Por: Bache3000

La pelea entre el municipio y la Cooperativa de Vivienda Ebenezer sumó un nuevo capítulo. Esta semana, el intendente Walter Cortés anunció una denuncia penal contra la entidad por comercializar lotes "sin tener una autorización municipal" en una zona no apta por su cercanía al vertedero. La cooperativa contestó días después con una solicitada en la que asegura que la denuncia "no es viable y carece de todo sustento jurídico" y que las tierras adquiridas fueron validadas por un estudio ambiental de la empresa Castelaris. Pero ese argumento tiene una falla de origen: un informe privado, por sí solo, no habilita nada.

En el esquema urbanístico de Bariloche, quien decide si una porción de tierra puede ser habitada no es el desarrollador ni el técnico que firma un estudio, sino el Estado municipal y, en última instancia, el Concejo Deliberante. El informe de Castelaris ofrece, según sus propias conclusiones, "un primer mapa de aptitud del suelo", y aclara que ese resultado "debe complementarse con evaluaciones más detalladas por sector a medida que avance la planificación del uso de la tierra". Es decir: el propio documento que la cooperativa exhibe como prueba se presenta como un punto de partida, no como una habilitación.

A eso se suma un dato que la cooperativa omite en su comunicado: ese informe no está aprobado por la Municipalidad. Ni siquiera consta que haya sido presentado en el marco de un trámite formal. Mientras no haya un estudio de impacto ambiental aprobado por el municipio y un loteo autorizado por el Concejo, el papel firmado por un técnico privado no tiene valor administrativo para definir si esas hectáreas pueden urbanizarse. Por más prolijo que sea, un estudio de base sirve para diagnosticar la tierra; no reemplaza la decisión del Estado sobre si se puede vivir ahí.

El corazón del problema está en la distinción que la propia cooperativa propone. En su solicitada, Ebenezer sostiene que no comercializa lotes sino que "agrupa los aportes de sus socios para comprar tierras de manera colectiva". Pero esa diferencia no resuelve el fondo de la cuestión: comprar tierra de forma colectiva es perfectamente legal y sencillo —cualquiera puede hacerlo—, y precisamente por eso no garantiza absolutamente nada sobre el destino de esa tierra. La pregunta que define todo es otra: quién hace el loteo y bajo qué aprobación.

 

 

 

 

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Para que cada familia reciba un lote con título propio, no alcanza con tener un campo y un plano. Hay que tramitar ante la Municipalidad un Plan de Estructuración conforme al Plan Estratégico e Integral de Desarrollo, un proceso que puede llevar años y que en este caso nunca se inició formalmente. Sin esa aprobación, los lotes que los socios están pagando no existen como unidades jurídicas independientes. Comprar hectáreas en conjunto y suponer que ahí se puede construir es como adquirir tierra por encima de la cota 900 de manera colectiva y dar por hecho que se podrá habitar: la operación de compra puede ser real, pero la posibilidad de construir no la define el bolsillo de los socios, sino el código urbano y la autoridad de aplicación.

Y en este caso hay un agravante. El intendente sostuvo que el loteo "no cuenta, ni podrá contar, con la aprobación de la cuestión catastral" por los riesgos ambientales y de salud que implica habitar junto al basural, especialmente para los menores. Esa imposibilidad no es solo una opinión política: es exactamente lo que la cooperativa reconoce, sin decirlo, cuando admite que las tierras requieren estudios adicionales y que su informe es apenas un primer mapa. La solicitada que pretende dar tranquilidad termina confirmando que el proceso recién empezaría.

El antecedente del caso, además, no es menor. Como reveló Bache3000 en abril, cerca de 500 familias vienen pagando cuotas en pesos por lotes en la zona de Las Morenas Pampa Alta sobre un campo de unas 145 hectáreas en el sector del vertedero —nomenclatura catastral 19-2-N-N10-005. La cooperativa, conducida por Griselda Andrea Garcés, sostiene que la cautelar fue revocada en mayo y que avanzó el boleto de compraventa con los propietarios (tampoco Garcés confirma si la compra fue realizada a la totalidad de los herederos de la familia Li). Pero la firma de un boleto entre privados es, otra vez, una operación de compra: no equivale a la aprobación municipal del loteo, que sigue sin existir.