Por: Bache3000

Los números salen del propio buscador público de sentencias del Poder Judicial de Río Negro, esa herramienta que la Justicia presenta como bandera de transparencia desde diciembre de 2023. Y transparenta, sí, pero también expone: entre el lunes de la semana pasada y el miércoles, se emitieron 253 sentencias definitivas, 296 interlocutorias, 9 homologaciones y 2 monitorias. De las interlocutorias, el 79% tuvo que ver con violencia. De las definitivas, más del 90%.

Traducido: aunque los plazos ordinarios se suspenden durante la feria, los casos de violencia familiar y de género no esperan. La Ley Orgánica del Poder Judicial los incluye entre los "casos urgentes" que deben atenderse los 365 días del año, junto con hábeas corpus, cuotas alimentarias y medidas cautelares. Pero cuando ocho de cada diez fallos de un período que debería ser de menor actividad terminan siendo por violencia, el concepto de "urgencia" empieza a parecerse más a una emergencia sostenida que a una excepción.

Un termómetro que no baja ni en pleno receso

El fuero Penal ni siquiera entra en esta cuenta: sus audiencias —formulaciones de cargos, Cámara Gesell, revisión de cautelares— se manejan aparte, a través de la Oficina Judicial, y también funcionan todos los días del año. Es decir, la cifra de 439 sentencias por violencia doméstica es un piso, no un techo.

Las homologaciones, la porción más chica del total, correspondieron a acuerdos laborales y de daños y perjuicios, casi una nota al pie frente al volumen de causas que involucran violencia familiar, protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y procesos de capacidad restringida.

El Poder Judicial puede exhibir sus números como un logro de accesibilidad —y lo son, en términos de acceso a la información—. Pero leídos con atención, esos mismos números también funcionan como diagnóstico: en Río Negro, ni las ferias frenan la violencia. Y la pregunta que queda picando no es si la Justicia responde a tiempo, sino por qué la demanda nunca da tregua.