Por: Bache3000

Cada provincia tiene porcentajes diferentes. Cuál es la situación en Río Negro. Qué cambiaría si se aprueba la ley que impulsa el presidente Javier Milei. Los números que preocupan.

En la sesión de este jueves 16 de julio, con 62 votos, la Cámara Alta decidió postergar hasta el 6 de agosto el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o Ley de Extranjerización de la Tierra. 

El nuevo freno al embate contra la soberanía se dio tan solo unas horas después que la bandera por las Malvinas Argentinas flameara en tras el partido de Argentina e Inglaterra, pese a la prohibición impuesta por expresar mensajes sobre la argentinidad de las islas.

Pese a los intentos fallidos, el objetivo sigue firme y el Gobierno apunta ahora al 6 de agosto. A través de la eliminación de artículos claves de la actual Ley de Tierras, su meta es eliminar los límites a la posesión de hectáreas en manos de empresas extranjeras.

En tal sentido, la estructura de la propiedad rural en el sur argentino atraviesa una etapa de transformaciones profundas marcadas por la desregulación normativa y el interés en recursos no renovables. 

Según el último relevamiento del Observatorio de Tierras, elaborado por investigadores del CONICET y la UBA, la superficie extranjerizada en la Patagonia asciende a 3.609.247 hectáreas. Este volumen representa casi el 5% del territorio regional, pero la cifra adquiere una dimensión crítica cuando se analiza por departamentos, donde la posesión foránea llega a controlar la mayoría del suelo disponible.

El caso más extremo se localiza en el departamento neuquino de Lacar, donde el nivel de concentración trepa al 54,2%. En esta zona, que rodea a San Martín de los Andes, capitales extranjeros poseen 257.346 hectáreas, lo que convierte a este punto en el cuarto más extranjerizado de toda la Argentina. La provincia de Neuquén en su conjunto presenta un 5,5% de su superficie bajo titularidad foránea, con una marcada preferencia de los inversores por la región de los lagos y las áreas con potencial minero e hidrocarburífero.

En términos de extensión absoluta, Santa Cruz lidera el ranking regional con el 8,1% de sus tierras en manos de dueños de otros países, sumando más de 1,9 millones de hectáreas. El departamento de Magallanes es el epicentro de esta tendencia en la provincia santacruceña, con un 25,8% de su territorio bajo dominio externo. 

Investigadores como Julieta Caggiano y Matías Oberlin advierten que esta ocupación no es azarosa, sino que coincide geográficamente con cuencas hídricas y zonas de frontera que antes contaban con protecciones legales específicas.

Los casos de Chubut y Río Negro

La provincia de Chubut también muestra puntos de alta sensibilidad, especialmente en el departamento de Cushamen. Allí, la extranjerización alcanza el 22,9%, con 377.875 hectáreas concentradas mayoritariamente por el Grupo Benetton. Este conglomerado italiano se mantiene como el mayor terrateniente extranjero del país, con un total de 924.000 hectáreas repartidas entre Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, consolidando un dominio territorial que influye directamente en las dinámicas sociales y productivas de la cordillera.

El escenario jurídico actual es el factor que más preocupa a los especialistas, tras la derogación de la Ley de Tierras (n° 26.737) mediante el DNU 70/2023. Aunque un amparo del CECIM La Plata frenó provisoriamente la medida, el flujo de operaciones inmobiliarias de gran escala se mantiene bajo nuevas metodologías de control. 

Para los investigadores, “el dato nacional, aunque impactante, no es el más relevante. La verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando bajamos la escala y miramos por departamento”, señalando que la falta de supervisión facilita la compra de áreas con acceso directo a acuíferos.

En Río Negro, si bien el promedio provincial es del 1,8%, existen enclaves de alta concentración como los departamentos de Bariloche (13,6%) y Pilcaniyeu (10,5%). En estos sectores, figuras como el británico Joe Lewis y el emir de Qatar, Tamin bin Hamad Al Thani, poseen extensiones estratégicas que incluyen espejos de agua y zonas lindantes a la Cordillera. 

La presencia de estos propietarios se vincula, además, con proyectos de infraestructura privada, como la pista de aterrizaje cercana a Sierra Grande, clave para la logística de sectores extractivos.

La diversidad de los actores involucrados es amplia e incluye desde estados extranjeros hasta magnates de los medios. El grupo chino Heilongjiang State Farms concentra 330.000 hectáreas en Río Negro, mientras que la minera canadiense Gold Corp posee 130.000 hectáreas en Santa Cruz. 
A esta lista se suma Ted Turner, quien desde los años 90 mantiene alrededor de 56.000 hectáreas entre Neuquén y Tierra del Fuego, evidenciando que el interés por el suelo patagónico trasciende las nacionalidades y los rubros industriales.

La situación en Tierra del Fuego arroja que el 4,7% de la isla está en manos extranjeras, con el departamento de Tolhuin a la cabeza (12,4%). La ocupación de estas tierras, que históricamente pertenecieron a pueblos originarios como los onas y yamanes, representa hoy un activo estratégico para empresas como la estadounidense Trillum Corporation, que controla 125.000 hectáreas. 

El informe del Observatorio destaca que la extranjerización no solo afecta la propiedad del suelo, sino que condiciona el acceso público a recursos naturales esenciales.

Qué propone el oficialismo

El proyecto lleva el nombre de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y contiene modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos y adquisición de tierras rurales.

Uno de sus capítulos más controvertidos elimina el límite nacional que actualmente restringe al 15% la cantidad de tierras rurales que pueden encontrarse en manos extranjeras y transfiere a cada provincia la facultad de autorizar, limitar o impedir esas operaciones. También dejaría sin efecto el máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o su superficie equivalente en otras regiones— que hoy puede adquirir un mismo titular extranjero

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece actualmente que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales en los niveles nacional, provincial y municipal. Además, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% del cupo habilitado para extranjeros. La norma también contiene restricciones vinculadas con inmuebles ubicados en zonas de seguridad fronteriza y campos que incluyen cuerpos de agua relevantes.