Por: Raúl A. Martiniau, Arquitecto

La elección de convencionales constituyentes tiene un objetivo único y excepcional: reformar la Carta Orgánica de la ciudad pensando el Bariloche y diseñar el marco institucional de la ciudad que heredarán quienes hoy todavía son niños o, incluso, quienes aún no han nacido.

Se trata de un mandato específico, limitado en el tiempo y de enorme trascendencia institucional, porque de él surgirán las normas que regirán la vida de la comunidad durante las próximas décadas.

La Convención Constituyente debería ser, por lo tanto, un fin en sí mismo. Sin embargo, en algunas oportunidades aparecen candidaturas que responden a una lógica diferente. La Convención deja de ser el objetivo para convertirse en una instancia de posicionamiento político: una oportunidad para medir el nivel de conocimiento público, instalar una imagen o proyectar una candidatura hacia futuros cargos electivos.

Esa situación constituye una distorsión del verdadero sentido de la elección. 

Son dos objetivos claramente distintos. Uno consiste en asumir el compromiso de debatir, consensuar y redactar las normas fundamentales que regirán el Derecho a la Ciudad. El otro responde a la construcción de una carrera política personal. Ambos pueden coexistir, pero cuando el segundo termina condicionando al primero, el verdadero sentido de la Convención comienza a desdibujarse.

El debate sobre la Carta Orgánica corre entonces el riesgo de quedar subordinado a estrategias electorales o intereses que exceden el mandato otorgado por los ciudadanos. 

En ese contexto es inevitable observar algunos hechos políticos. El gobernador participa activamente del proceso a través del partido que fundó hace más de una década y que, desde hace algunos meses, mantiene una presencia cada vez más frecuente en Bariloche, acompañado por una alianza política (aunque no formalizada) con el actual intendente.

Una década de gobierno provincial y este verano dejó a media ciudad sin agua por falta de inversión, avenidas sin terminar y nuevas promesas de dudosa ejecución. 

¿Esto ayuda a explicar por qué una Convención no debe convertirse en una plataforma electoral? Dentro de esa estrategia aparece la posibilidad de impulsar una candidatura testimonial a convencional constituyente.

Más allá de las personas, el interrogante es institucional: ¿la prioridad es redactar una mejor Carta Orgánica o fortalecer un proyecto político futuro? ¿Pueden candidatos ignotos y sin antecedentes de residencia de por lo menos diez años en la misma?

A ello se suma otro aspecto que merece reflexión. Cuando la actividad política se convierte en el principal medio de sustento económico de quienes la ejercen, resulta comprensible que cada elección sea considerada apenas un escalón hacia la siguiente. La lógica de la permanencia puede terminar desplazando la lógica del servicio público.

Algo similar ocurre cuando se formulan propuestas sin analizar previamente las competencias reales del municipio. Se ha planteado, por ejemplo, la necesidad de fijar en la Carta Orgánica un porcentaje destinado a la obra pública. Pero cabe preguntarse: ¿de qué obra pública estamos hablando?

Si se piensa únicamente en el pavimento, se está observando apenas la superficie del problema.

La verdadera infraestructura comienza mucho antes: con el agua potable y las redes cloacales, servicios cuya conducción institucional depende esencialmente de organismos provinciales, sin representación directa de los vecinos de Bariloche. La prestación eléctrica presenta una realidad parcialmente distinta, al existir una cooperativa local, aunque también condicionada por el marco regulatorio provincial.

Una Convención Constituyente no debería ser un ensayo para la próxima elección, sino un compromiso con las próximas generaciones.