Por: Bache3000

El Gobierno nacional remitió este jueves al Congreso un proyecto de ley que reforma de manera integral la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), vigente desde 1992 con modificaciones parciales en 2002 y 2012. La iniciativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, y fue formalizada mediante el Mensaje N° 226/2026, dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El corazón de la reforma es la vuelta a un mandato único para la autoridad monetaria: preservar el valor de la moneda, dejando atrás el esquema introducido por la ley 26.739 que le exigía además promover la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El texto oficial sostiene que un organismo con demasiados objetivos termina sin responsabilidad clara sobre ninguno, y compara la fórmula propuesta con la que rige en el Banco Central Europeo y en los bancos centrales de Chile, Perú, México y Uruguay.

El proyecto también endurece las condiciones para remover a los miembros del directorio. A partir de ahora solo podrán ser destituidos por causales taxativas —violación de incompatibilidades, incapacidad sobreviniente o falta grave y manifiesta vinculada a hechos concretos— y la decisión final deberá contar con el aval de dos tercios de los miembros presentes en ambas cámaras del Congreso, no solo de Diputados como ocurre hoy. El texto es explícito: nadie podrá ser echado por resistirse a bajar la tasa o emitir para financiar gasto público.

Uno de los puntos centrales es la prohibición absoluta de que el Central preste dinero al Tesoro, a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires o a los municipios, sin excepciones. Se deroga el artículo que habilitaba los llamados adelantos transitorios, el mecanismo que en los últimos años permitió al Gobierno tomar fondos del BCRA para cubrir el déficit. Según el propio mensaje, el cupo disponible bajo ese artículo hoy rondaría los 36,6 billones de pesos, una cifra que equivale a más del 80% de la base monetaria actual.

La reforma apunta especialmente a terminar con las llamadas "reservas de libre disponibilidad", el mecanismo legal que desde 2005 permitió al Tesoro usar reservas del Central para pagar deuda a cambio de letras intransferibles sin mercado ni rendimiento real. El stock de esas letras alcanzó un valor nominal de 69.400 millones de dólares a abril de 2025, según cifras citadas en el propio proyecto.

También se modifica el régimen de distribución de utilidades: de ahora en más, el Central solo podrá transferirle "ganancias" al Tesoro cuando sean realizadas y líquidas, quedando expresamente excluidas las que surjan de la devaluación del peso o de variaciones en el precio del oro. Mientras existan letras intransferibles y adelantos transitorios pendientes de cancelación, esos resultados de valuación se destinarán exclusivamente a saldar esa deuda del Estado con el Banco Central.

El proyecto elimina además la presencia del ministro de Economía —o su representante— en las reuniones de directorio del BCRA, deroga el artículo que obligaba al organismo a opinar sobre el endeudamiento externo del país y actualiza el marco operativo para que el Central pueda operar con un menú más amplio de instrumentos financieros, incluyendo oro y activos externos como garantía.

Con este envío, el Ejecutivo busca dar un marco legal permanente a la política de "déficit cero" y de no emisión monetaria para financiar al Tesoro, ahora ya sin depender de decisiones administrativas del Banco Central sino de un cambio estructural en su ley orgánica.