Por: Bache3000

Quince legisladores de la oposición rionegrina salieron a marcarle la cancha al Poder Ejecutivo por la denuncia de un presunto acceso indebido a documentación reservada alojada en los sistemas informáticos de la provincia, un episodio que ya terminó en la Justicia y que ahora también va a tener que dar explicaciones en la Legislatura.

La movida la impulsa José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos, y lo acompañan otros catorce legisladores de distintos espacios: del propio Vamos con Todos firman Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao; por el PJ–Nuevo Encuentro se suman Daniel Belloso, Alejandra Mas, Luis Ivancich y Leandro García; y completan la lista Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich, Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti.

El pedido de informes apunta directo a las preguntas que todavía no tienen respuesta: cómo se produjo la vulneración, qué alcance tuvo, qué información quedó comprometida y qué hizo el Gobierno para preservar la evidencia digital y garantizar la seguridad de los datos públicos. También piden detalles técnicos duros: infraestructura de protección informática, mecanismos de autenticación, registros de trazabilidad, protocolos de contingencia y el procedimiento que se aplicó para resguardar la evidencia.

La lista de reclamos sigue. Los legisladores quieren saber cuándo ocurrió el presunto acceso indebido, qué organismo hizo la denuncia judicial, cómo estaba clasificada la documentación afectada, qué herramientas se usaron para identificar el equipo involucrado y, un punto clave, cuál fue el rol de ALTEC —la empresa estatal de tecnología de la provincia— y qué protocolos de monitoreo y respuesta tiene en marcha.

Otro de los ejes del pedido es el Ecosistema Digital de Integrabilidad de Río Negro (EDI RN), creado por la Ley Nº 5793 como infraestructura crítica para garantizar la seguridad, confidencialidad y trazabilidad del intercambio de datos entre los organismos del Estado provincial. Ahí la pregunta es incómoda: si ese sistema estaba pensado para evitar justamente este tipo de situaciones, ¿qué falló?

El pedido de informes también avanza sobre el sistema provincial de recursos humanos, con un pedido de precisiones sobre los módulos en funcionamiento, la cantidad de usuarios activos, registrados, inactivos y bloqueados, qué organismos lo usan y cuál es el plan de ampliación.

Para los quince firmantes, la Legislatura no puede quedar al margen de un hecho que compromete la seguridad informática del Estado provincial y el resguardo de datos públicos. El objetivo, dicen, es ejercer el control que les corresponde y evitar que algo así se repita.