Por: Bache3000

Camuzzi Gas del Sur volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por desconocer una ley provincial que protege a los sectores más vulnerables de Río Negro. El caso testigo ocurrió en Cinco Saltos, pero la preocupación se extiende a toda la provincia: si la empresa se niega a garantizar este derecho en un distrito, nada impide que la misma maniobra se repita en Bariloche.

Todo comenzó cuando una vecina de Cinco Saltos intentó acceder al beneficio previsto por la Ley Provincial 5860, que suspende los cortes de gas, agua y electricidad para jubilados, familias con ingresos inferiores a la canasta básica y hogares con personas con discapacidad. La empresa directamente se negó a entregarle el formulario de declaración jurada necesario para tramitar la protección. Y no quedó ahí: Camuzzi comunicó oficialmente a la Provincia que no va a aplicar la norma, porque considera que la regulación del servicio de gas es competencia exclusiva del Estado nacional.

La respuesta política no tardó en llegar. La legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó una denuncia formal ante la Agencia de Recaudación Tributaria (ART), autoridad de aplicación de la ley, por el incumplimiento de Camuzzi.

"Camuzzi no puede decidir qué leyes cumple y cuáles no. Mientras la Ley 5860 esté vigente, debe ser respetada por todas las empresas que prestan servicios públicos en Río Negro. Si considera que la norma es inconstitucional, debe recurrir a la Justicia, pero no puede desconocerla por decisión propia", sostuvo Odarda.

(LEGISLATURA DE RÍO NEGRO QUE APROBÓ EL MES PASADO LA LEY POR UNANIMIDAD)

La ley, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, no solo suspende los cortes: también obliga a las prestadoras a garantizar planes de pago adecuados para los usuarios alcanzados. En su presentación, Odarda pidió que la ART intime a Camuzzi a cumplir de inmediato, ponga a disposición los formularios correspondientes y aplique las multas diarias previstas en el artículo 9° de la norma hasta que la empresa regularice la situación.

"Estamos frente a un servicio público esencial. Negar el acceso a un derecho consagrado por una ley provincial vigente pone en riesgo a las familias rionegrinas, especialmente en pleno invierno. El Estado debe hacer cumplir la ley y garantizar la protección de los sectores más vulnerables", concluyó la legisladora.

El antecedente de Cinco Saltos preocupa particularmente en Bariloche, donde las temperaturas bajo cero se sostienen durante meses. Si Camuzzi repite en la ciudad la misma lógica de desconocer la Ley 5860 —como ya lo hizo con otros reclamos vinculados a tarifas y conexiones en la Cordillera—, miles de jubilados, familias de bajos ingresos y hogares con personas con discapacidad podrían quedar sin ninguna protección frente a un corte de servicio en pleno invierno.

La ley 5860 sigue vigente y sigue siendo de cumplimiento obligatorio para todas las prestadoras de servicios públicos en la provincia, más allá de lo que la empresa decida unilateralmente.