Por: Bache3000

Alejandro Pozas, presidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), habló con Bache3000 sobre el conflicto judicializado con el municipio por el alumbrado público. Según su versión, el planteo central de la cooperativa es una cuestión de jerarquías: no todas las normas municipales tienen el mismo peso. Una ordenanza es una ley local, discutida y votada por los concejales en el Concejo Deliberante. Una resolución o una disposición, en cambio, las firma directamente el intendente o un secretario, sin pasar por ese debate. Y una norma de menor rango no puede modificar a una de rango superior.

Aplicado a este caso, sostuvo Pozas: el convenio de alumbrado público que la Municipalidad mantiene con la CEB desde 1988 fue homologado por la Ordenanza N° 140-C-88. Para la cooperativa, eso significa que cualquier cambio en las reglas de ese convenio —cómo se cobra la tasa, quién controla los fondos, bajo qué circuito pasan los gastos— tiene que salir también de una nueva ordenanza, con el debate y la votación del Concejo. La Disposición 40-SH-2026 (de la secretaría de haciendo) y la Resolución 00001853-I-2026, al ser actos unilaterales del Departamento Ejecutivo, no alcanzan —según el planteo de la CEB— para torcer lo que fijó la ordenanza original. Pozas remarcó, además, que la cooperativa se enteró de esa resolución por los medios y no fue notificada formalmente por el municipio.

Pozas fue más allá y apuntó contra quienes asesoraron al intendente Walter Cortés en esta jugada: sostuvo que hubo un mal asesoramiento legal al Ejecutivo, que lo llevó a avanzar por un camino que, a su entender, no tiene sustento jurídico. Calificó el intento de avanzar igual con esas normas como "un acto de desesperación", y remarcó que la Justicia habilitó la feria judicial —el receso en el que normalmente no se tramitan causas— específicamente para tratar el pedido de la CEB sin esperar a que termine el período de feria. Para el titular de la cooperativa, esa habilitación de urgencia confirma que el reclamo tiene entidad suficiente como para frenar lo que el municipio quiere imponer por la vía rápida.

Según Pozas, el conflicto también tiene una dimensión económica que agrava la situación: el municipio impidió que se aplicara en marzo una actualización tarifaria del 30% para el servicio de alumbrado público, mientras que en el mismo período las tasas municipales aumentaron más de un 300%. Esa diferencia, sostuvo, es la que viene desfinanciando el servicio y obligando a la cooperativa a cubrir de su propio bolsillo el faltante mensual para sostener el alumbrado de la ciudad.

A eso se suma la deuda acumulada: según el presidente de la CEB, la Municipalidad le debe a la cooperativa 1.000 millones de pesos por el servicio de alumbrado público, una cifra que —afirmó— está respaldada con la facturación correspondiente. Pozas aseguró además que la cooperativa ya le remitió al municipio en más de una oportunidad notas con el detalle de esos números, con el desglose de lo que se recauda y lo que se gasta en el servicio.

Desde la cooperativa advirtieron, además, sobre quién termina pagando este conflicto. Mientras la discusión legal se dirime en tribunales, el servicio sigue funcionando con una tarifa que, según la CEB, quedó desactualizada. Y si el enfrentamiento entre el municipio y la cooperativa se traduce en menos obra, menos mantenimiento o más demoras para resolver reclamos, el costo de ese desgaste institucional no lo paga ni el municipio ni la cooperativa: lo termina pagando el vecino, con un servicio de alumbrado más deficiente en sus barrios.

En los hechos, la causa ya está en marcha: el juez Iván Sosa Lukman ordenó librar oficio a la Municipalidad para que en un plazo de cinco días entregue copia digitalizada del acta de infracción cuestionada, la Disposición 40-SH-2026 y la Resolución N° 00001853-I-2026, además de todo antecedente que considere pertinente. El juez de feria Cristian Tau Anzoátegui fue quien resolvió habilitar los días y horas inhábiles para que el trámite no se detenga. La CEB está representada en la causa por los abogados Ernesto Saavedra y Pablo Calello.