Por: Bache3000

Hay una montaña que se ve desde casi cualquier punto de Bariloche, y esa es, probablemente, la trampa. Porque el Catedral está ahí, blanco en invierno, verde el resto del año, tan presente que nadie termina de preguntarse de quién es en realidad. Se supone que es de todos. Lo dice la Carta Orgánica, en un artículo que alguien escribió con la convicción de que las palabras alcanzan para proteger algo: porción inalienable del patrimonio del pueblo de Bariloche. Inalienable. La palabra suena sólida, casi geológica, como si nada pudiera moverla. Y sin embargo la montaña se mueve. O mejor: la mueven.

Llevamos años de esto. En 2018 fue la readecuación del contrato, treinta años más de concesión firmados en medio de presiones que llegaron, se dice, desde el propio gobierno nacional de Mauricio Macri, interesado en destrabar la negociación a favor de la empresa. También se señala el rol, importante, del propio gobernador Alberto Weretilneck para que el proyecto salga en favor de CAPSA. Pero pocos lo nombran. 

En 2025 fue el aumento del pase, un 73 por ciento de un mes para el otro. Y ahora, en este invierno de 2026, es la propuesta de entregarle a la empresa 77 hectáreas en propiedad, no en concesión: en propiedad, para siempre, a cambio de que la ciudad reciba tierras urbanas para paliar la emergencia habitacional. Un canje. La palabra también suena razonable, hasta que uno se pregunta qué está canjeando exactamente cada parte, y descubre que una de las dos entrega algo que no termina nunca, y la otra entrega algo que —por definición— sí.

El argumento, esta vez, es el de siempre: si Bariloche no acepta la transferencia no habrá nuevas inversiones en el cerro hasta 2056- Y esto tampoco es nuevo. En 2016 la empresa ya había tensado la cuerda, cuestionando —nada menos— el rol de Bariloche como poder concedente, como si el dueño de la casa tuviera que pedir permiso para poner condiciones en su propia casa. Después, durante la gestión de Gustavo Genuso, volvió el mismo argumento, casi calcado: sin readecuación no hay inversión. Y funcionó. Funcionó tan bien que en 2018 se firmó la prórroga por treinta años. Ahora, en 2026, la frase vuelve a escucharse, apenas maquillada hacia la gestión de Walter Cortés: si Bariloche no entrega las 77 hectáreas, ¿tampoco habrá inversión hasta 2056? La pregunta no es nueva. Lo único nuevo es que, cada vez que se repite, a la empresa le sale mejor.

Conviene decirlo con claridad, porque si no la discusión se ensucia sola: nadie reniega acá de la inversión que CAPSA hizo en el cerro. Los medios de elevación funcionan, las pistas se ampliaron, hay una infraestructura que treinta años atrás no existía. Ese no es el punto, y confundirlo es, de hecho, la estrategia de quienes prefieren que la ciudad discuta agradecimiento en lugar de discutir alcances.

El problema no es que se haya invertido. El problema es qué tan grande se dejó crecer esa concesión, y a quién protege —o no protege— en el camino. Porque en casi cualquier centro de esquí del mundo la explotación está concesionada a una empresa privada: eso no es una rareza de Bariloche. Lo que sí varía, y mucho, es el diseño de esa concesión. En los modelos que funcionan, el esquema está armado para que la ciudadanía gane, no para que pierda: hay pisos de participación local garantizados, hay protección contractual para los operadores independientes, hay mecanismos para que la renta del cerro se derrame en la ciudad y no se quede empozada en un solo balance. Acá, en cambio, la concesión creció sin ese contrapeso, y lo que debería ser un engranaje de la economía barilochense —un círculo virtuoso donde ganan el instructor, el dueño del rental, el que alquila cuartos, el que vende empanadas al pie de la pista— terminó funcionando como un embudo: la riqueza entra por muchos lados y sale, casi toda, por uno solo.

Porque ahí está el otro problema, el que sí es de fondo: cuando una empresa ya tiene los medios de elevación, las máquinas pisapistas, los hoteles, los locales de Plaza Amancay y de Las Terrazas, un barrio propio y treinta años más de contrato asegurado, y encima le dan un pedazo de tierra en propiedad dentro del área estratégica, lo que en realidad se está firmando no es una ampliación de negocio. Es el fin de cualquier competencia futura. Es la certeza, escrita en escritura pública, de que en 2056 —cuando venza la concesión— nadie en su sano juicio va a presentarse a competir contra un dueño que ya tiene todo lo que hace falta para ganar antes de empezar. La licitación que debería garantizar que el cerro siga siendo de quien dice la Carta Orgánica que es, se convierte en un trámite decorativo. Un guiño hacia la ley, mientras la ley mira para otro lado.

Y mientras tanto, ¿qué le queda a la gente que vive del cerro? Porque esa es la parte que las actas del Concejo no cuentan bien, la que no cabe en un dictamen jurídico ni en una planilla de metros cuadrados: en el Catedral trabaja gente. Instructores de esquí que llevan veinte años enseñando a hacer la cuña en la misma pista, dueños de rentals que abrieron el local con un crédito y una changa, empleados de gastronomía que suben todos los días en combi desde el pie de la montaña, familias enteras que en julio viven de julio, porque el resto del año lo pasan esperando que vuelva la temporada.

Esa gente no aparece en el contrato de concesión. Aparece, si acaso, como dato colateral: alguien mencionó, en algún informe, que treinta años de escuelas y rentals independientes convivieron con CAPSA sin que el contrato dijera nunca, expresamente, que eso no podía ser. Fue una tolerancia, no un derecho. Y las tolerancias, cuando el dueño de la montaña decide que ya no le convienen, se terminan con un preaviso y un local que no se renueva.

Ahí aparece la otra pregunta, la que todavía nadie contestó del todo: si la empresa que controla el único acceso a la montaña —los pases, sin los cuales nadie esquía— empieza a vender paquetes propios de escuela, de alojamiento, de rental, más baratos que cualquier competidor independiente porque puede financiarlos con la renta de ese monopolio, ¿en qué momento eso deja de ser estrategia comercial y pasa a ser, lisa y llanamente, la forma legal de fundir a un vecino? El derecho tiene nombres técnicos para esto —venta atada, subsidio cruzado, abuso de posición dominante— pero el nombre que importa es más simple: alguien que vive del cerro hace treinta años puede quedarse sin trabajo no porque haga las cosas mal, sino porque el que reparte las cartas es también uno de los jugadores.

Y sin embargo, cuando uno mira lo que se discute en el Concejo, la conversación siempre termina en lo mismo: cuánto vale el metro cuadrado, si son diez dólares o son veinte, si el canje conviene o no conviene. Como si el problema fuera de precio. Como si alguna cifra pudiera compensar la pérdida de la palanca —la única palanca real que le queda a una ciudad para negociar su propio futuro— que es poder decir, en 2056, esto se licita de nuevo y puede ganarlo cualquiera.

Bariloche tuvo, este último tiempo, fondos del BID disponibles y sin usar para pensar un ente de gobernanza mixta del cerro, con voz de vecinos, de instructores, de hoteleros, de esquiadores residentes que ya no pueden pagar el pase que antes era parte de su vida cotidiana. No se usaron. Se prefirió, en cambio, seguir negociando puertas adentro, entre el intendente y el gobernador y la empresa, mientras el resto de la ciudad se entera por una gacetilla de lo que ya está prácticamente decidido. Y así, de reunión suspendida en reunión suspendida, de aumento en aumento, de aniversario de concesión en aniversario de concesión, se va consolidando algo que nadie votó nunca de manera explícita: que el Catedral, ese que se ve desde cualquier punto de la ciudad, ese que es la postal y la excusa y la economía entera de Bariloche, termine siendo, en los hechos, de una sola empresa. Y que a los barilochenses —a los que lo trabajan, a los que lo miran desde abajo, a los que juraron en una Carta Orgánica que era suyo— les quede, como todo patrimonio, el derecho de mirarlo pasar.