Por: Bache3000

Hay algo casi cómico —cómico como pueden serlo las tragedias que todavía no terminaron de pasar— en la idea de que la respuesta al fuego sea un expediente. Que un incendio, que es lo más rápido y lo más caótico que existe, algo que se mueve sin pedir permiso, termine dependiendo de una foja 90, de un informe de razonabilidad, de un precio que alguien decidió comparar con el año equivocado. Río Negro decidió, para la temporada de incendios 2025/2026, que su respuesta iba a tener nombre y apellido de guerra: un Black Hawk. UH-60. El helicóptero que uno ve en las películas bajando tropas en la selva, ahora bajando agua sobre el cordón andino. La provincia lo anunció con el entusiasmo con el que se anuncian las cosas que cuestan más de seis millones de dólares: como una hazaña.

El problema —el problema que esta serie va a ir desarmando, entrega por entrega, como quien deshace un nudo que alguien hizo a propósito— es que ese precio, los seis millones, no salió de la nada. Salió de un informe. Y ese informe, se puede probar, dejó afuera un número que lo hubiera hecho todo distinto.

 

 

 

Vayamos al origen. El área de Operaciones Aéreas del SPLIF, a cargo del piloto forestal Gustavo Artacho, mandó a pedir cotizaciones el 5 de septiembre de 2025. Respondieron, entre otras, Aeroguardian S.A., Helipower y Explorair —una empresa chilena que en la Argentina opera a través de su filial local, Helicopters AR S.A., tal como exige la ley de sociedades para las firmas extranjeras—. La cotización de Explorair, según surge de la documentación, ofrecía el mismo tipo de aeronave —un Black Hawk— a 4.500.000 dólares. Las otras dos, Aeroguardian y Helipower, cotizaban más caro.

Con esos tres números en la mano —los tres, los tenía, están fechados el mismo día— Artacho armó un informe, con fecha 9 de septiembre, que fijó el precio de mercado sobre la base de solo dos de las tres cotizaciones: Aeroguardian y Helipower. La de Explorair, la más barata, la de 4.500.000 dólares, no entró en la cuenta. El precio de mercado que salió de ese informe terminó siendo, meses más tarde, la base de un contrato que se adjudicó por 6.642.000 dólares. Ese número no bajó del cielo: salió de un informe que, pudiendo mostrar tres precios, mostró dos, y dejó afuera justamente el que más bajaba la vara.

Hay más. En ese mismo informe, para justificar por qué el valor de mercado era tan alto, Artacho usó como referencia un precio pagado el año anterior, en una temporada distinta, bajo una contratación de emergencia —que por su propia naturaleza, por la urgencia con la que se hace, sale más cara—. Comparar el precio de una emergencia del año pasado con el de una licitación programada de este año es, para decirlo simple, comparar dos cosas que no se parecen, y el resultado de esa comparación fue, otra vez, un número más alto de lo que el propio mercado, ese mismo día, estaba ofreciendo.

Y todavía hay un tercer dato, este de una escala distinta: el pliego que finalmente salió a licitación no pedía un servicio para una temporada, sino para treinta y seis meses. Siete temporadas de cuatro meses cada una, si alguien quiere hacer la cuenta. A los precios que manejaba el propio expediente, eso convertía a esta licitación en un negocio de más de 30.000.000 de dólares. La Fiscalía de Estado, cuando tuvo que opinar, achicó ese plazo a un año y le pidió al SPLIF que "ampliara los fundamentos" de por qué había armado el pliego así.

Artacho respondió. Y acá está, quizás, el gesto más elocuente de toda esta primera parte de la historia: en su ampliación, volvió a usar buena parte de los datos de aquel informe de septiembre que no había mostrado antes. Pero esta vez, otra vez, sin la cotización de Explorair. Justificó por qué hacía falta específicamente un Black Hawk —por su capacidad de movilizar personal y recursos, por el estándar de 200 horas en 120 días que recomendaba mantener— y llegó, con los mismos números de siempre menos uno, a la misma conclusión de siempre.

El pliego avanzó sin hacerse ruido. Y avanzó con dos condiciones que, miradas hoy, parecen hechas a medida: exigía un hangar propio en Bariloche, y exigía que la aeronave ofertada fuera esa aeronave específica, sin posibilidad de cambio, porque las horas se cotizaban para ese helicóptero y no para otro. El 21 de octubre de 2025 —más de un mes antes de que la licitación saliera publicada, cuando ninguna empresa competidora sabía todavía que esto existía— Aero Guardian S.A. ya había firmado un contrato de alquiler de hangar con un particular, Orlando Darío Colombi. Ese contrato quedó incorporado, después, como parte de la oferta técnica ganadora.

Hay, en el medio de esos días, un mail que después nadie mencionaría en ninguna defensa oficial, pero que está ahí, con fecha y hora: el 28 de noviembre de 2025, a las 11:27, tres días antes de que se abrieran los sobres, Matías Osterc —presidente de Aero Guardian S.A.— le escribió a la Subsecretaría de Compras y Suministros pidiendo que se extendieran los plazos de entrega, "en virtud de la premura y plazos acotados" del pliego, porque el requerimiento técnico involucraba "plazos marítimos/aéreos" y trámites ante "organismos públicos nacionales e internacionales".

Es decir: antes de presentar la oferta, antes de ganar la licitación, antes de que nadie hablara todavía de permisos ITAR (que sirven para volar por otros paises) ni de aeronaves varadas en Estados Unidos, la propia empresa ya le estaba avisando al Estado que había un problema de tiempos para traer lo que iba a ofrecer. La respuesta, firmada por la subsecretaria Cyntia Ruiz ese mismo día, fue escueta: el organismo "no prevee extensión del plazo para la apertura del 1° llamado a Licitación". El problema, entonces, no apareció en enero. Estaba anunciado por escrito desde antes de que arrancara el juego.

En el medio de todo esto, el 13 de noviembre, la provincia declaró la emergencia ígnea por decreto 1004/2025. Ese decreto habilitaba al Ministerio de Producción a saltearse toda la licitación y contratar de forma directa. Según consta en los correos incorporados al expediente, fue el propio Artacho quien pidió que se acelerara el trámite invocando esa emergencia. Pero lo que se aceleró, en los hechos, no fue una contratación directa: fue una licitación pública que se publicó recién el martes 25 de noviembre, con apenas tres días de plazo. Al día siguiente (26) salió una circular aclaratoria que, por norma, debería haber reiniciado el conteo de esos días. No lo reinició. Y antes de esa publicación, la administración tenía la obligación de notificar de manera directa a todas las empresas interesadas en participar. Invitaron a varias. No invitaron a la que había cotizado el precio más bajo en septiembre.

Esa empresa se enteró de que la licitación existía recién el 27 de noviembre, por la publicación en el Boletín Oficial. El 1° de diciembre, el mismo día en que se abrían los sobres, presentó una nota advirtiendo que los plazos no se habían cumplido. Se abrieron los sobres igual. Aero Guardian S.A. había incorporado a su oferta, en la foja 18, un compromiso de mejorar el precio de cualquier otra empresa que cotizara más barato —una cláusula que, sin la cotización de Explorair sobre la mesa, no tenía a quién mejorarle el precio.

El acta de adjudicación se firmó entre el 1° y el 19 de diciembre, y el dictamen final —de fecha 7 de enero de 2026— fijó el monto total del contrato en 6.642.000 dólares, por 200 horas garantizadas con un máximo de 300, en un período de 120 días. Según pudo reconstruir esta redacción a partir de fuentes cercanas al conflicto, la diferencia entre ese monto y los 4.500.000 dólares que se habían dejado afuera del informe de precios generó, puertas adentro del gobierno, más de un comentario incómodo.

El 11 de diciembre, según las mismas fuentes, hubo una reunión de gabinete en la que se pidió actuar con la mayor diligencia posible frente al avance del fuego —que, en ese momento, estaba concentrado en la provincia vecina de Chubut—. Ese mismo día, siempre según esta reconstrucción, el ministro Carlos Banacloy llamó por teléfono a Diego Góngora, de Helicopters AR S.A., y le preguntó en cuánto tiempo podía tener un helicóptero disponible. La respuesta, dicen esas fuentes, fue inmediata: 48 horas, con un helicóptero operativo y uno de soporte. Eran, además, los mismos modelos que la propia licitación había pedido en un principio.

Lo que sí está en el papel es lo que pasó después. El 19 de diciembre, la empresa que había cotizado más barato en septiembre quedó formalmente afuera del proceso. El 26 de diciembre, esa misma empresa impugnó el acta de adjudicación: cuestionó los plazos, cuestionó el seguro de caución, cuestionó que la aeronave ganadora no cumpliera con los requisitos técnicos del pliego —no entraba el personal que exigía el servicio, ni el motor levantaba el peso necesario— y ofreció, para probarlo, un perito aeronáutico independiente. La respuesta de la administración, en ese primer round, fue cuestionar la idoneidad de la abogada que había presentado el escrito. Del perito ofrecido, en esa respuesta, no se dijo nada.

Esa primera ronda —el perito ignorado, el informe técnico que terminaría escribiendo, de manera insólita, la propia empresa cuestionada— es apenas el principio de lo que sigue. Porque el helicóptero por el que se peleó todo esto, el que justificó cada peso de la licitación, nunca llegó a pisar Bariloche. Lo que aterrizó, meses después, fue otra cosa. Y mientras todo esto se discutía en fojas y dictámenes, el fuego no esperó: la temporada de incendios siguió su curso en pleno verano, con un servicio que la provincia podría haber tenido resuelto, más barato y más rápido, si hubiera usado las herramientas que ya tenía a mano. Esa es la parte de la historia que todavía falta contar. Será en los próximos días.