Por: Bache3000

El conflicto por el futuro del Vertedero Municipal escaló a la vía judicial y administrativa. El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) formalizó ante la Intendencia un recurso de revocatoria por el que reclama la nulidad de las Resoluciones N.º 2389-I-2026 y N.º 2392-I-2026, además de la suspensión inmediata de sus efectos.

Para el gremio, lo que el municipio presenta como una simple reubicación de personal es en realidad el reemplazo de la prestación directa del servicio en el Vertedero por una empresa privada, con impacto directo sobre un sector de trabajadores municipales.

Desde SOYEM sostienen además que una decisión de este tipo debió pasar por el Concejo Municipal, y que las reubicaciones se dispusieron sin la planificación ni la fundamentación que exige una medida de esta magnitud.

"Este recurso no busca impedir la gestión municipal, sino garantizar que las decisiones se adopten dentro del marco de la ley, respetando las instituciones, la Carta Orgánica y los derechos de las y los trabajadores municipales", plantearon desde el sindicato a través de un comunicado, que adelantó que continuará defendiendo el empleo público, la legalidad y los servicios municipales con todas las herramientas administrativas y judiciales que correspondan.

Qué dicen las resoluciones cuestionadas

Las dos resoluciones fueron firmadas por el intendente Walter Cortés y quedaron oficializadas días atrás, en pleno receso del Concejo Deliberante, que recién retoma actividad en agosto.

La Resolución 2389-I-2026 ratificó el contrato de locación de servicios firmado con la empresa ROWING S.A., que asumirá la prestación de los servicios operativos y de gestión integral del Centro de Residuos Urbanos Municipales, incluyendo la operación, mantenimiento y manejo del vertedero, aunque el municipio conserva la planificación y supervisión. Para eso, la firma deberá aportar maquinaria pesada como compactador, cargador frontal, topadora, retroexcavadora, camiones volcadores y trituradora de poda.

Es importante señalar, que la empresa trabaja en el Vertedero desde la gestión de Gustavo Gennuso.

En paralelo, la Resolución 2392-I-2026 dispuso la reubicación de los 27 trabajadores municipales que hasta ahora se desempeñaban en el predio, que dejaron de prestar funciones allí desde el sábado 18 de julio. Según el texto oficial, la Subsecretaría de Recursos Humanos definirá el destino de cada agente según perfil, antigüedad, idoneidad y preferencias, y el municipio garantiza que no habrá cesantías ni cambios en categoría, antigüedad, adicionales salariales ni régimen horario.

La secretaria general de SOYEM, Brenda Morales, calificó el proceso como sumamente desprolijo y apuntó contra la falta de intervención legislativa. Según remarcó, se trata de un traslado masivo de personal producto de una decisión unilateral del intendente que no pasó por el Concejo Municipal.

La dirigente también apuntó contra los propios concejales, a quienes atribuyó responsabilidad por no controlar los actos de gobierno, y recordó que semanas atrás se había conformado una comisión especial con participación de vecinos y distintos sectores para abordar la problemática del predio, un trabajo que —según cuestionó— terminó desembocando en una resolución anunciada de un día para el otro.

Antecedentes: un conflicto que se arrastra hace años

El Vertedero Municipal viene siendo foco de tensión desde hace tiempo. SOYEM ya había reclamado en distintas oportunidades por la falta de insumos básicos y las condiciones de trabajo en el predio, y llegó a denunciar públicamente su "alarmante estado". Durante la gestión de Gustavo Gennuso se había avanzado incluso con una audiencia pública para licitar la construcción y operación de una planta de tratamiento de residuos por 20 años, un proyecto que buscaba dar una solución de fondo a un predio que procesa alrededor de 150 toneladas diarias de basura, de las cuales la gran mayoría se entierra sin tratamiento.

El cuadro se agravó en las últimas semanas con la aparición de casos sospechosos de leptospirosis entre trabajadores del predio, actualmente en estudio en el Instituto Malbrán, lo que puso en primer plano la exposición sanitaria de empleados municipales, recicladores de la Asociación Recicladores Bariloche (ARB) y vecinos que frecuentan la zona.

En ese contexto de emergencia declarada en el predio, el municipio optó por la contratación transitoria de Rowing S.A. y la reubicación del personal, una decisión que además se inscribe en la disputa más amplia entre el Ejecutivo y el Concejo por el alcance de sus facultades, discusión que corre en paralelo al proceso de reforma de la Carta Orgánica y a la agenda de la futura Convención Constituyente.

Con el recurso ya presentado, la pelota queda ahora del lado de la Intendencia, que deberá resolver si sostiene las resoluciones o da lugar al reclamo gremial. Mientras tanto, el Concejo Municipal —ausente de la decisión original— recién podrá expedirse cuando retome sus sesiones en agosto.