Por: Bache3000

Facundo Jones Huala ya se encuentra alojado en la cárcel federal de Esquel. La confirmación llegó este lunes a través de un comunicado de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, donde se calificó al traslado como el cierre de una etapa marcada por el incumplimiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a una orden judicial.

"El SPF finalmente decidió abandonar la rebeldía procesal en que se hallaba y obedecer, después de un mes, a la orden del juez federal de Bariloche de trasladar a Facundo a la cárcel de Esquel para seguir allí con la prisión preventiva", indica el texto difundido por la agrupación de abogados.

Según el comunicado, desde el 22 de junio Jones Huala permaneció en una situación irregular. La Gremial describió ese período: "Facundo estuvo ilegalmente detenido (secuestrado es la palabra que más claramente describe la situación) a disposición del gobierno, quien lo sustrajo de la jurisdicción del juez y se negó a cumplir la orden".

Un mes de idas y vueltas judiciales

El proceso que terminó con el traslado había comenzado semanas atrás, cuando el juez federal subrogante Ezequiel Andreani hizo lugar al pedido de la defensa —encabezada por Gustavo Franquet, integrante de la Gremial— y ordenó que Jones Huala fuera trasladado de Rawson a Esquel para facilitar las visitas de sus familiares, que residen en Bariloche, ciudad donde el propio dirigente mapuche tiene su arraigo.

Sin embargo, el fiscal Fernando Arrigo, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche, apeló esa decisión y logró que la medida quedara en suspenso. El planteo de la fiscalía sostenía que la Unidad 6 de Rawson es un establecimiento de máxima seguridad, mientras que la Unidad 14 de Esquel es de seguridad media, y ese argumento fue el que utilizó también el Ministerio de Seguridad para resistir el cambio de penal.

De acuerdo al relato de la Gremial, una vez que esos planteos de la fiscalía y del propio SPF fracasaron, la orden de traslado debía cumplirse de inmediato. Pero eso no ocurrió, y recién se destrabó cuando el juez de garantías endureció los plazos: "impuso primero un plazo de 72 horas, amenazando con tomar medidas contra los responsables y, finalmente, le dio un plazo improrrogable de 12 horas al director de SPF para que le informara 'el estado del trámite'". Solo bajo esa presión el organismo penitenciario informó, el 2 de julio, que se había "dispuesto formalmente el traslado".

La Gremial remarcó que, pese al traslado, la responsabilidad del Estado no termina ahí. El comunicado señala que el SPF "debe garantizar, más que nunca, el respeto a sus derechos, particularmente los que tiene por su condición de miembro del pueblo mapuche, que hasta acá ellos se encargaron de pisotear". Además, advirtió sobre los riesgos que rodean al dirigente mapuche, recordando que "ya ha sufrido un intento de homicidio por parte de los funcionarios de seguridad del Estado", y pidió que el debate sobre seguridad no termine funcionando como excusa para poner en riesgo su integridad.

La organización también subrayó que la causa que mantiene a Jones Huala en prisión preventiva desde junio de 2025 —cuando fue detenido en el marco de una investigación por asociación ilícita calificada— ya acumula 13 meses, y la definió como parte de "un proceso judicial claramente de persecución política".