Por: Bache3000

Hay una foto, en algún archivo municipal de Viedma, de un baño. Un baño chico, prefabricado, con chapa gris, pensado para que los turistas de El Cóndor no tuvieran que volver a upa hasta la casa cuando el mar los agarraba con ganas. Ese baño —ese objeto sin ninguna épica, esa cosa que uno usa y no vuelve a pensar— es hoy, en Río Negro, un síntoma. Porque a veces la política no se explica con un discurso ni con una foto de campaña: se explica con un inodoro que termina, después de mil vueltas, mudándose de la playa a la feria de la capital, sin que nadie sepa muy bien por qué, y aterrizando —esto sí se sabe, o se sospecha con papeles— en el bolsillo de la familia del intendente.

Conviene decir, antes que nada, algo que en Bariloche se olvida con facilidad porque Bariloche mira las montañas y no la ruta 3: Viedma es la capital de esta provincia. Ahí vive el gobernador cuando no anda de gira, ahí se firman los decretos, ahí el Poder Ejecutivo tiene su domicilio legal, valga la ironía. Y el intendente de esa ciudad, Marcos Castro, no es un jefe comunal cualquiera: hace apenas siete semanas, el 6 de junio, en un salón de eventos de Cipolletti, subió a un escenario para asumir como vicepresidente de la conducción renovada de Juntos Somos Río Negro, el partido de Weretilneck, el que gobierna la provincia desde hace años y que decidió, en 2026, venderse a sí mismo como una fuerza que se renueva, que abre juego a las nuevas generaciones, que "pone al partido en el centro de la agenda".

Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti, quedó de presidente. Castro, de vice. Ese es el currículum reciente del hombre cuya gestión hoy investiga —o debería investigar— el Tribunal de Cuentas de Viedma.

La denuncia la firmó, el 24 de julio, el concejal Julián Algañarás, y tiene cuarenta y una fojas más un audio que mandó por WhatsApp, que es la forma que tiene la política de estos años de dejar constancia de todo y de no creer en nada. Cuenta una historia con la estructura de esas parábolas que se repiten, con variaciones de escala, en cada rincón del país: un municipio necesita un baño, saca a licitar la obra, se presentan dos empresas, hay casi empate —treinta y un mil pesos de diferencia entre una oferta de cuarenta y cinco millones y otra de cuarenta y cinco millones y pico—, la ley dice que en ese caso hay que pedir mejora de precio, y la propia Contaduría Municipal, por escrito, en la fs. 332, se lo recuerda a quien tenga que decidir. Nadie pide la mejora. Se adjudica, directo, a Módulos Patagónicos S.A.S. Y Módulos Patagónicos S.A.S. tiene, entre sus dos socios, a un hombre llamado Nicolás Bambaci, que es —esto no lo inventó Algañarás, lo admitió el propio intendente en una radio— cuñado de Marcos Castro. El domicilio legal de la empresa, dice la constancia del Registro Nacional de Sociedades que acompaña la denuncia, es Tucumán 921 de Viedma. Y en Tucumán 921, según el padrón electoral que también se adjunta, vive el intendente.

De ahí en más, el expediente es una colección de esas pequeñas concesiones que, juntas, arman un país. La obra, adjudicada para instalar el baño en El Cóndor, terminó construyéndose en la Feria Municipal de Viedma, sin que ningún informe explique el cambio. Para meterla ahí hubo que demoler los baños que ya existían —con sus inodoros, su griferías, sus lavamanos, patrimonio municipal contante y sonante—, y el secretario de Obras Públicas, Martín Calderón, dio en una entrevista radial dos versiones distintas y contradictorias sobre si esa demolición convenía o no, hasta llegar a la frase que mejor resume el método: mejor demoler "antes que estar adivinando o hacer estudios que quizás no nos llegaban a dar tranquilidad".

Es una frase honesta, en su forma: la administración pública, en Viedma, decidió no averiguar. Después vinieron los adicionales —$664.216 de gastos extra, entre ellos un mueble para artículos de limpieza de dos metros cuarenta por sesenta centímetros que costó $2.400.000 sin que quede en el expediente el presupuesto que lo justifica— y una factura de anticipo financiero, la de $13.593.600, que aparece incorporada como fotocopia y no como foja original, en un trámite donde todo lo demás está prolijamente numerado a mano y en tinta azul. El cartel de obra, el que debía avisarle a cualquier vecino qué se estaba construyendo y con qué plata, nunca se colocó, aunque hay una foto de que se había fabricado.

Nada de esto, hay que decirlo con la prudencia con que lo dice el propio Algañarás, está probado: es una denuncia, un conjunto de indicios que el Tribunal de Cuentas tendrá que confirmar o descartar. Pero los indicios, puestos uno al lado del otro, dibujan algo muy conocido en la Argentina de los intendentes: el municipio como patrimonio de una familia, la ley como un obstáculo administrable, el control como un trámite que se sortea con una nota de "celeridad".

Lo nuevo, si hay algo nuevo, es el momento en que aparece: mientras el partido de gobierno en Río Negro se presenta en sociedad con un discurso de renovación generacional, de aire fresco, de "confiar en nuevas generaciones" —son palabras textuales de Buteler el día de la asunción—, uno de sus dos nombres propios, el vice, tiene un expediente de cuatrocientas cincuenta fojas que cuenta una historia bastante más vieja: la de un baño que, mirado de cerca, no es un baño, sino la forma más pequeña y más elocuente que puede tomar el poder cuando nadie lo mira.