Por: Bache3000
Un grupo de legisladores provinciales presentó ante el presidente de la Legislatura de Río Negro, Pedro Pesatti, un pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo provincial y a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche por la situación del basural a cielo abierto ubicado sobre la ruta 40, lindante a barrios como 29 de Septiembre, El Frutillar, El Pilar, Valle Azul, 2 de Abril, Unión y 645 Viviendas.
La iniciativa lleva la firma de María Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Alejandra Picotti, Claudio Alejandro Doctorovich y Marcela González Abdala como autores del proyecto. A ellos se sumaron como acompañantes José Luis Berros, Ayelén Spósito, María Magdalena Odarda, Carmelio Fabián Pilquinao, Luciano Jesús Delgado Sempé, Martina Valeria Lacour y Daniel Horacio Sanguinetti.
El texto recuerda que, según el Atlas de la Basura Mundial, el basural barilochense figura entre los cincuenta más contaminantes del planeta, con más de un millón de toneladas acumuladas. También cita un informe elaborado por médicos residentes del Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo, que relevó síntomas respiratorios, alérgicos, gastrointestinales y dermatológicos entre los vecinos de los barrios linderos, además de quejas recurrentes por humo, ratas, moscas y mal olor.
El pedido pone el foco en la ley provincial 5491, sancionada en 2020, que ordena erradicar los basurales a cielo abierto en todo el territorio rionegrino. Los firmantes remarcan que, a casi seis años de su sanción, el predio de Bariloche continúa operativo, pese a que la norma también creó un Fondo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos destinado a financiar su cierre.
El documento repasa además el convenio de colaboración firmado en agosto de 2023 entre la Provincia y el municipio, mediante el cual el Gobierno provincial se comprometió a construir una planta de transferencia de residuos, licitar su operación y avanzar en un relleno sanitario regional. Casi tres años más tarde, sostienen los legisladores, ninguno de esos compromisos se cumplió.
También se menciona la audiencia que un grupo de vecinos mantuvo el 18 de mayo en el Concejo Deliberante barilochense. De ella surgió un acta acuerdo con la creación de una comisión de participación ciudadana, para el seguimiento del tema y un plazo de 120 días para avanzar con la definición del sitio regional de disposición final.
En ese marco, el pedido de informe apunta a la Secretaría de Energía y Ambiente y a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, así como al municipio, y reclama precisiones sobre los monitoreos ambientales realizados, el impacto sanitario en la población cercana, eventuales estudios sobre contaminación en el lago Gutiérrez, el arroyo Ñireco y el lago Nahuel Huapi, el estado de ejecución del Fondo de Gestión Integral de Residuos, el cumplimiento del convenio de 2023 y las partidas presupuestarias asignadas entre 2023 y 2026.
A la Municipalidad, en tanto, se le solicita información sobre el volumen anual de residuos que ingresan al Centro de Residuos Urbanos Municipal, si el predio recibe basura de otras jurisdicciones, las tareas de saneamiento realizadas desde 2023 y los resultados de la convocatoria ciudadana de mayo pasado.
Los firmantes sostienen que, ante la persistencia del problema, corresponde a la Legislatura ejercer su función de control institucional y exigir a las autoridades competentes precisiones sobre las acciones concretas previstas para el cierre definitivo del vertedero y la remediación del predio.