Por: Bache3000

El concejal Leandro Costa Brutten, presidente del bloque Incluyendo Bariloche, presentó el Proyecto de Ordenanza N.° 677-26, que encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal promover e impulsar, dentro de los sesenta días corridos desde su promulgación, todas las acciones judiciales necesarias para obtener un pronunciamiento definitivo sobre la validez jurídica de la readecuación contractual aprobada mediante la Ordenanza 2929-CM-18.

El objetivo final es lograr la rescisión del contrato de concesión del Centro de Deportes Invernales Dr. Antonio Lynch del Cerro Catedral, que la Municipalidad mantiene con la empresa Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA). Se trata de un proyecto que Bache3000 había anticipado la semana pasada, cuando adelantó que desde el Concejo se preparaba una iniciativa para forzar una revisión judicial de fondo sobre el vínculo contractual con la concesionaria del principal centro de esquí de Sudamérica.

El proyecto se apoya en un antecedente clave: los autos "Ramos Mejía, Alejandro c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/ Contencioso Administrativo", en los que la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería declaró abstracta la cuestión de fondo sobre la Resolución N.° 6961-I-17, tras el desistimiento del actor, dejando firme la Ordenanza 2929-CM-18 sin que se llegara a expedir sobre su validez.

Según remarcan los fundamentos del proyecto al que accedió este medio, esa circunstancia procesal —la pérdida de objeto por desistimiento— no equivale a una convalidación judicial del contenido del contrato, y deja en manos del Municipio la potestad de evaluar la continuidad del vínculo.

(Cerro Catedral y una concesión más que polémica por las restricciones y falta de consensos de Catedral Alta Patagonia)

Incumplimientos ambientales, tarifarios y de infraestructura en la mira

El texto enumera una serie de incumplimientos que, según sus fundamentos, justifican avanzar con la acción de rescisión. En materia ambiental y urbanística, se señala una multa de casi 36 millones de pesos aplicada por el EAMCEC (Ente Autárquico Municipal Cerro Catedral) y ratificada por el intendente, además del proyecto inmobiliario en 79 hectáreas de la montaña que, según el proyecto, fue cuestionado por organismos como Greenpeace y el SEGEMAR por su localización en zonas de alta peligrosidad natural y por la eventual violación a la Ley Nacional N° 26.331 de Bosques Nativos . También se apunta contra la falta de un estudio de impacto ambiental acorde a la magnitud del proyecto y contra la obsolescencia de los medios de elevación, con más de treinta años de antigüedad, lo que —sostiene el texto— pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

En el plano tarifario y de derechos de los residentes, el proyecto retoma un dato que ya había circulado en la comunidad: la pérdida de más de 10.000 esquiadores entre las temporadas 2023 y 2024, atribuida a los valores elevados de los pases. También describe la temporada invernal 2025, en la que los residentes que pagaron un pase anual de 640.000 pesos accedieron a un servicio que, por falta de nieve y decisiones empresariales, operó con menos del 7% de las pistas habilitadas.

En suma, el proyecto de urbanización que impulsa CAPSA en el cerro —con hoteles, barrios privados y centros comerciales— es descripto como una posible "economía de enclave" que desviaría el flujo turístico del centro de Bariloche y perjudicaría a comerciantes y hoteleros locales.

Este cúmulo de denuncias se suma a una serie de conflictos que Bache3000 viene documentando en las últimas semanas y que configuran el clima en el que llega el proyecto. En pleno invierno, crecieron las denuncias por restricciones al acceso de fotógrafos independientes, que reclamaron ante CAPSA por la negativa a otorgarles los pases especiales reconocidos históricamente para trabajar en la montaña, en una práctica que ya había sido sancionada en 2012 por la entonces Secretaría de Comercio Interior por abuso de posición dominante.

También se denunció la eliminación de los espacios de estacionamiento para personas con discapacidad ubicados junto al ingreso del cerro, reemplazados por un sector alternativo a casi treinta cuadras y sin condiciones de accesibilidad, y la prohibición para que esquiadores residentes mayores de 70 años pudieran seguir practicando el deporte que, según remarcaron distintos concejales, "ayudaron a construir" en la montaña.

A ese cuadro se agregó, en plena temporada, el conflicto laboral con la Patrulla de Cerro Catedral: CAPSA desvinculó a cuatro pisteros socorristas con contrato eventual en medio de un reclamo salarial, lo que derivó en demoras en la apertura de la montaña por falta de garantías de seguridad y en la presentación de un petitorio gremial que incluyó la reincorporación de los trabajadores despedidos. Ese episodio, sumado a una evacuación de emergencia en la telesilla Nubes que expuso las limitaciones de la dotación de seguridad, había puesto en el centro del debate público la relación entre la reducción de personal y la falta de cobertura ante emergencias en la montaña.

(Concejal Leandro Costa Brutten, presidente del bloque Incluyendo Bariloche)

El proyecto también recoge declaraciones del intendente Walter Cortés, quien en distintas presentaciones públicas —entre ellas la conferencia de prensa por la 55° Fiesta Nacional de la Nieve— cuestionó a CAPSA por mantener el cerro "desierto" durante el verano y advirtió que "se termina la paciencia" del Ejecutivo con la concesionaria, sin descartar una eventual rescisión del contrato. Los fundamentos del proyecto retoman esa postura del intendente como un respaldo político a la iniciativa de Costa Brutten, al sostener que el propio Jefe del Departamento Ejecutivo ratificó "la existencia de causales graves que justifican la extinción del vínculo contractual".

Qué establece la ordenanza si prospera

Además de encomendar el inicio de las acciones judiciales, el proyecto encomienda al Tribunal de Contralor Municipal expedirse en un plazo de treinta días hábiles sobre el estado de cumplimiento del contrato de concesión y aportar toda la documentación útil para la acción judicial. También establece que, hasta que exista sentencia firme, el Departamento Ejecutivo deberá abstenerse de suscribir nuevos convenios, contratos, adendas, permisos o modificaciones que impliquen ampliar los derechos emergentes de la readecuación aprobada por la Ordenanza 2929-CM-18, así como de aprobar nuevos proyectos de inversión, urbanización o desarrollo inmobiliario basados en ese marco contractual, salvo los actos estrictamente necesarios para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los usuarios. El Ejecutivo deberá además informar mensualmente al Concejo sobre el avance de las acciones judiciales.

El texto prevé un capítulo específico para el escenario posterior a una eventual sentencia: si la Justicia declara la invalidez total o parcial de la readecuación contractual o resuelve la rescisión del contrato, el Municipio deberá convocar, dentro de los 180 días corridos, un proceso amplio de participación ciudadana para definir el futuro régimen de administración, explotación y gestión del centro de esquí, cuyas conclusiones deberán ser consideradas para la elaboración de la nueva normativa que regirá el Cerro Catedral.

El proyecto, de autoría de Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), ingresó formalmente al Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche y quedará ahora en manos de las comisiones correspondientes, en un contexto donde el futuro del principal centro de esquí de Sudamérica se perfila, una vez más, como uno de los ejes centrales de la agenda política local.