Por: Bache3000

Bariloche amaneció este 13 de agosto con una noticia que golpeó fuerte: el hallazgo de una mujer sin vida en el interior del edificio Ex Arbos, la mole abandonada de Diagonal Capraro al 1200, esquina Sarmiento, que hace más de dos décadas dejó de ser el sanatorio que supo ser y se convirtió en uno de los símbolos más visibles del abandono urbano en pleno centro. Personal de la Policía de Río Negro y del Ministerio Público Fiscal trabajó en el lugar durante la mañana, y aunque todavía n

Ese mismo día, los concejales Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten llevaron el tema al recinto. Cada uno desde un ángulo distinto, pero apuntando al mismo problema: qué hacer con un edificio que lleva décadas deteriorándose a la vista de todos.

Costa Brutten, de Incluyendo Bariloche, presentó el proyecto de ordenanza 689-26, que declara de necesidad pública la intervención integral del inmueble. La iniciativa no es menor: instruye al Departamento Ejecutivo a hacer una inspección técnica integral del edificio en un plazo de quince días corridos, con un informe que tendrá que evaluar desde el estado estructural y el riesgo de desprendimientos hasta las instalaciones eléctricas y de gas que puedan representar peligro. Con ese informe en mano, el municipio deberá definir si el Ex Arbos puede recuperarse y ponerse en condiciones de seguridad, o si hay que avanzar directamente hacia la demolición, total o parcial.

El texto del proyecto no se guarda nada a la hora de describir el contexto: habla de ocupaciones irregulares, ingreso de personas no autorizadas, reclamos vecinales sostenidos en el tiempo y referencias públicas al uso del edificio como refugio, con situaciones asociadas a inseguridad y consumo problemático. Y es categórico en un punto: el hallazgo de una persona sin vida en el interior de un inmueble abandonado de estas dimensiones evidencia, como mínimo, una situación de vulnerabilidad y exposición que exige respuesta inmediata, más allá de que sea la Justicia la que determine qué pasó realmente.

La ordenanza también prevé medidas preventivas mientras se tramita todo el proceso: vallado, cerramiento perimetral, tapiado de accesos, señalización e iluminación, que deberán sostenerse hasta que haya una resolución definitiva sobre el futuro del edificio. Y una vez identificados los titulares registrales, el municipio tendrá que intimarlos para que ejecuten las obras necesarias, con un plazo máximo de treinta días. Si no hay respuesta, el camino sigue por la vía judicial, incluyendo la posibilidad de recurrir a la figura de daño temido que prevé el Código Procesal Civil y Comercial rionegrino.

En paralelo, Wallace presentó un pedido de informe con eje puesto en otra dimensión del problema: quién es el titular del inmueble, qué está haciendo el municipio al respecto, y sobre todo, si el Ejecutivo tiene conocimiento de las personas que efectivamente viven ahí adentro. La concejala pidió precisiones sobre las necesidades socioeconómicas de esas personas y qué políticas de asistencia está impulsando el municipio para atenderlas, poniendo el foco en que detrás del debate edilicio hay, también, una cuestión habitacional que la ciudad no puede seguir mirando para el costado.

Vale recordar de dónde viene este edificio. Lo que hoy es una estructura fantasma de ocho plantas fue en su momento un proyecto ambicioso: el Policlínico Arbos, pensado como centro de salud de referencia para la clase trabajadora de la región, ligado a las obras sociales sindicales de Bariloche. Se reinauguró en 1993 con la presencia de Carlos Menem, en un contexto de fuerte respaldo político a los sectores gremiales alineados con el gobierno nacional. El sanatorio, ahogado por las deudas, cerró definitivamente en noviembre de 2001, en medio del estallido de la crisis argentina.

Desde entonces, el Ex Arbos quedó librado a su suerte. Durante la pandemia ya había sido noticia por un episodio límite: una familia que, sin poder acceder a una vivienda digna, terminó instalándose precariamente en una de las unidades del edificio. Con los años, el predio se transformó en un punto caliente de conflictividad urbana, con incendios accidentales, ocupaciones informales y denuncias vecinales que se acumularon sin que hubiera una decisión de fondo sobre qué hacer con la estructura.

Se sabe que el edificio está comprado desde hace poco por un privado local. Y que parte del plan de, de mínima, llevar adelante un proyecto inmobiliario que cambie el rostro de esa esquina. 

Ahora, con una muerte de por medio, el Concejo Municipal tiene sobre la mesa dos proyectos que apuntan a lo mismo desde costados distintos: la seguridad estructural del edificio y la situación de las personas que, de una forma u otra, terminan habitando sus ruinas. Falta ver si esta vez la respuesta institucional llega antes de que la ciudad tenga que lamentar un nuevo hecho.