Por: Bache3000

La base del Cerro Catedral vuelve a estar en el centro de la polémica. El concejal Leandro Costa Brutten, del bloque Incluyendo Bariloche, señaló a Bache3000 que este año la zona pública de la base no cuenta con nieve artificial generada por los cañones, mientras que los sectores "blancos" quedan reservados exclusivamente para quienes pagan el pase peatonal más caro del mundo.

Según el concejal, empleados de CAPSA que circulan en tres camionetas ploteadas de color verde restringen y expulsan a estudiantes, jubilados y turistas que se acercan a sacarse una foto o tocar la nieve técnica producida por esos equipos. Costa Brutten exigió que la empresa deje de maltratar a quienes se acercan al principal centro de esquí de Sudamérica, recordando que esa infraestructura forma parte del patrimonio del Master Plan y que, en definitiva, es propiedad de los barilochenses.

"Es insólito que con lo complejo que resulta este frustrado arranque de temporada, no podamos los barilochenses tener maltratadores seriales, gente que en vez de promover y sumar actividades se ocupa de impedir que se toque la nieve, algo que puede ser visto, pisado y fotografiado por quienes se acercan a la base del Cerro Catedral", planteó el concejal. También apuntó contra la gestión municipal: para Costa Brutten, CAPSA y el intendente que permite esta situación "son igual de truchos" y le hacen el mismo daño a la ciudad que las promociones del secretario nacional de Turismo, Daniel Scioli.

"Deben querer promover que la gente se saque fotos en el barro como castigo a los que nos visitan, mientras a pocos metros hay nieve artificial custodiada solo para quienes pagaron el pase peatonal más caro del mundo", cuestionó, y le exigió directamente a la familia Trappa, dueña de CAPSA, que deje de maltratar y echar a turistas que solo buscan una foto con la nieve.

La carta de CAPSA: control exclusivo del EAMCEC y un reto formal

La respuesta de la concesionaria había entrado al Concejo Municipal días antes, firmada por el apoderado Hugo Tossio, y se estructura en tres frentes antes de cerrar con una advertencia. Antes de responder sobre los hechos denunciados, CAPSA le marca a Costa Brutten que el único organismo habilitado para fiscalizar la concesión es el EAMCEC, y que el concejal "carece de facultades administrativas de control directo, imperio jurídico o prerrogativas regulatorias".

Sobre la tarifa del estacionamiento, la empresa sostiene que está todo en regla porque el EAMCEC aprobó el cuadro tarifario por Resolución N° 035-EAMCEC-26 del 19 de mayo: hasta $70.000 con IVA por estadía en Playa Sur y hasta $35.000 en Playa del Valle. Frente al cuestionamiento por el cobro, CAPSA destaca que el 50% de los lugares son gratuitos —800 libres y 800 pagos en Playa del Valle—, aunque el detalle incómodo es que el sector gratuito es el más alejado y, según el propio contrato, debería estar enripiado y hoy es un barrial: una cuadra de caminata para los autos de CAPSA pegados a la base, diez cuadras para el resto.

Sobre las barreras automatizadas y el cerramiento perimetral, la concesionaria explica que se trata de algo "estrictamente provisorio, estacional y transitorio", con un proyecto definitivo en evaluación para después del invierno. Y cierra dando por rechazadas "de plano" las imputaciones del concejal, advirtiendo que no tolerará "que se apele a la ligereza argumental para confundir a la opinión pública o para interferir de manera incompetente en las facultades exclusivas de la Autoridad de Aplicación".

La carta llegó justo después de que Costa Brutten recorriera el estacionamiento del Catedral junto a este medio, donde se pudo ver el barro, las cocheras reservadas pegadas a la base, los espacios que le sacaron a las personas con discapacidad y el estado de abandono de la playa gratuita. La empresa no respondió ninguna pregunta durante esa recorrida: la respuesta llegó después, por escrito y en tono de reto.

Con todo, algo se movió: la gerencia terminó cediendo en varios puntos, como mantener el estacionamiento gratuito por ahora, dejar entrar a los residentes desde las nueve, restituir el pase a los mayores de 70 y habilitar el ingreso a personas con CUD. El propio Costa Brutten lo atribuyó a "la cantidad de reclamos que se han realizado". Lo que CAPSA llama imputaciones temerarias fue, en los hechos, lo único que le hizo devolver lo que nunca debió sacar.