Por: Bache3000

El concejal Leandro Costa Brutten confirmó que presentó una impugnación contra las resoluciones municipales que disponen la privatización y el traslado de los trabajadores del vertedero, en los mismos términos que ya había planteado el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM). El edil sostuvo que el intendente Walter Cortés "recibe a los trabajadores con la puerta cerrada del Centro Cívico" mientras que frente a los medios "agravia, maltrata y degrada", y calificó de "insólito" ese contraste entre su discurso público y el trato directo a los empleados.

Según explicó, la presentación plantea la nulidad de las resoluciones por falta de audiencia pública, tratándose de un servicio público que presta el municipio, y por la inexistencia de una ordenanza que respalde la medida. Costa Brutten fue categórico: "El Concejo Deliberante trabaja con ordenanzas y en este caso no hay una ordenanza que avale la determinación ilegal del intendente Walter Cortés", y adelantó que el cuerpo no convalidará "el vaciamiento y las privatizaciones".

El concejal pidió disculpas públicas a los trabajadores del área del vertedero y señaló un desagravio, recordando que Cortés los había acusado de venta de droga y de que el predio funcionaba como "zona liberada" por las fuerzas federales. Costa Brutten aseguró haber verificado esa versión ante el Juzgado Federal el año pasado, donde requirió al fiscal y al juez las filmaciones del sistema municipal de monitoreo que el intendente decía haber visto. La respuesta, según relató, fue que no existía ninguna presentación del intendente en ese sentido. "Mentira, chamuyo, degradación al trabajador municipal", disparó, y remarcó que una acusación de esa gravedad "el que la hace la tiene que probar, la tiene que acreditar".

El concejal sostuvo que recién ahora, con la resolución impugnada, salió a la luz un convenio firmado el año pasado que el municipio mantuvo "en forma secreta y reservada", y que según él explica el verdadero motivo detrás del ataque a los trabajadores: "Hay un negociado detrás de todo esto, como está pasando en distintas áreas del municipio". Costa Brutten fue más allá y planteó que la degradación y persecución al personal municipal —condicionamientos para participar en asambleas, prácticas que calificó de antisindicales— responden a la intención de seguir contratando y "pagando favores políticos", mencionando puntualmente el ingreso de personas vinculadas al Sindicato de Comercio y a otras estructuras.

El concejal también apuntó contra la forma en que se está llevando adelante la privatización, que a su entender carece de "licencia social" porque "la gente de Bariloche no acompaña la entrega del basurero, del repositorio, a una estructura privada". En ese marco, cuestionó que el municipio haya contratado a un supuesto especialista de apellido Chan, sin título ni experiencia en la zona, traído desde Junín, provincia de Buenos Aires, pese a la falta de trabajo que —según Costa Brutten— existe en Bariloche.

El edil también recordó un antecedente judicial previo, cuando el municipio aumentó el boleto del colectivo sin respetar el procedimiento de audiencia pública y el Concejo logró revertir la medida en la Justicia. "Le ganamos esa presentación, como le vamos a ganar esta otra presentación", aseguró.

"Es una vergüenza lo que está pasando en Bariloche", cerró Costa Brutten, en una intervención que fue acompañada por aplausos.