Por: Bache3000

El intendente Walter Cortés firmó este viernes la Resolución N° 00002415-I-2026, que rescinde a partir del 1° de septiembre el Convenio de Operación, Cobro, Mantenimiento y Mejoramiento del Servicio de Alumbrado Público que la Municipalidad mantenía con la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) desde 1988. El acuerdo, homologado por Ordenanza en 1988, tenía un plazo original de cinco años que se fue renovando automáticamente durante 37.

La decisión llega en medio de un conflicto judicializado. Todo empezó cuando la Secretaría de Hacienda dictó la Disposición N° 40-SH-2026, que le exigía a la CEB presentar una declaración jurada mensual de lo recaudado por la tasa de alumbrado público y ordenaba que los gastos vinculados al convenio pasaran por el mismo circuito de control que cualquier otro gasto municipal. La cooperativa presentó un recurso de reconsideración. El municipio lo rechazó con la firma de Cortés, y treinta días después la CEB decidió llevar el reclamo a la Justicia.

La causa quedó en manos del juez Iván Sosa Lukman, quien le pidió información a la Municipalidad para poder tomar una determinación. Fue en ese contexto, con la causa judicial en trámite, que el intendente firmó la resolución que ahora rescinde el convenio. Desde el municipio, confían en que podrán realizar el servicio por sus propios medios. Por supuesto, esto requiere procedimientos, aprobaciones del EPRE, y un debate con la CEB para utilizar sus postes de luz.

En el medio también hubo una reunión con el gobernador, donde el municipio propuso modificar algunas cláusulas del convenio para destrabar el conflicto sin cortar la relación: que la cooperativa informara mensualmente lo recaudado, presentara un presupuesto de mantenimiento y obras, y que esa plata quedara bajo control municipal desde el principio. La CEB no aceptó, señalaron desde el municipio.

Fuentes municipales sostienen que el convenio original quedó desactualizado y que durante décadas fue interpretado a favor de la distribuidora, que evitaba rendir cuentas y hacía compensaciones cada tres años. Se sabe que hubo una reunión entre el gobernador Alberto Weretilneck, la CEB y el municipio. Pero no hubo acuerdo.Desde la CEB plantean que el municipio le debe dinero, sustendao en los servicios que le presta.

"Si ellos dicen que les debemos plata, deberán mostrar los papeles que lo demuestren", plantean desde el municipio.

Con la rescisión, la Municipalidad recupera la titularidad y la gestión integral del servicio de alumbrado público, que afecta a unos 50 mil usuarios. La CEB, de todos modos, no queda afuera: la resolución la ratifica como agente de recaudación de la tasa, obligación que la Ley provincial J N° 2902 le impone a toda distribuidora de energía eléctrica, exista o no un convenio firmado con el municipio. La diferencia es que a partir de septiembre esa recaudación deberá regirse por las reglas de control que fija la Disposición 40-SH-2026.

La resolución fue notificada a la CEB, al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y al Concejo Municipal.