Por: Bache3000

Cuando un problema social no se resuelve, se transforma en un problema político, y cuando esto no se resuelve, se transforma en un problema electoral: esto es lo que pasa con el Cerro Catedral. El Gobierno Municipal realiza esfuerzos políticos por CAPSA que no son reconocidos, y por el contrario, son ninguneados. La empresa actúa como si no necesitara del municipio, ni de la política, ni del consenso social, y le bastara con su poder. No negocia, no escucha, no incluye, y con sus acciones termina poniendo a la política contra la espada y la pared, porque lo que busca es sumisión, sin importar el destino político de quienes hoy gobiernan —tanto sus detractores como sus defensores—. ¿Qué político levanta la mano por una empresa que maltrata a los ciudadanos que después votan?

El propio intendente Walter Cortés terminó por confirmarlo. Consultado sobre el plan director del cerro, admitió sin rodeos a Bariloche2000: "Es muy trabajoso con la empresa Alta Patagonia. La verdad que es una decepción tras otra decepción". Y anunció que el municipio avanza en un proyecto de ordenanza "para que el medio de elevación de CAPSA pueda admitir a la gente que hace esquí en nuestro federado, a la gente capacitada, a la gente que realmente hacía actividades antes sin ningún problema y que hoy no tiene esa posibilidad".

Hay un método, y tiene nombre: método Trappa, por Sebastián Trappa. Un método que consiste en chocar. Chocar contra los fotógrafos que viven del cerro, contra los guías de turismo, contra los instructores de esquí, contra los comerciantes, contra las escuelas, contra los mayores de setenta años, contra los discapacitados. Chocar, se sabe, contra casi todos. Hasta —dicen algunas fuentes— contra Marco Trappa, que también lleva el apellido pero no necesariamente el método. El mensaje, mientras tanto, es parejo, democrático a su manera: da lo mismo quién seas, porque los que mandan son ellos y hacen lo que quieren.

Todo, además, inncesario, que ni siquiera tiene un objetivo claro. Ni un por qué.

El municipio, que durante semanas mantuvo el silencio prudente de quien no quiere pelearse con el que le paga el canon, terminó chocando también. Y ahí está lo curioso: no hizo falta que Bariloche le explicara nada. Le bastó sostener el vínculo formal que un intendente debe sostener con su concesionaria para llegar, solo, a la misma conclusión que ya tenía media ciudad. Cortés lo dijo con las palabras que se usan cuando a un funcionario se le acaba la paciencia: que es muy difícil trabajar con los dueños de la empresa, que "el Cerro Catedral tiene que ser sinónimo también de Bariloche" y que, si la situación no se destraba, "vamos a tener que revisar el contrato de concesión también". Recordó, de paso, que ese contrato lo firmó la gestión anterior, y que a él le toca "andar renegando" con sus consecuencias.

Vale la pena detenerse en esa palabra, concesión, porque ahí está el nudo de todo esto. Una concesión no es un cheque en blanco. Es, exactamente, lo contrario: es la comunidad —todos los barilochenses— cediéndole a una empresa el uso de algo que es de todos, a cambio de que esa empresa invierta, genere trabajo, cuide lo que se le prestó. Eso es lo que se firma. Lo que no se firma, lo que nadie firmó nunca, es el derecho a expulsar de la montaña a la gente que la hizo montaña: a correrla, a subirle el precio, a cambiarle las reglas de un día para el otro. El cerro es de los barilochenses. Lo dicen los esquiadores, lo dicen los guías, lo dice, ahora, hasta el propio municipio.

¿Bariloche deja de ser el semillero del esquí sudamericano?

Porque el conflicto con CAPSA no es sólo un problema de pases. Es, también, una pregunta incómoda sobre si Bariloche sigue siendo capaz de formar y fidelizar esquiadores, o si está perdiendo terreno frente a otros destinos de la región. El Bautismo de Nieve, esa experiencia que durante años fue el primer contacto de miles de estudiantes con la montaña, quedó reducido a una oferta marginal, mientras la base del cerro se cerca cada vez más y resulta casi imposible acercarse a la nieve sin pagar un pase. El estacionamiento, que durante décadas fue gratuito, hoy es un costo extra sobre una experiencia que ya incluye pase, equipo, clases y transporte. Las preventas y promociones por compra anticipada, que generaban compromiso con Bariloche meses antes del viaje, prácticamente desaparecieron. Y quien recién se inicia —el que usa apenas una Magic Carpet— termina pagando casi lo mismo que un esquiador que accede a toda la montaña, desalentando justamente a los nuevos esquiadores que antes se formaban acá.

A eso se suma la eliminación de las tarifas diferenciadas de temporada baja y media, que durante años distribuían la demanda y sostenían la actividad turística fuera de las semanas pico. El resultado es un encarecimiento sostenido del costo de esquiar, en un momento en que otros centros de esquí de Argentina, Chile y el resto de Sudamérica compiten con condiciones comerciales más previsibles. La pregunta de fondo, entonces, excede a CAPSA y al municipio: es si las decisiones tomadas en los últimos años fortalecieron o debilitaron a Bariloche como principal destino de nieve del país y de la región.

Y ahí queda la política, en el medio, con el problema en la falda. Porque si miles de personas gritan contra las injusticias del cerro, esas personas no están equivocadas: son, además, el capital político de quien quiera seguir gobernando después de 2027. La empresa, en lugar de construir consenso, elige la enemistad. Y cuando la empresa elige la enemistad, la política no tiene margen para mirar para otro lado: si no toma partido, la comunidad empieza a mirarla raro a ella también. Por eso el municipio anuncia ahora una ordenanza que buscará alcanzar a esquiadores federados, personas con discapacidad, organizaciones civiles y trabajadores del sector, y que probablemente salga del Concejo Deliberante por unanimidad: porque no hay concejal, oficialista u opositor, que no sepa que algo, ahí arriba, se está haciendo mal.

Pero conviene no perder de vista lo esencial. Una empresa, cualquier empresa, no puede estar por encima de un Estado. Es el Estado quien define el rumbo del desarrollo. Lo garantiza. Esa es la disputa de fondo, y de esa disputa depende buena parte del futuro de Bariloche. Del cerro viven miles de personas —fotógrafos, guías, instructores, comerciantes— que si terminan expulsadas del sector, sencillamente no van a poder trabajar. Y ese problema, no hay que engañarse, va a tener consecuencias electorales y sociales que hoy todavía solo podemos imaginar.