Por: Bache3000

Todo empezó, según la versión que circuló puertas adentro de la fuerza, con una vecina que denunció que un hombre le estaba pegando a una mujer. La policía llegó a la vivienda y ahí, cuentan fuentes policiales consultadas por este medio, el hombre —que estaba en el patio— empezó a tirar piedras. Después se habría sumado su hijo. Entre los dos, dice esa versión, agredieron a los efectivos e incluso intentaron sacarle el arma de fuego a uno de ellos. La policía disparó al aire y con balas de goma (por las fotos, a quemarropa), redujo a los dos hombres y se los llevó detenidos. La carátula: atentado y resistencia a la autoridad.

La otra versión es distinta, y empieza mucho antes de que golpearan el portón. El hombre trabaja en dos empleos y vive con sus hijos, uno de ellos próximo a ser madre. Esa noche estaba durmiendo después de ver el partido cuando cayó la policía. No hubo golpes, no hubo denuncia formal, no hubo orden de allanamiento: solo una discusión previa con su expareja, que se había ido de la casa y llamado a su madre. Lo que hubo, en cambio, fue un candado roto, un portón derribado, un televisor destruido, espejos rotos y las mascotas de la familia, que por poco no terminaron baleadas también.

Hay, además, una segunda causa judicial, casi un espejo invertido de la primera, abierta por presuntas lesiones en contexto de género. Ahí declaró la mujer por la que, en teoría, se había activado todo el operativo. Y dijo algo que desarma la premisa inicial: que no recibió ningún tipo de agresión física de parte de su expareja. La golpiza que sí recibió, contó, no fue de él: fue de la propia policía, cuando intentó interponerse para proteger a su hijo, al que sacaron desmayado de la vivienda, arrastrándolo y esposado. El juez de esa primera audiencia fue elocuente: no había denuncia que sostuviera el operativo. Lo que había, dijo, era un accionar policial y fiscal objetable, apoyado en el aire.

La segunda audiencia tuvo a los dos hombres presentes, acusados de haberle pegado a media comisaría —el informe policial habla de seis o siete efectivos agredidos—, y acusando a su vez a la policía de apremios ilegales y de haber entrado a la vivienda de manera ilegal. El hombre habló, contó su versión, y el juez calificó su relato de "creíble". Le reprochó además al fiscal Guillermo Lista, a cargo de la acusación, algo que en cualquier expediente debería ser elemental: no haber revisado los videos que había aportado la defensa antes de sostener la versión policial.

En esas imágenes se ve el ingreso a la casa, se ve cómo arrastran al hijo, y se ve, en las fotografías tomadas después, una cantidad de policías notoriamente desproporcionada para reducir a dos personas. A dos personas que estaban adentro de su vivienda, y en la que no consta orden judicial para ingresar y realizar ese calibre de operativo, y con esa violencia.

"A ellos los atendieron, y a mi hijo y a mí no me atendieron", le dijo el hombre al juez en la audiencia, y no hacía falta aclarar de quiénes hablaba. Cuando los llevaron a la comisaría, según su relato, todos los policías que decían haber sido agredidos pasaron por un médico. A él nadie lo revisó: fue otro detenido, un desconocido, quien terminó ayudándolo a sacarse un perdigón de la pierna. El brazo derecho, fracturado, recién iba a ser operado días después, con una placa —el mismo brazo con el que se gana la vida—. En las piernas, moretones y heridas de perdigón disparado, dice, a quemarropa.

El resto lo completó el barrio. Los vecinos salieron a la calle esa noche al escuchar el operativo, se llevaro golpes por acercarse a ayudar, filmaron con los celulares y después acercaron a la causa las grabaciones de sus propias cámaras de seguridad. No para defender una versión heroica: para señalar que ahí adentro había pasado algo que no cerraba.

Lo que queda, más allá de lo que digan las audiencias, son las marcas. Un brazo fracturado, enyesado, sostenido en cabestrillo. Rodillas y piernas cubiertas de heridas punzantes, como si el cuerpo hubiera sido usado de blanco. Una frente con la piel abierta. El hombre no va a poder trabajar durante varias semanas, con su familia esperando. Y todavía tiene miedo: dice que los patrulleros pasan despacio frente a su casa desde que salió, mirando. Nadie, hasta ahora, le explicó con claridad por qué entraron a su vivienda sin orden ni denuncia, por qué le pegaron, por qué le fracturaron el brazo, ni por qué terminaron golpeando también a la mujer que, en la versión oficial, era la víctima a proteger.

El expediente sigue su camino en Fiscalía, y la familia ya avanza con una denuncia penal propia por violación de domicilio, apremios ilegales y abuso de autoridad. Ahí se va a discutir, otra vez, cuál de las dos historias es la que realmente pasó esa noche: la de un operativo que redujo a dos hombres violentos, o la de una familia que terminó a los golpes por una denuncia que, cuando llegó el momento de sostenerla ante un juez, no estaba.