Por: Bache3000

La edil Laura Totonelli presentó este miércoles ante el Departamento Ejecutivo un extenso pedido de informe para que el intendente Walter Cortés explique por escrito los fundamentos, el criterio jurídico y el plan de transición detrás de la decisión de rescindir el convenio de operación, cobro, mantenimiento y mejoramiento del servicio de alumbrado público que el Municipio mantiene con la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) desde 1988.

El pedido, elevado en el marco del artículo 38 inciso 18 de la Carta Orgánica Municipal, apunta directamente contra dos resoluciones dictadas por el Ejecutivo: la 1853-I-2026, que rechazó un recurso presentado por la CEB sosteniendo que el convenio homologado por Ordenanza 140-C-88 no constituye una concesión de servicio público sino "un acuerdo de delegación de facultades de cobro y gestión"; y la 2415-I-2026, que directamente dispuso la rescisión del convenio a partir del 1° de septiembre de 2026, argumentando que el acuerdo estaba vencido tras sucesivas prórrogas automáticas.

La concejal quiere saber 

En los fundamentos de su nota, Totonelli marca un punto que promete dar que hablar: mientras la Resolución 1853 caracteriza el vínculo con la CEB como una simple delegación de cobro y gestión, la 2415 justifica la rescisión en la necesidad de que el Municipio recupere la "titularidad y gestión integral" del servicio. Dos resoluciones, dos lecturas distintas de la misma relación contractual que, según la concejal, "podría dar lugar a distintas interpretaciones respecto del alcance efectivo" de lo que hizo la cooperativa durante casi cuatro décadas.

El planteo no es menor: el propio convenio abarca la operación, el mantenimiento y el mejoramiento de todo el sistema de alumbrado público, tareas que exceden ampliamente el simple cobro de una tasa e involucran planificación, personal técnico especializado, atención de contingencias e inversiones permanentes.

Por eso, entre los 17 puntos del pedido, Totonelli exige saber qué organismo municipal se hará cargo del servicio a partir de septiembre, si el Municipio cuenta con personal, equipamiento y vehículos suficientes, quién es titular de los postes que sostienen la red, si existen acuerdos con las empresas de electricidad, telefonía, cable, fibra óptica y telecomunicaciones que hoy comparten esa infraestructura, y cuál es el costo anual estimado de asumir el servicio en forma directa —con la correspondiente modificación presupuestaria—.

La nota también pone el foco en el frente judicial: la concejal quiere saber si el Municipio fue notificado de acciones legales promovidas por la CEB a raíz de la rescisión, en qué estado procesal se encuentran, cuáles son las pretensiones de la cooperativa y si el Ejecutivo evaluó el impacto económico que podría significar una sentencia adversa. Además, pide conocer el estado de la deuda entre el Municipio y la CEB, y si se analizaron las consecuencias de la cláusula décimo quinta del convenio.

Al cierre de la nota, Totonelli recuerda que se trata de "un servicio público esencial para la comunidad" y que, por lo tanto, el Concejo Municipal debe contar con información completa para ejercer su función de control. El Ejecutivo tiene ahora los plazos que marca la normativa para responder, por escrito, cada uno de los interrogantes planteados.