Por: Bache3000

El próximo jueves, a las 17 horas, Bariloche será escenario de una nueva movilización multisectorial. Organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, políticas, asambleas y vecinos autoconvocados se concentrarán en Onelli y Moreno para marchar hasta la Plaza del Centro Cívico, en el mismo horario en que el Senado tratará en sesión el proyecto que reforma la Ley de Tierras Rurales, entre otros ítems. 

La convocatoria se definió el viernes pasado en una asamblea realizada en la sede de UnTER, de la que participaron alrededor de 100 personas provenientes de distintos espacios: sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y ambientales, colectivos feministas, vecinxs autoconvocadxs e integrantes del pueblo mapuche. Bache3000 anticipó ese encuentro, del que surgió el documento "El territorio no se vende: en defensa de la soberanía y la Ley de Tierras".

Desde la asamblea señalaron: "El proyecto en debate modifica la Ley de Tierras Rurales y habilita a las provincias a regular, autorizar o prohibir operaciones inmobiliarias. Investigadores/as y especialistas advierten que la iniciativa podría profundizar la extranjerización de territorios estratégicos con agua, minerales, bosques nativos y zonas de frontera". El comunicado agrega: "En un contexto de ajuste y despidos en organismos públicos como CNEA, CONICET, INTA, entendemos que este proyecto representa un nuevo avance sobre la Soberanía Nacional y sobre los bienes comunes de lxs argentinxs".

El Gobierno negocia un tope y busca destrabar la sesión del jueves

Con la sesión del Senado ya agendada para el jueves 6 de agosto y un tratamiento que el oficialismo prevé empantanado, La Libertad Avanza cedió en uno de los puntos más resistidos del proyecto: aceptó incorporar un tope a la cantidad de tierras que pueden estar en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial. Según confirmaron fuentes oficiales, el nuevo límite sería del 25%, un porcentaje mayor al vigente pero que modera la redacción original del proyecto, que no establecía ningún máximo.

El nuevo borrador establece "la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia". Aun con el ajuste, la cifra implica una flexibilización respecto de la ley vigente desde 2011, que fija el tope en 15% tanto a nivel nacional como por provincia y departamento. Patricia Bullrich encabezará este martes a las 16 horas una conferencia de prensa para explicar en detalle los cambios introducidos en el texto que el oficialismo llevará al recinto.

En Bariloche, la discusión tiene un correlato territorial concreto: el departamento concentra casi el 14% de su territorio en manos extranjeras, mientras que en Pilcaniyeu esa proporción supera el 10%.

Qué dice la encuesta de Zuban Córdoba

Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba, difundida días atrás relevó la opinión pública sobre el tema. El sondeo, realizado entre el 16 y el 18 de julio sobre 1.400 casos —con un margen de error de ±2,62% y un 95% de nivel de confianza—, mostró que el 77% de los argentinos está a favor de limitar la venta de tierras a extranjeros. Un 16,7% se manifestó en desacuerdo con esa limitación, y un 6,3% dijo no tener conocimiento sobre la cuestión.

La consultora consultó puntualmente: "¿Hay que limitar la compra de tierras por parte de extranjeros?". La contundencia de la respuesta contrasta con el rumbo que había tomado el proyecto original del Gobierno, que eliminaba las restricciones vigentes desde 2011 y que recién esta semana empezó a moderarse con la incorporación del tope del 25%.

En este escenario, la calle y las encuestas empujan en la misma dirección: una amplia mayoría social a favor de sostener o profundizar los límites a la extranjerización. Habrá que ver si ese consenso se traduce en cambios más profundos al texto que el Gobierno lleve al recinto, o si el tope del 25% termina siendo el techo de la negociación. La marcha del jueves en Bariloche, coincidente con movilizaciones similares frente al Congreso y el país, será la primera movilización de ese reclamo en la misma jornada en que los senadores definan el futuro de la ley.