. Con una población que supera ampliamente los 135.000 habitantes, un ejido urbano que se extiende a lo largo de más de cuarenta kilómetros de este a oeste y una creciente complejidad social, económica y ambiental, Bariloche enfrenta problemas propios de una ciudad intermedia en proceso de consolidación.

Por ello, la reforma no debería limitarse a una revisión técnica de la normativa municipal. Debería constituirse en un debate colectivo sobre el futuro del territorio, el modelo de desarrollo, la calidad institucional y el tipo de convivencia urbana que deseamos construir.

Del pueblo turístico a la ciudad intermedia

Quizás el cambio más importante que debe asumir la reforma sea conceptual. Una ciudad intermedia se define no solo por su tamaño demográfico, sino por su papel estratégico en el territorio, actuando como un nexo entre áreas metropolitanas y asentamientos rurales. Se caracteriza por funcionar como un centro territorial que proporciona bienes y servicios, promoviendo un desarrollo regional equilibrado. Durante décadas, gran parte de las decisiones públicas estuvieron condicionadas por una mirada que concebía a Bariloche casi exclusivamente como un destino turístico. Sin desconocer la importancia estratégica del turismo para la economía local, la ciudad actual exige una visión más amplia.

Bariloche ya no es solamente una ciudad turística. Quizás nunca lo fue y ahí radica el desafío mayor. Asumirlo. Es también una ciudad residencial, universitaria, científica, tecnológica, comercial, productiva y administrativa. Y principalmente debe aceptar, de una vez por todas, su condición de ciudad receptora de las migraciones internas, la ciudad que oficia como polo de atracción.

Por décadas es la ciudad de la patagonia norte que oficia de receptora del vaciamiento de los campos, del abandono de la actividad rural. Y también de las personas que vienen de los grandes centros urbanos del país, buscando otro estilo de vida. Miles de familias desarrollan aquí su vida cotidiana y enfrentan problemas vinculados al acceso al suelo, la vivienda, la movilidad, los servicios públicos, el empleo y el ambiente.

La Carta Orgánica debería reflejar esta compleja realidad y hacerse cargo explícitamente la condición de Bariloche como ciudad intermedia, incorporando herramientas institucionales capaces de gestionar una estructura urbana cada vez más compleja.

Descentralizar para acercar el Estado a la ciudadanía

Uno de los principales desafíos de la ciudad es la distancia creciente entre el gobierno municipal y los distintos territorios que componen Bariloche. Entre el Centro —administrativo, comercial, cultural— y las periferias. Gran parte de las decisiones continúan concentrándose en un esquema institucional centralizado que responde a una ciudad mucho más pequeña.

La reforma debería avanzar hacia un modelo de descentralización administrativa real, fortaleciendo delegaciones municipales, creando centros de gestión territorial con temáticas integradas, estableciendo presupuestos descentralizados y promoviendo instancias permanentes de participación vecinal.

La proximidad entre ciudadanía y Estado constituye una condición indispensable para mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer la legitimidad democrática.

Una representación política más cercana al territorio

La discusión sobre la elección de concejales constituye otro de los debates relevantes. El sistema actual, basado en una única circunscripción electoral para toda la ciudad, presenta dificultades para reflejar adecuadamente la diversidad territorial de Bariloche. La posibilidad de incorporar mecanismos de representación por circuitos o distritos merece una discusión seria y responsable.

Un modelo mixto, que combine representación territorial con representación proporcional para toda la ciudad, podría contribuir a fortalecer el vínculo entre representantes y ciudadanía sin perder una visión integral del conjunto urbano. La cuestión de fondo es cómo construir una democracia municipal más cercana a los problemas concretos de cada territorio.

Modernizar el Estado municipal

La reforma también debería abordar la necesidad de fortalecer la calidad institucional. La creciente complejidad de las políticas públicas exige una administración profesionalizada, estable y técnicamente capacitada. En este sentido, resulta pertinente revisar los funcionamientos y por ende los mecanismos de selección de organismos de control, Jueces de faltas, Defensoría del Pueblo, OMIDUC y otras instituciones clave, como los Entes autárquicos, promoviendo sistemas basados en mecanismos que prioricen la idoneidad y la experiencia por sobre la mera lógica partidaria.

Asimismo, resulta necesario revisar competencias, superposiciones, atribuciones y estructuras burocráticas para adecuarlas a los desafíos actuales, incorporando criterios de eficiencia, profesionalización y modernización administrativa.

Gobierno Abierto: una nueva democracia municipal

Si las reformas municipales de finales del siglo pasado estuvieron vinculadas a la autonomía y la organización institucional, basado en las nuevas incumbencias de gestión para los Estados locales, las del siglo XXI deben incorporar un nuevo paradigma: el Gobierno Abierto.
Las sociedades contemporáneas demandan cada vez más transparencia, acceso a la información pública, participación ciudadana y rendición de cuentas. Bariloche no constituye una excepción. Los debates recientes vinculados al desarrollo urbano, las concesiones de servicios públicos, los proyectos inmobiliarios estratégicos o la gestión ambiental han puesto de manifiesto una creciente demanda social de mayor apertura en los procesos de toma de decisiones. La nueva Carta Orgánica debería reconocer expresamente los principios de transparencia activa, datos abiertos, participación ciudadana y rendición permanente de cuentas.

Toda la información relevante sobre presupuesto, contrataciones, obras públicas, permisos urbanísticos, concesiones, indicadores ambientales y desempeño de la gestión debería encontrarse disponible de manera accesible y permanente para la ciudadanía.

Deberían fortalecerse también los mecanismos de democracia participativa mediante audiencias públicas efectivas, consultas ciudadanas, iniciativas populares y observatorios ciudadanos. Experiencias como los Presupuestos Participativos o las Mesas de Gestión Barrial son instancias para resignificar y potenciar. La transparencia no debe ser entendida únicamente como una herramienta de control administrativo, sino como un componente esencial de la calidad democrática.

El desafío ambiental y la gestión regional de residuos

Uno de los temas más estratégicos para las próximas décadas es la gestión ambiental. La problemática de los residuos urbanos ya no puede ser pensada exclusivamente desde una escala municipal. Las limitaciones territoriales, económicas y ambientales exigen avanzar hacia esquemas de cooperación regional que permitan abordar la disposición final, la valorización de materiales y la reducción de residuos desde una perspectiva integral.

La reforma podría incorporar el principio de Basura Cero habilitando estrategias de economía circular, recuperación de materiales y prevención en la generación de residuos.

Hábitat, turismo y derecho a la ciudad

Probablemente ninguna discusión sintetice mejor los desafíos contemporáneos de Bariloche que la relación entre turismo, desarrollo inmobiliario, vínculos urbano-rurales y acceso al hábitat. Durante los últimos años, el crecimiento de las inversiones turísticas e inmobiliarias ha generado importantes oportunidades económicas, pero también tensiones crecientes sobre el acceso a la vivienda, la disponibilidad de suelo urbano, los servicios públicos y la preservación ambiental.

La reforma debería incorporar con mayor fuerza principios vinculados al derecho a la ciudad, la función social del suelo, el acceso equitativo al hábitat y la protección de los bienes comunes. En síntesis, un nuevo contrato para Bariloche.

La reforma de la Carta Orgánica representa mucho más que una actualización normativa. La verdadera discusión no es jurídica ni administrativa. Es política. Una ciudad más descentralizada, más transparente, más participativa y mejor representada. Una ciudad capaz de planificar estratégicamente su crecimiento, proteger sus recursos naturales, garantizar el acceso al hábitat y promover un desarrollo económico y productivo diversificado.

El desafío ya no es administrar un pueblo turístico en crecimiento. El desafío es una ciudad intermedia compleja, con sus obligaciones y responsabilidades para con la región, diversa y dinámica, capaz de combinar sustentabilidad ambiental, calidad institucional y justicia territorial.