Por: Bache3000
Cada vez falta menos para las elecciones que elegirán a los convencionales y las estrategias partidarias comienzan a salir a la luz. Qué pasará con los dirigentes que ocupan cargos y que podrían postularse para ser constituyentes. ¿Está bien candidatearse y luego no asumir?
El 1 de noviembre próximo el electorado de Bariloche debe concurrir obligatoriamente a votar 15 convencionales constituyentes para que luego, en el lapso de dos meses, reformen la Carta Orgánica local, una práctica que se realizará por tercera vez en la historia y que se repite cada veinte años.
En esta oportunidad son numerosos los partidos que, a priori, han expresado su voluntad de participar en la compulsa y que buscan ocupar una o más bancas dentro de la Convención.
Nadie es inocente: las elecciones de noviembre son exactamente diez meses antes que las municipales de 2027, que elegirán intendente y concejales, por lo que el desempeño de este año podría ser un trampolín para el próximo. Incluso los convencionales podrán "mostrarse" de cara a lo que se vendrá después.
La labor de convencional durará tan solo dos meses, será remunerada con un salario mensual igual al de un edil (alrededor de cinco millones y medio de pesos) y en ese lapso, además de aportar a la revisión de la Carta Orgánica, podrán lucirse con ideas propias en medios de comunicación y debates públicos al respecto.
Esto lo sabe la dirigencia local. Por eso esta elección es, sin dudas, una vidriera para no desestimar y así plantarle cara al oficialismo que tiene, al menos desde la teoría, una cabeza de ventaja..
En este marco hay varias expresiones políticas que comienzan a marcar un rumbo: el de las candidaturas testimoniales, es decir, aquellos dirigentes que asumen la campaña pero, una vez electos, renuncian al espacio obtenido y la lista se corre automáticamente. En los últimos años hemos presenciado que las candidaturas testimoniales han sido utilizadas como una herramienta política, especialmente en elecciones legislativas, donde figuras de alto perfil se postulan sin intención de asumir el cargo.
En las últimas semanas, el primero en anunciar la posibilidad de llevar esto adelante fue el propio Cortés, quien aseguró que está analizando presentarse o no. Si bien nada dijo respecto de la asunción como convencional, claro está que no renunciará a la jefatura de la ciudad. Pero ninguna norma legal le prohíbe postularse.
Como respuesta, el concejal opositor Leandro Costa Brutten dijo que si el mandatario encabezaba la lista del PUL, él lo enfrentaría en las urnas. Todo un desafío mano a mano. Tampoco habló de asumir o no, pero también parece improbable que renuncie a su banca en el Deliberante para ser convencional sólo por dos meses.
Y en las últimas horas, dentro del PRO barilochense trascendió que el actual diputado nacional Sergio Capozzi podría ser candidato a constituyente municipal. Sería el primer nombre y lo secundaría una docente jubilada, esposa de un artista local. La cosa estaría bastante cocinada, por lo visto.
En el caso de Capozzi sí hay un reconocimiento explícito a lo testimonial, porque el dirigente no renunciará a su escaño en el Congreso, pero tiene todas las intenciones y el compromiso de encarar la campaña electoral que comienza el 10 de septiembre próximo.
Vale mencionar que la Cámara Nacional Electoral ha adoptado una postura mayoritariamente permisiva a esta práctica, siempre que los candidatos expresen su voluntad de asumir el cargo, y que la jurisprudencia argentina ha tendido a validarla en tanto no exista una prohibición legal expresa.
Sin embargo, que esté permitido legalmente no implica necesariamente una valoración positiva de índole moral.
Argentina tiene un gobierno representativo, republicano y federal. Y esa representación no es una mera formalidad: implica la asunción real del mandato conferido por el pueblo mediante el voto. En nuestra Constitución, el artículo 22 establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Por lo tanto, si quienes se presentan como tales no asumen la responsabilidad conferida por el electorado, se vulnera el derecho del pueblo a ser efectivamente representado, y la candidatura se convierte así en una estafa electoral.