Por: Bache3000

Hay ciudades que se cuentan a sí mismas una historia y se la creen. Bariloche es una de ellas. Se sigue pensando pueblo turístico, postal, chocolate y nieve, mientras se le desbordan los barrios cuarenta kilómetros hacia el este y le llegan, todos los meses, más familias que se quedan a vivir, no a sacarse fotos. De eso, más o menos, habla Fernando del Campo —magíster en Políticas Públicas y Gobierno por la UNRN— cuando dice que la inminente elección de convencionales constituyentes para reformar la Carta Orgánica no es un trámite jurídico. Es, dice, otra cosa: la oportunidad de mirarse en el espejo y aguantarse lo que aparece.

La Carta que rige hoy se escribió para una ciudad que ya no existe. Una ciudad mediana, manejable, con problemas chicos y un mapa simple. Esa Bariloche se fue. Quedó esta otra: más de 135.000 habitantes, un ejido que se estira más de cuarenta kilómetros de este a oeste, una complejidad social y ambiental que ningún folleto turístico cuenta. Y el texto sigue ahí, intacto, hablándole a un pueblo que ya creció y se hizo ciudad sin avisar.

Lo más incómodo que propone del Campo no es técnico, es conceptual, casi existencial. Bariloche, dice, ya no es solamente una ciudad turística. Y enseguida tira la frase que duele: quizás nunca lo fue. Es —enumera— residencial, universitaria, científica, tecnológica, comercial, productiva, administrativa. Y es, sobre todo, lo que más le cuesta admitir: una ciudad que recibe. Hace décadas que recoge a los que se van de los campos vaciados, a los que abandonan la actividad rural en la Patagonia norte, a los que escapan de las grandes ciudades buscando otra vida. Llegan, se quedan, y entonces pelean por lo de siempre: un pedazo de suelo, una casa, un colectivo, agua, luz, trabajo, aire. Lo elemental. Lo que un pueblo turístico nunca está obligado a garantizar y una ciudad sí.

A partir de ahí, del Campo arma la lista de lo que la reforma debería animarse a tocar, y casi todo se parece a una misma cosa: acercar. Acercar el Estado a los barrios, porque hoy entre el Centro —el que decide, el que tiene oficinas, comercios, cultura— y las periferias hay una distancia que ya no es geográfica sino política. Propone descentralizar de verdad: delegaciones que funcionen, centros de gestión en el territorio, presupuestos que se decidan abajo, vecinos que participen en serio y no para la foto.

Acercar también la representación. Porque hoy los concejales se eligen en una sola circunscripción, como si la ciudad fuera un solo lugar, cuando es muchos lugares a la vez. La idea es discutir —en serio, dice, no de boca— una representación por circuitos o distritos, un modelo mixto donde el territorio tenga voz sin perder la mirada del conjunto.

Y acercar, después, la calidad. La del Estado, esa palabra que suena a manual y que del Campo aterriza: organismos de control, Jueces de Faltas, Defensoría del Pueblo, OMIDUC, entes autárquicos elegidos por lo que saben y no por el carnet partidario que llevan. Una administración profesional, estable, que sepa lo que hace. Suena obvio. Por eso hay que escribirlo.

Hay un capítulo donde el texto se pone contemporáneo y filoso: el Gobierno Abierto. Si las reformas de fin de siglo se preocuparon por la autonomía y la estructura, las de este siglo —dice— tienen que preocuparse por algo más simple y más subversivo: que la gente pueda ver. Que el presupuesto, las contrataciones, las obras, los permisos urbanísticos, las concesiones, los indicadores ambientales estén ahí, a la vista, todo el tiempo, sin tener que pedirlos como un favor. Y no es un capricho académico: del Campo recuerda que los líos recientes —desarrollos urbanos, concesiones, proyectos inmobiliarios, ambiente— dejaron una marca, una sospecha, una pregunta que la ciudad se hace en voz baja y que la transparencia podría empezar a contestar.

Lo ambiental, dice, ya no entra en los límites del municipio. La basura de Bariloche es demasiado grande para Bariloche sola: hay que pensarla en escala regional, disposición final, valorización de materiales, reducción, ese horizonte que se llama Basura Cero y economía circular y que por ahora es más consigna que política.

Y al final, lo que para del Campo lo resume todo: la tensión entre el turismo, los negocios inmobiliarios, el campo que se urbaniza y el simple derecho a vivir en la ciudad. La plata llegó, dice, trajo oportunidades, pero también trajo lo otro: que conseguir una casa sea cada vez más difícil, que el suelo se vuelva caro y escaso, que el ambiente quede de rehén. De ahí su reclamo, que es viejo y es nuevo a la vez: derecho a la ciudad, función social del suelo, acceso al hábitat, bienes comunes que sigan siendo comunes.

La conclusión vuelve al principio, donde estaba la trampa. Esto no es jurídico ni administrativo, dice del Campo. Es político. El desafío ya no es administrar un pueblo turístico que crece. Es gobernar una ciudad intermedia, complicada, diversa, que le debe algo a toda la región y todavía no terminó de aceptar que es eso: una ciudad. La Carta Orgánica, entonces, no es un papel que se actualiza. Es un contrato nuevo. Y el primer paso para firmarlo es el más difícil: dejar de mentirse sobre quién es uno.