Por: Bache3000

El bloque legislativo Vamos con Todos presentó una acción administrativa ante el Fiscal de Estado de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, para exigirle que promueva de inmediato acciones judiciales contra Camuzzi Gas del Sur y garantice el cumplimiento de la Ley Provincial 5860, que protege a jubilados, personas con discapacidad y familias vulnerables frente a los cortes de servicios esenciales.

La presentación, firmada por los legisladores José Luis Berros y Magdalena Odarda, reclama además una medida cautelar urgente para impedir que la empresa siga desconociendo una norma plenamente vigente.

Desde el bloque calificaron la situación como un hecho de extrema gravedad institucional: Camuzzi comunicó formalmente al Gobierno provincial que no acatará la ley, sancionada por la Legislatura y promulgada por el propio Poder Ejecutivo. Ante ese escenario, cuestionaron el silencio de la administración de Alberto Weretilneck.

"No existe mayor acto de debilidad política que permitir que una empresa monopólica le diga al Estado rionegrino qué leyes está dispuesta a cumplir y cuáles no", disparó Berros, quien advirtió que la inacción oficial convierte al Gobierno en cómplice de "un atropello institucional".

Según las denuncias de centros de jubilados, cooperativas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Camuzzi se niega a entregar los formularios de declaración jurada previstos por la ley y rechaza otorgar el beneficio a quienes están amparados por la norma.

Odarda apuntó directamente a los efectos concretos de la decisión empresarial: jubilados que deben elegir entre medicamentos o la factura de gas, personas con discapacidad y familias en situación desesperante, mientras la empresa "pretende quitarles el derecho a calefaccionarse en pleno invierno".

Desde Vamos con Todos remarcaron que, si Camuzzi entiende que la ley provincial choca con la normativa nacional, el camino es la Justicia y una declaración de inconstitucionalidad, no el incumplimiento unilateral. Mientras eso no suceda, la ley rige sin excepciones.

Berros fue tajante sobre el precedente que sentaría ceder ante la empresa: si una corporación puede decidir qué leyes acata, cualquier otra podría hacer lo mismo, lo que —advirtió— equivaldría a "renunciar a la soberanía institucional de Río Negro".

El bloque también apuntó contra la falta de reacción del propio Ejecutivo frente al incumplimiento de una ley que él mismo promulgó, y sostuvo que el Gobierno tiene la obligación constitucional de hacerla cumplir.

Los legisladores exigieron que la Fiscalía de Estado actúe con urgencia y consiga la medida cautelar para obligar a Camuzzi a respetar la ley en toda la provincia. "El Gobierno tiene que decidir de qué lado está: del lado de una empresa monopólica o del lado de su pueblo", concluyeron.