Comencemos por lo obvio: los congresales de Tucumán no se reunieron para abolir un Estado. Todo lo opuesto: se reunieron para fundar uno. La declaración del 9 de julio no fue un acto de privatización, sino exactamente lo contrario: el momento constituyente en que las Provincias Unidas asumieron para sí la potestad de organizarse como comunidad política y crear un estado soberano. La independencia, aunque resulte una redundancia, no fue la fuga del poder público, sino su apropiación. Y aunque sea de escuela primaria recordarlo, lo que se rechazó en 1816 fue un poder externo, ajeno, que extraía riqueza de estas tierras sin representar a sus habitantes y se las llevaba del otro lado del mar. Confundir aquello con el Estado argentino —esa construcción imperfecta pero nuestra, votada, discutida y reformada por generaciones de argentinos— es confundir al ocupante con la casa.
La inversión es todavía más flagrante si se repara en cómo se hizo la independencia. San Martín, cuya frase el Presidente cita con solemnidad, fue todo menos un enemigo del Estado. El cruce de los Andes fue posiblemente el mayor ejercicio de planificación estatal de nuestra historia temprana. Mediante una economía de guerra organizada desde el gobierno de Cuyo, con contribuciones forzosas a los ricos de Mendoza, requisas, talleres públicos y fundiciones dirigidas por fray Luis Beltrán bajo mando estatal, se erigieron las bases de la siderurgia argentina. San Martín gravó, expropió, movilizó y planificó. Si el Libertador aplicara hoy sus métodos, el discurso presidencial lo llamaría, como mínimo, "gerente de la pobreza". Por consiguiente, invocarlo como patrono del desmantelamiento estatal es un acto que el Instituto Sanmartiniano, si ya no lo hizo, debería estar corrigiendo de inmediato.
Pero hay una segunda apropiación, más sutil y más grave. La idea de una "segunda independencia" tiene en América Latina una genealogía precisa. Desde Manuel Ugarte hasta la CEPAL, desde el radicalismo yrigoyenista hasta el peronismo histórico, la "segunda emancipación" nombró siempre lo mismo: completar la independencia política con la independencia económica, es decir, con la capacidad de decidir sobre los propios recursos, la propia moneda y el propio desarrollo, sin subordinación a las metrópolis financieras. Milei toma ese concepto cargado de historia y lo vacía para rellenarlo con su contrario. ¿En qué consiste su "segunda independencia"? En un régimen de incentivos —el RIGI y el SúperRIGI— que otorga a grandes capitales, mayormente extranjeros, estabilidad fiscal por décadas, libre disponibilidad de divisas, jurisdicción arbitral externa y exenciones que las provincias financian. Consiste en celebrar "apoyos inéditos por parte de Estados Unidos" como certificado de éxito nacional. Consiste, en suma, en reeditar el modelo de enclave que la tradición de la "segunda independencia" quiso precisamente superar: exportación primaria, renta que se va, soberanía que se pierde. Si la independencia de 1816 fue el rechazo a que nuestro destino se decidiera en la Corte de los Reyes de España, resulta al menos curioso llamar "segunda independencia" a un esquema donde las controversias se dirimirán en tribunales de Nueva York o París.
En otro orden, el tratamiento del federalismo merece especial atención. El discurso presenta al Estado nacional como el nuevo virrey que sometió a las provincias. Pero la "libertad" ofrecida es de naturaleza peculiar: se les devuelve potestad sobre glaciares y minas —debilitando pisos federales de protección— mientras el RIGI y el futuro SúperRIGI les sustrae recursos sobre megaproyectos instalados en sus territorios. Es un federalismo de la intemperie: cada provincia libre de negociar sola, desprovista de instrumentos comunes, frente a corporaciones cuya facturación excede varias veces sus presupuestos. Los congresales de 1816 entendieron algo que este esquema olvida: que las provincias débiles no se emancipan aisladamente, sino uniéndose. Por eso declararon la independencia como Provincias Unidas, no como un archipiélago de jurisdicciones en subasta.
Queda, finalmente, la cuestión del adversario. Toda gesta necesita un tirano, y el discurso construye el suyo: un Estado que durante "cien años" habría perseguido sus propios intereses contra los argentinos. Pero ese Estado fue también el que alfabetizó masivamente, el que construyó YPF y el sistema jubilatorio, el que creó el INVAP y las universidades a las que asistieron gratuitamente varios de los funcionarios que hoy están empeñados en destruirlo. Reducir esa historia compleja a una "era de tiranía" es una demolición simbólica al servicio de una demolición material. Cuando el poder público se retira, el espacio no queda vacío; lo ocupan otros poderes, menos visibles y nada democráticos. En resumen, la independencia fue el acto por el cual un pueblo decidió que su destino se resolvería aquí. Doscientos diez años después, celebrar como "segunda independencia" la entrega de esa capacidad de decisión es posible mientras se mantenga este estado de desentendimiento que mencionamos al inicio. Un desentendimiento, hijo del hiperindividualismo llevado a escala social, que se niega a hacer foco sobre un presidente y un gobierno que pueden cometer el sacrilegio de equiparar la emancipación liderada por el Padre de la Patria con el ajuste más grande de la humanidad, que recae sobre jubilados, enfermos y discapacitados. Al menos por ahora, mientras el desentendimiento predomine entre nosotros.
