martes 04 de agosto de 2026 - Edición Nº537

Bache Investiga | 4 ago 2026

LA PATAGONIA ÁRABE

El emirato en la montaña: Baguales, el caso barilochense que desmiente el discurso nacional sobre tierras extranjeras

11:05 |Mientras el Senado trata este jueves el proyecto que flexibiliza la venta de tierras rurales y Bariloche se moviliza en rechazo a la iniciativa, un complejo de esquí a 60 kilómetros de la ciudad expone la trampa del debate: no hace falta que un Estado extranjero compre un metro cuadrado para que termine siendo, de hecho, el dueño.


Por: Bache3000

Este jueves 6 de agosto, mientras el Senado de la Nación retome en el recinto el debate sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, Bariloche tendrá su propia réplica de esa discusión con una movilización hacia el Centro Cívico. Pero antes de que el Congreso vote topes y porcentajes en artículo de tierras rurales, en la cordillerana rionegrina ya existen casos que muestran cómo funciona la extranjerización de la tierra cuando no queda registrada bajo el nombre de otro Estado. Un ejemplo de esto es el exclusivo complejo de esquí Baguales.

Ubicado a unos 60 kilómetros al sur de Bariloche, entre el lago Guillelmo y el cerro Carreras, Baguales fue habilitado en 2013 por el grupo belga Burco sobre unas 10.000 hectáreas de bosque nativo, en plena cuenca del Puelo-Villegas. No es un centro de esquí tradicional: es un lodge de montaña para esquí de travesía y catskiing, con capacidad para doce huéspedes y otros cuatro refugios en altura, pensado para turistas de alto poder adquisitivo que pagan sus estadías en dólares.

En 2017 esas tierras cambiaron de manos. La compradora fue Baguales Acquisitions S.A., que adquirió las parcelas —hoy inscriptas a nombre de Río Villegas S.A.U.— con la firma visible del extenista Gastón Gaudio, socio y administrador del emprendimiento. Detrás de ese nombre conocido aparece, sin embargo, un actor de otra escala: la Casa Real de Qatar, que maneja directamente los asuntos de Estado de ese país. En su momento la prensa británica informó que el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar desde 2013 y heredero de una de las fortunas más grandes del mundo, asumió personalmente la propiedad de las tierras de la mesada Baguales.

(Así se promociona el complejo Baguales en su página web)

El agua como negocio: las hidroeléctricas que autorizó el gobierno de Río Negro

El capítulo menos conocido de Baguales, y el más determinante, es el del agua. Ya en 2014, todavía bajo control de Burco, se tramitaron ante el Departamento Provincial de Aguas (DPA) las primeras autorizaciones para el establecimiento Los Baguales Mountain Reserve. Al año siguiente, sin estudio de impacto ambiental, el organismo provincial otorgó permiso para cuatro captaciones de agua destinadas a emprendimientos turísticos, sin que las coordenadas de esas tomas figuraran en la documentación oficial, según pudo reconstruir este medio con diferentes fuentes periodísticas.

Con los nuevos propietarios ya instalados, en 2019 se presentó un estudio de impacto ambiental para el proyecto "Residencia y obras complementarias Establecimiento Baguales Río Villegas S.A.U.", que nunca se hizo público. Fue recién a principios del año pasado cuando el DPA dio el paso decisivo: autorizó el emplazamiento de tres centrales hidroeléctricas —conocidas como CHiBa I, II y III— entre las cotas 1.100 y 1.550 metros sobre el nivel del mar, otra vez sin publicar las coordenadas exactas en el edicto oficial. Una firma especializada de La Plata quedó a cargo de las obras.

Por encima de esa cota, a casi 1.700 metros, las imágenes satelitales muestran algo que el edicto provincial no menciona: un embalse artificial construido sobre un mallín de altura, con un muro de unos 15 metros, que retiene agua sobre una superficie estimada en 80 hectáreas. Es, en los hechos, una obra de magnitud sobre un humedal de alta montaña, autorizada para el uso privado de una propiedad que hoy responde a una familia real extranjera, con un permiso de explotación del recurso hídrico que se extiende por 30 años. La legisladora Magdalena Odarda pidió información oficial sobre esa resolución, en un contexto donde los reclamos institucionales por el manejo del agua en esas parcelas vienen de arrastre desde al menos 2010, siempre con el mismo resultado: silencio de los organismos provinciales.

El edicto que habilitó las hidroeléctricas se publicó el 23 de enero de 2025 en el Boletín Oficial, pero no llevó la firma de Pedro Ramón Sánchez, titular del DPA hasta ese momento: días después se conoció su renuncia; el 28 de febrero asumió en su lugar Gastón Renda. El movimiento de piezas en el organismo que administra el agua pública de la provincia coincidió, así, con el momento exacto en que se destrababa el proyecto qatarí.

En paralelo a las obras hidroeléctricas, en la parte más alta de la mesada, a 1.760 metros sobre el nivel del mar, se completó la construcción de una residencia particular que exigió un movimiento de suelo considerable y una flota de camiones para trasladar materiales. Su ubicación no es casual: desde ahí hay vista directa a los cerros con nieves permanentes y a los valles boscosos de la cordillera, un emplazamiento que está pensado para alojar a un jefe de Estado extranjero.

Todo ese despliegue —una empresa belga que vende a una sociedad instrumental ligada a la Casa Real de Qatar, un gobierno provincial que habilita en menos de una década el uso de agua pública para consumo turístico, tres centrales hidroeléctricas y un embalse sobre un humedal de altura, y una renuncia en el organismo de control justo cuando se destraba el último permiso— ocurrió sin que en ningún registro de dominio figure la palabra "Qatar". Legalmente, el titular de esas 10.000 hectáreas de bosque nativo y agua de deshielo es una sociedad anónima con sede en la Argentina y un extenista como cara visible.

Ahí está el problema de fondo que ninguna ley de tierras logra resolver del todo: cuando Patricia Bullrich sostiene que "los Estados extranjeros no pueden comprar tierras", describe una prohibición que ya está escrita en la Ley 26.737 desde 2011 y que, sin embargo, en la cordillera rionegrina lleva más de una década siendo esquivada por la vía más simple, la de una sociedad anónima constituida a ese único fin. Baguales no necesitó que Qatar apareciera como comprador: le alcanzó con un socio de prestigio, un directorio societario y organismos provinciales dispuestos a mirar para otro lado en cada trámite de agua. El Senado puede votar el tope que quiera este jueves —15%, 25% o el que sea— porque el número, en los hechos, ya es secundario frente a un esquema que no necesita ser dueño en el papel para serlo en la montaña.

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