Por: Bache3000

Este 16 de julio, en medio de las vacaciones de invierno y con la Argentina convulsionada por los triunfos de la Scaloneta, el Senado de la Nación tratará el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo conocido como "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". Detrás de ese título aparentemente inofensivo hay una modificación de fondo a la Ley 26.737, la norma que desde 2011 fija un límite del 15% del territorio nacional para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y prohíbe la venta a Estados extranjeros o a través de testaferros en zonas de frontera.

El proyecto elimina ese límite nacional y delega la regulación a cada provincia. Es decir: de aprobarse, será Río Negro —y no el Congreso Nacional— quien decida cuánta tierra rural puede pasar a manos extranjeras dentro de sus límites, incluida la zona de frontera con Chile que rodea a Bariloche y El Manso.

La discusión no es abstracta para esta región. Bache3000 ya documentó en abril pasado, durante un juicio por usurpación en los tribunales de Bariloche, que un campo de 14.000 hectáreas en las nacientes del río Chubut —a apenas 45 kilómetros de la frontera con Chile— había sido comprado con dos millones de dólares donados por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, según reconoció en esa misma audiencia el propio titular del campo. El vendedor de esas tierras había sido Marcos Marcelo Mindlin, y a pocos kilómetros de ese predio están las 12.000 hectáreas del magnate británico Joe Lewis.

Ese caso judicial no fue un hecho aislado. En febrero de este año, este medio cubrió el aterrizaje en el aeropuerto de Bariloche de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, con un operativo de seguridad de tres aviones, quince vehículos y tres helicópteros. Su destino final fue la estancia Las Marías, en El Manso, donde a través del fideicomiso Amaike la casa real de Abu Dhabi controla más de 50 mil hectáreas que incluyen bosque nativo, cursos de agua dulce y un coto de caza en las nacientes del río Alto Chubut. La visita, estrictamente privada, se produjo apenas días después de que XRG —el brazo inversor de la petrolera estatal emiratí ADNOC— firmara con YPF el acuerdo para el proyecto Argentina LNG, que busca exportar gas licuado de Vaca Muerta por la costa rionegrina.

Sobre ese proceso, la legisladora provincial Magdalena Odarda publicó una carta abierta especialmente dura en las horas previas a la votación. "Argentina, a pocas horas de perder la única herramienta que defiende la tierra rural y las fuentes de agua dulce de las garras de los intereses foráneos", escribió. Según su relato, el proceso de extranjerización en la provincia se aceleró a partir de 2017, cuando —sostiene— empezaron a aparecer actores del Golfo Pérsico "camuflados bajo figuras jurídicas" para comprar tierra utilizando personas interpuestas con nacionalidad argentina simulada. Odarda calculó que, desde el decreto que en 2016 flexibilizó la ley original, "más de 70.000 hectáreas de nuestro territorio rionegrino ya pertenecen a Estados extranjeros". Sobre los senadores que voten a favor del proyecto, no midió las palabras: los calificó de "infames traidores a la patria".

(Así llegaba el 23 de febrero a Bariloche Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi: uno de los hombres más poderosos del mundo)

El dictamen de mayoría para votar este jueves no solo borra el tope del 15%, también elimina el límite de mil hectáreas en zona núcleo que buscaba evitar la concentración de grandes extensiones productivas. Además, el proyecto no se limita a la tierra rural ya que también endurece los requisitos para que el Estado avance con expropiaciones: la declaración de utilidad pública deberá ser específica, necesaria y proporcional, la indemnización tendrá que pagarse antes de la toma de posesión, y se incorpora la figura del lucro cesante, que permite reclamar no solo el valor actual de un bien sino también la ganancia futura que su explotación podría generar. En materia de desalojos, amplía de tres a diez días el plazo de intimación por falta de pago, aunque mantiene la suspensión de desalojos masivos en barrios populares hasta octubre de 2032.

Qué dice el Gobierno de Río Negro

A fines de mayo, el gobernador Alberto Weretilneck salió a bajarle el tono a la polémica. Consultado por la venta de tierras de frontera a extranjeros, el mandatario provincial respondió al Diario Río Negro: "La ley es clara, tienen que ser sociedades argentinas y en el caso de la provincia de Río Negro, los propietarios de las tierras en nuestra provincia son sociedades argentinas", dijo, y agregó que hoy "no tenemos detectado ningún título de propiedad en manos de sociedades extranjeras en la provincia de Río Negro".

La afirmación convive, sin embargo, con los hechos documentados en Bariloche en los últimos meses: la confesión judicial sobre el financiamiento emiratí de tierras en la cuenca del Chubut, el aterrizaje reservado del jefe de Estado de Emiratos Árabes Unidos en su propia estancia patagónica, y el reclamo público que la propia Odarda le dirigió al gobernador exigiendo explicaciones por esa presencia.

El gobernador tampoco se refirió en detalle a las triangulaciones societarias que, según la denuncia de la legisladora, permiten que capitales estatales extranjeros figuren como sociedades "argentinas" cumpliendo la letra de la ley vigente.

Ahí está el nudo de lo que se define en el Senado. Si el proyecto se aprueba tal como lo dejó el dictamen de mayoría, será exactamente Weretilneck —o quien gobierne Río Negro en cada momento— quien decida, sin piso nacional, cuánta tierra rural fronteriza puede quedar en manos extranjeras. Y lo hará en una provincia donde ya existen antecedentes de compras multimillonarias vinculadas a Emiratos Árabes Unidos, en una zona —la cordillera y la cuenca de los ríos Manso y Chubut— que concentra agua dulce, bosque nativo y fronteras internacionales.

La ruralidad del departamento de Bariloche, donde conviven estancias centenarias, comunidades mapuche y los últimos campos sin loteo de la cordillera, podría quedar así a rienda suelta de un mercado de tierras sin techo nacional, sostenido únicamente por la voluntad política de cada gestión provincial.

Hasta último momento, el proyecto llegaba al recinto sin los votos asegurados: el Senado cuenta con dictámenes de mayoría y de minoría, y la discusión se sostiene en un escenario de tensión entre lo que impulsa la Casa Rosada y el reclamo de control nacional sobre recursos considerados estratégicos. El resultado de la sesión definirá si esa tensión se resuelve a favor de las provincias o si la ley de tierras rurales sigue en pie tal como se conoce desde 2011. El Senado vota este próximo jueves, un día después del partido entre Argentina e Inglaterra. Bache3000 seguirá el debate.