Por: Bache3000
Hay una manera de contar una ciudad que es contar sus casas, y hay otra manera, más cruda, que es contar las casas que esa ciudad prefiere no ver. Río Negro, esta provincia que se piensa a sí misma como turística, patagónica, próspera —lagos, cerros, la nieve que cae y que todos fotografían—, tiene 240 barrios que no aparecen en esas fotos.
Se llaman, en el lenguaje seco de los papeles oficiales, "barrios populares": un eufemismo cómodo, una forma de no decir pobreza, de no decir abandono, de no decir que en pleno 2026 hay 36.000 hogares rionegrinos —36.000 familias, 36.000 mesas donde alguien se sienta a comer, o no— que viven al margen de lo que el resto de la provincia da por sentado: la luz que se enciende al apretar un botón, el agua que sale de la canilla, el inodoro que se conecta a algo más que a un pozo cavado en la tierra.
Son 33.000 viviendas. Ocupan poco más de 27 mil metros cuadrados de una provincia que tiene mucho más espacio del que sabe qué hacer con él. Y sin embargo ahí están, apretados, informales, creciendo —dice el informe, y conviene creerle— desde el año 2000 para acá: más de dos tercios de estos barrios nacieron en este siglo, lo que quiere decir que no son una herencia del pasado que alguien no llegó a resolver, sino una fábrica en funcionamiento, una maquinaria que sigue produciendo margen mientras la provincia mira para otro lado.

El diagnóstico tiene nombre y apellido: es de Tomás Guevara, investigador independiente del CONICET que trabaja en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Universidad Nacional de Río Negro, y que lleva años estudiando estos procesos de urbanización informal en distintos puntos del país. El trabajo se hizo en cooperación con la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables (FADEHS), y se publicó bajo el título "Integración sociourbana de barrios populares en Río Negro. Una propuesta de cara al 2027", como Documento de Trabajo N.º 2 de la serie ITES. Podría llamarse de otra manera: el mapa de la política no quiere ver.
Vayamos a los números, que en este caso no son fríos: son la temperatura exacta de una injusticia. El 4,6 por ciento de los hogares rionegrinos vive en estos barrios —una cifra que, dicha así, sola, podría parecer chica, casi anecdótica, el tipo de dato que se archiva y se olvida. Pero hay un truco en esa cifra, o mejor: hay una revelación.
Esos hogares son, en general, más numerosos, más hacinados, con más gente por techo que el promedio provincial. Y entonces cuando uno mide no las casas sino las personas, el número salta: el 13 por ciento de los rionegrinos —uno de cada ocho— vive en un barrio popular. Río Negro es, con ese porcentaje, la cuarta provincia del país en la lista que nadie quiere encabezar, y la primera de toda la Patagonia. La región de los paisajes más fotografiados del planeta es también, puertas adentro, la que concentra más gente viviendo así.

¿Viviendo cómo, exactamente? Acá es donde el informe deja de ser estadística y empieza a ser, casi, literatura del espanto cotidiano. Siete de cada diez barrios tienen la luz conectada de manera irregular: eso quiere decir cables que cuelgan, empalmes hechos a mano, el riesgo permanente de un incendio o una electrocución convertido en parte del paisaje doméstico, algo con lo que se convive como se convive con el clima. Siete de cada diez, también, tienen el agua así: irregular, informal, a veces un camión cisterna, a veces una bomba comunitaria, a veces —todavía, en 2026— un balde que alguien acarrea desde afuera del barrio porque adentro no hay caño que llegue.
Ocho de cada diez cocinan con garrafa. Ocho de cada diez, también, se calientan con leña —en una provincia donde el invierno no es una figura retórica, donde hace pocos días una nevada obligó a decretar la emergencia climática en Bariloche, a suspender clases, a cerrar rutas—, mientras miles de familias intentan entrar en calor quemando leña en un fueguito, sin la red de gas que el resto de la ciudad da por garantizada. Y en el 64 por ciento de estos barrios no hay un sistema de saneamiento que merezca ese nombre: el líquido va a un pozo negro, o a una cámara séptica que hace lo que puede, y desde ahí, uno imagina, se filtra hacia donde se filtra, hacia la tierra, hacia las napas, hacia el futuro.
Conviene decir, para no caer en la trampa de pensar esto como una fatalidad, como si fuera el clima o la geografía, que hubo un momento en que el Estado argentino decidió mirar este problema de frente. Fue tarde, como casi siempre: recién en 2017 se creó el Registro Nacional de Barrios Populares, el RENABAP, que por primera vez le puso un mapa y un número a esta Argentina informal que hasta entonces era, literalmente, invisible para el Estado —no estaba en los censos, no estaba en los catastros, no estaba, para decirlo con crudeza, en ningún lado salvo en la vida de la gente que la habitaba.

Después, con más demora todavía, se sancionó la ley 27.453, casi por unanimidad, declarando de interés social la integración de estos barrios. Y recién con el cambio de gestión de 2023 esa ley dejó de ser una promesa en un papel y se convirtió en plata real: la Secretaría de Integración Sociourbana, el Fideicomiso de Integración Sociourbana, financiado con una porción del Impuesto País y del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Por primera vez, dice el informe, hubo una inversión sin precedentes en llevar servicios básicos y mejoras habitacionales a estos barrios.
Duró poco. La gestión de Javier Milei desarmó esa política, desfinanció el fideicomiso, devolvió el problema —como quien devuelve un paquete que no quiere abrir— a las provincias y los municipios. Y ahí es donde aparece el segundo hallazgo, tal vez el más incómodo, de este informe: Río Negro no tiene, hoy, ningún organismo que se ocupe específicamente de esto. Ningún ente, ninguna secretaría, ninguna oficina con el mandato claro de planificar, coordinar y ejecutar una política de integración sociourbana. Las responsabilidades están repartidas —dice el estudio— entre organismos con competencias parciales, lo que en criollo quiere decir: entre nadie. Cuando todos son un poco responsables de algo, nadie termina siéndolo del todo. Y mientras tanto, los barrios siguen ahí, sin dueño institucional, esperando.
La propuesta que hace Guevara, entonces, tiene la lógica implacable de lo obvio, que es casi siempre la lógica que más cuesta poner en práctica. Primero: que la provincia adhiera formalmente a la ley nacional 27.453, para darle piso jurídico y continuidad a una política que hoy no tiene ni una cosa ni la otra. Segundo: crear un organismo específico, un ente autárquico —el informe lo llama, sin mucha vergüenza por el eco bonaerense, OPISU RN, calcado del modelo que ya existe en la provincia de Buenos Aires—, que dependa del Ministerio de Gobierno y que por fin tenga la tarea, y los recursos, y el mandato de ocuparse de esto y sólo de esto. Tercero, y acá está el nudo de todo, porque las buenas intenciones sin plata son sólo buenas intenciones: financiarlo con el quince por ciento de las regalías mineras que hoy van, sin destino específico, a las rentas generales de la provincia. Es decir: que una parte de lo que la tierra da, en un lugar donde la tierra da bastante, vuelva a la gente que menos tiene de esa tierra.
Con ese esquema —dice el informe, con la prudencia de quien sabe que está proyectando, no prometiendo— sería posible integrar unos 50 barrios por cada período de gobierno. Lo cual, hecha la cuenta, significa que llevaría veinte años terminar con la totalidad de los 240 barrios populares que hoy tiene la provincia. Veinte años: una generación entera de chicos que van a nacer, crecer y quizás ya tener hijos propios antes de que el problema esté resuelto, si es que se empieza ahora, si es que alguien decide empezar. Porque ésa es, al final, la pregunta que este informe deja flotando, más allá de sus gráficos prolijos y sus porcentajes exactos: no es si el diagnóstico es correcto —lo es, está hecho con el rigor de quien mide antes de opinar—, sino si hay, en algún despacho de Viedma, alguien dispuesto a leerlo y a hacer algo distinto de lo que se hizo hasta ahora, que fue, durante demasiado tiempo, nada.